La juez del caso Mediador ha dictado un decreto por el que «pone a disposición» de la Fiscalía Europea la competencia sobre la parte de la causa relativa a los contratos de la entidad pública Fiiapp concedidos en el proyecto GAR-SI Sahel mientras estaba al frente el general de División de la Guardia Civil Francisco Espinosa, que sigue en prisión provisional.

Será de hecho este organismo el que se haga responsable de su situación, a partir de ahora y según fuentes fiscales consultadas, con un juez de garantías de la Audiencia Nacional.

«La Fiscalía ha reclamado la investigación de esta parte del caso al estar el proyecto aludido financiado por la Comisión Europea y gestionado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), de la que era máximo responsable el general», explican en fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

  En concreto, la instructora ha tomado esta decisión después de consultar a la Fiscalía Europea sobre su competencia en esta parte de la investigación, habida cuenta de que aquel proyecto, por el que recibió al menos cuatro contratos uno de los empresarios imputados en la trama, se financia con fondos comunitarios.

Se trata de José Santiago Suárez Esteve, conocido en la trama mediador como «el drones», producto a cuya fabricación se dedicaba y para el que recibió los mencionados cuatro contratos.

Los primeros testigos que declaran en la causa apuntan por estafa al mediador
Así, la Fiscalía Europea pasa a ser no sólo el órgano que investigue al guardia civil, sino también la autoridad competente para resolver sobre su situación personal, esto es, para mantenerlo o no en la actual situación de prisión preventiva.

Espinosa lleva en la cárcel desde su detención el pasado 14 de febrero y dos veces ha solicitado su defensa la puesta en libertad, pero en las dos ocasiones le ha sido negada argumentando que se trataba de una situación «instrumental» para garantizar que el detenido no entorpeciese determinadas diligencias.

En concreto, se trataba de tomar declaración a una serie de testigos que, como ya explicó este diario, comparecieron la semana pasada ante la juez y coincidieron en lo sustancial con la versión que el general había dado tras ser detenido, es decir, que todo fue un engaño del mediador, Antonio Navarro Tacoronte.

Las actuaciones remitidas a la Oficina Comunitaria del Ministerio Público también se refieren a la participación del empresario José S.E. en supuestas actividades delictivas relacionadas con estos contratos de fondos comunitarios. El Juzgado, advierte el auto, continúa con el conocimiento del resto de la causa.

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