La Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales han anunciado este lunes su intención de convocar una huelga indefinida de las carreras judicial y fiscal a partir del día 16 de mayo ante la falta de respuesta a sus demandas para nivelar las retribuciones, congeladas desde hace más de una década.

 Las asociaciones progresistas Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales han reclamado esperar al resultado de la próxima convocatoria de la Mesa de Retribuciones, que se celebrará la próxima semana. Comparten, no obstante, el diagnóstico de la situación y las mejoras necesarias para superar el estancamiento actual de nuestro sistema judicial, según indica un comunicado. Se adherirán en función de la respuesta que ofrezca el Ministerio de Hacienda.

"Todas las asociaciones judiciales y fiscales manifestamos nuestro firme propósito de trabajar para alcanzar un acuerdo que evite tener que poner en marcha las medidas de presión anunciadas, desde la misma buena fe que nos ha animado hasta ahora.

No permitiremos, sin embargo, que esa actitud responsable sirva una vez más de coartada para la inacción negligente de los Ministerios de Justicia y Hacienda, a los que, dentro del Gobierno, les corresponde velar porque nuestro país disponga de un sistema judicial eficaz que no es posible alcanzar si la labor de juezas/ces y fiscales no se desarrolla en condiciones – también retributivas – adecuadas", indica la nota.

 Como ya adelantó este diario, los jueces y fiscales se han cansado de la falta de propuestas concretas en las reuniones preparatorias que han ido celebrando con Justicia y temen que, como ya ocurrió el pasado marzo, se desconvoque la cita prevista para negociar mejoras salariales.

 "La actitud prudente, callada y responsable que hemos mantenido hasta ahora, desde hace más de un año, no ha dado fruto alguno, sin que ni siquiera se nos haya permitido hablar directamente con el Ministerio de Hacienda, que legalmente forma parte de la Mesa", dicen e indican que todo se produce en un contexto de sistemático y persistente abandono de la Administración de Justicia, que degrada la calidad de la respuesta institucional que, desde el sistema judicial, obtienen los ciudadanos que acuden a los Tribunales en busca de la tutela efectiva de sus derechos.

 Las escasas perspectivas de éxito en sus demandas han impulsado la iniciativa

 Las escasas perspectivas de éxito en sus demandas han impulsado la iniciativa. El recorte se remonta desde que en 2010 el ministerio de entonces aprobara una bajada de sueldos que afectó a todos los empleados públicos, pero que fiscales y magistrados nunca han recuperado.

 La rebaja retributiva se implementó de forma progresiva, de tal manera que afecta más a aquellos trabajadores con mayor nivel. No obstante, el resto de colectivos ha visto cómo aquellos recortes se iban nivelando y en el caso de la magistratura nunca se recuperaron.

Los jueces y magistrados no pueden sindicarse, como sí ocurre con otros trabajadores del sector Justicia que también han iniciado paros en la última etapa. Tras los letrados de la Administración de Justicia, este mismo lunes comenzaron los funcionarios. La capacidad de presión de la judicatura es menor cuando de reivindicación salarial se trata.

El contagio de otros colectivos
Los primeros en parar fueron los letrados de la Administración de Justicia (LAJ). Arrancaron a finales de enero una huelga indefinida que se alargó por dos meses y terminó después de que el Ministerio de Justicia aumentara su salario hasta 450 euros brutos al mes.

Durante ocho semanas, la ausencia de los letrados paralizó en gran parte la actividad de los juzgados, quedando aplazados más de 350.000 juicios y vistas, atascando la tramitación de casi medio millón de demandas y provocando la paralización de 1.280 millones de euros en las cuentas de consignaciones.

 El pasado lunes fue el turno de los funcionarios, que arrancaron la segunda huelga indefinida a la que se enfrenta la Justicia en lo que va de año. De momento, han arrancado con paros parciales desde las 10:00 a las 13:00, todos los días.

Reclaman un aumento de sueldo como el de los LAJ y la paralización de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa porque, a su juicio, impone nuevas condiciones laborales sin previa negociación, así como una "redefinición" de las funciones de los empleados públicos de la Administración de Justicia.

Sin funcionarios, no podrán celebrarse vistas. Según el sindicato CSIF, solo la jornada inaugural ha provocado la suspensión de 700.000 actuaciones judiciales en todo el país, incluidos "decenas de miles de juicios".

 Las fuentes jurídicas consultadas reconocen que el éxito de los LAJ ha empujado los aires de huelga. "Cuando llevas meses negociando con paciencia y ves en otros colectivos un éxito con posturas más duras, es complicado no contagiarse", asegura uno de los jueces consultados.

La Asociación Profesional de la Magistratura está, desde luego, en esta línea. Hace algo más de una semana anunció que, como resultado de un proceso de consulta interno entre sus asociados, un 70,31% de los votos apoyó la convocatoria. La segunda asociación, la Francisco de Vitoria, está en la misma línea.

En su última asamblea, sus miembros también apoyaron mayoritariamente la huelga, aunque las fuentes consultadas destacan que no pierden la esperanza de lograr avances en la fecha prevista para la mesa de retribuciones.

La sensación de la carrera es que los avances que se han ido logrando siempre se han conseguido a través de la judicialización de determinadas cuestiones. Como ejemplo, recientemente la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid reconoció a un magistrado el derecho a percibir por el concepto "retribución variable por objetivos", correspondiente al cuarto trimestre de 2019, los 1.085,85 euros que reclamaba por haber superado en un 20% la productividad establecida, que corresponde a un incremento del 5% de sus emolumentos.

La carga de trabajo también ha sido objeto de numerosos recursos.

Las reivindicaciones
Los jueces persiguen mejoras salariales que los saquen de la parálisis de la última década. A pesar de que por ley, Justicia y Hacienda están obligados a convocar la mesa cada cinco años para facilitar la adecuación periódica de las retribuciones de los miembros de las carreras judicial y fiscal, esta previsión ha quedado hasta el momento en papel mojado.

 La congelación de los incrementos de sueldo se ha traducido en una pérdida de poder adquisitivo que se ha agravado con los actuales niveles de inflación. El cálculo de los trienios está "obsoleto", dicen, y se calcula sobre su primera base salarial, al margen de la categoría alcanzada por su trayectoria. El pago de las guardias es otro de los puntos de fricción, con precios "irrisorios" que en ocasiones no llegan al euro la hora.

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