Un estudio realizado por la Universidad San Pablo CEU concluye que el "éxodo" de miles de personas del País Vasco por culpa de la banda terrorista ETA ha supuesto la modificación del censo electoral, debilitando la alternativa constitucionalista y favoreciendo a los nacionalistas. Por ello, los "expulsados" verían "positivo" poder votar en Euskadi aunque no creen que nadie atienda esta petición y menos los partidos nacionalistas.

El citado informe, se titula "El éxodo vasco como consecuencia de la persecución ideológica" y está firmado por: José Luis Orella Martínez, Profesor titular de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo; Carlos de Urquijo Valdivielso, Director de Proyectos de la Fundación Villacisneros y Alejandro Macarrón Larumbe, Coordinador del Observatorio Demográfico del CEU.

Estas conclusiones provienen de las entrevistas realizadas a los "desterrados" del País Vasco como consecuencia del terrorismo de ETA que se realizaron el pasado mes de marzo. La citada entrevista se envió a personas de distintos colectivos que se vieron especialmente afectados por el terrorismo. Se trata de familiares de asesinados, profesores universitarios, periodistas, jueces, empresarios, estudiantes, etc.

DESCARTAN REGRESAR Y MANTIENEN ANONIMATO
Según el texto del CEU "resulta significativo" que trece años después del último asesinato de ETA y cinco de su disolución, varios de los encuestados prefieran todavía mantener el anonimato. También ponen de manifiesto que descartan regresar pese a haber desaparecido la violencia debido a las consecuencias colaterales derivadas de su salida del País Vasco.

El informe señala que las cifras sobre el número de personas que se vieron obligadas a abandonar el País Vasco por el terrorismo no son exactas y apuntan las ofrecidas por el Instituto Vasco de Criminología en 2011, que estimó entre 60.000 y 200.000 personas las protagonistas del "éxodo vasco".

Según los autores del informe, este éxodo trajo como consecuencia una "modificación forzosa del censo electoral" por lo que en las entrevistas han preguntado por las consecuencias de este hecho. A este respecto los entrevistados "coinciden" en que "sin duda alguna ha contribuido a que la alternativa constitucionalista se haya debilitado mientras que las opciones nacionalistas se han visto claramente favorecidas".

Como ejemplo, recogen la respuesta de Fernando Múgica, hijo de Fernando Múgica Herzog, asesinado por ETA en 1996, quien afirma que "el censo electoral del País Vasco está alterado desde hace décadas en perjuicio de los partidos constitucionalistas por la diáspora vasca".

DECEPCIÓN CON GOBIERNO VASCO POR NO OCUPARSE DE LOS EXPULSADOS
Otra de las conclusiones que extrae el informe de las entrevistas es que es "unánime" la "decepción" que muestran los entrevistados con el Gobierno vasco a quien reprochan no haberse preocupado nunca de los que tuvieron que huir de Euskadi.

Atribuyen esta "frialdad" con las víctimas a que no son nacionalistas y creen que contrasta con el esfuerzo empleado por atender a las colectividades vascas en el exterior, con subvenciones y visitas, formadas por los descendientes de quienes tuvieron que abandonar España en los siglos XIX o XX por razones económicas o políticas.

Estos últimos, alega el informe, pueden ejercer el derecho al voto, y tienen "un calor y una prioridad institucional que no se ha dispensado a los que tuvieron que marcharse del País Vasco como consecuencia del terror hace tan solo veinte, treinta o cuarenta años".

Esta actitud, precisa el informe, hace descartar a la mayoría la posibilidad de regresar. Incluso señala que ninguno de los encuestados ha llegado a conocer que en el año 2011 el Gobierno Vasco, dirigido entonces por el PSE, elaboró un proyecto denominado 'Retorno' para diseñar un programa público que facilitara el regreso a los familiares de los asesinados por ETA, extorsionados, amenazados o coaccionados.

EL PNV METIÓ "EN UN CAJÓN" EL PROYECTO 'RETORNO' DE PATXI LÓPEZ
Pero lamentan que el proyecto no se desarrollara y quedara "en un cajón" cuando el PNV ganó las autonómicas de 2012. Además, los entrevistados creen que el ambiente creado por el Gobierno vasco y los partidos nacionalistas no han contribuido a mitigar la indiferencia y hostilidad hacia ellos.

Pese a manifestar su "nulo deseo de regresar", los "desterrados"
considerarían "positivo poder participar políticamente con su voto". Sin embargo, creen que nadie tendrá la más mínima preocupación por atender a esta demanda y "menos aún los partidos nacionalistas que se beneficiaron de la salida del País Vasco de tantas familias que fueron perseguidas por no ser nacionalistas".

En cuanto a la actitud de los sucesivos gobiernos en España, los entrevistados afirman que, al margen de las ayudas materiales y las indemnizaciones previstas en la ley, éstos "no han abordado ninguna política concreta" para "restituir los derechos políticos que perdieron al abandonar la vecindad administrativa en el País Vasco".

En el informe se señala que en la primera legislatura del gobierno de Mariano Rajoy, el Ministerio del Interior encargó un informe para proponer medidas que favorecieran el regreso de los desterrados al País Vasco o al menos su participación política, es decir, el derecho al voto en esta Comunidad. Si embargo, lamentan que dicho informe no fuera acompañado posteriormente de ninguna modificación legal.

EMPOBRECIMIENTO INTELECTUAL POR LA ENDOGAMIA EDUCATIVA
El informe del CEU también concluye que el éxodo y la desaparición física de empresarios asesinados o secuestrados, así como el daño generado a los extorsionados así como la hostilidad sindical a la actividad empresarial ocasionaron un retroceso en el crecimiento económico que se traduce en que el PIB vasco representaba en 1975 el 7,80% del nacional, mientras que en 2021 era tan solo del 5,94%.

También detectan "empobrecimiento intelectual" por la "endogamia educativa que impide el acceso a la función pública del talento externo al País Vasco como consecuencia de la exigencia del conocimiento del euskera. Esto provoca, aseguran, que las familias que pueden busquen la educación de sus hijos fuera de Euskadi y que muchos no retornen.

"PRIVILEGIO FISCAL VASCO"
En el informe también se hace un análisis de algunos indicadores de lo que llaman el "privilegio fiscal vasco". Así, destacan que el gasto por habitante para Sanidad y Educación en el País Vasco es mayor que en Madrid. En concreto, en Sanidad supone 1,6 veces el del Ejecutivo autonómico madrileño.

En cuanto a Educación, exponen que el gasto por habitante en Euskadi fue casi 1,8 veces el de Madrid. Y si se tiene en cuenta que el peso de la población infantil y juvenil es menor en el País Vasco, el desequilibrio aumentaría hasta 2 a 1. Pero sin obtener mejores calificaciones en pruebas como comprensión lectora.

El informe también analiza el coste de las diputaciones para este año. Así, la Diputación Foral de Álava (330.000 habitantes) tiene un presupuesto de unos 530 millones; el de Guipúzcoa (715.000 habitantes)de 1.100 millones y el de la DF de Vizcaya (1.130.000 habitantes), unos 2.000 millones.

En contraste, por ejemplo, el presupuesto de la Diputación de Burgos (350.000 habitantes) es de 146 millones para 2023; la de Alicante (1.920.000 habitantes), de 284 millones y la de Lérida (439.000 habitantes) en 150 millones de euros.

Señala, así mismo, el déficit de pensiones vasco entre lo que se recauda y lo que se paga, que cifran en más de 4.300 millones en 2022, un 5% del PIB vasco. Algo, señalan, que no tendría nada de particular si no fuera porque ese déficit lo financia la administración central del Estado y Euskadi a penas contribuye.

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