Pues sí, hace más de un año, tres niños de nombres Nicolás, Olivia e Irene tuvieron que salir de su casa, donde han nacido, abandonar sus juguetes, su entorno, todo lo que habían conocido hasta ese momento y, lo más importante, cortar de raíz la relación con su padre, el leonés Pablo Martínez Muñoz.

En solo unas horas su vida cambió radicalmente, como si de un accidente se tratase, como consecuencia de la descabellada sentencia que el Juez Decano, y Juez de Violencia de Valladolid, Emilio Vega Gonzalez, dictó.

Esta terrible y cruel decisión fue adoptada por el Juez solo y exclusivamente basándose en “su criterio” y con una simple orientación, su defensa a ultranza de la madre, Ainhoa Martinez Tirapu, a quien el magistrado dice “no conocer”, pese ser extrabajadora suya, a la vez que quebrantó normas y se han llevado a cabo actos en su Juzgado “espeluznantes”, que todos los españoles queremos pensar que en nuestra Justicia no podrían suceder.

Es cierto que son muchos los hombres que son víctimas de la discriminación positiva que sufren en los procedimientos judiciales de familia, pero en ocasiones, como es el caso de Pablo Martinez, todas las líneas rojas y los límites se ven más que sobrepasados.  Y es que en este caso la única defensa que utiliza el magistrado es victimizarse, decir que es “sujeto de ataques furibundos del padre” y llamar al padre “conspiranoide” para generar una corriente de opinión de descrédito para encubrir la realidad.

Para poder llegar a esta Sentencia, el citado Juez se ocupó de rechazar la incorporación al procedimiento todas y cada una de las pruebas propuestas, incluso aportadas por otros Juzgados, como es el historial psiquiátrico de la madre, un historial que hace poner en riesgo a los memores.

Así rechazó de forma tal que no constara en los autos, todas y cada una de las periciales elaboradas por profesionales de reconocida solvencia, que acreditaban hechos tan relevantes como el maltrato psicológico y hasta físico que la madre infiere a los niños, las faltas de asistencia al colegio. Igualmente, el Juez negó la capacidad procesal a la abuela paterna de defender a su nieto, prohibió la mediación entre las partes, e hizo alarde en Sala de conocer perfectamente las pruebas que iban a solicitar la madre.

Ante esta situación, los abogados de Pablo tuvieron que sortear mil y una “trampas”, ya que el Juez incluso impulsó sanciones contra ellos, y se negó a inhibirse a favor de un Juzgado especializado de familia, pese a no haber ninguna denuncia de violencia de género contra el padre.

La estrategia del Juez, si sí, su estrategia era que el padre perdiera los nervios, que perdiera el norte y cometiera un error o se dejara mal aconsejar por algunos juristas, cercanos al Juez, que le decían que abandonara a sus hijos, que estaba corriendo mucho riesgo, que ya crecerían.

Pero el leonés no se abatió, abogado en ejercicio, consciente de la disciplina que conllevan los procedimientos, aguantó a lado de sus hijos “contra viento y marea”.

A medida que los abogados interponían quejas, presentaban recursos por las innumerables tropelías y malos tratos que padecía en Sala y en sus resoluciones, su Señoría perdía más la paciencia, hasta que llegó el fatídico día, el día en que la situación no tiene vuelta atrás, el día en el que una madre le dice a su hija de 8 años “Olivia, vas a tener que decir que tu padre te toca por donde haces pipí”, la bien llamada “estrategia de la bala de plata” que a la mayoría de los hombres les coge tan de sorpresa que no saben ni cómo reaccionar.

 En el caso de Pablo Martinez la “suerte” se volteó a su favor, porque la niña, su hijita, delató la estrategia pergeñada por la madre. Gracias a la intervención rápida y eficaz de sus abogados, pusieron en conocimiento del Juzgado de Guardia la prueba documental que acreditaba la verbalización de tal atroz plan, pero los Juzgados de Valladolid, capitaneados por su Juez Decano, no estaban por la labor de averiguar la verdad.

A partir de ese momento se produjeron hechos que parecen sacados de una película de terror. Llegó el día del juicio y el Decano de Valladolid se negó a investigar nada, como también lo hiciera la Juez de Instrucción nº 6, y rechazó todo tipo de pruebas, escuchó al hijo mayor en Sala, pero la audición de video de la Vista se manipuló, y existe una pericial que lo acredita, y lo que declaró el menor nadie lo puede comprobar porque su declaración fue manipulada, todo estaba pensado y orquestado para el final que tenían previsto como represalia.

Solo que ahora, además, visto lo visto, era necesario que los menores no pudieran advertir o informar al padre de nada y, así, en 72 horas el citado Decano obligó a los menores a tener que relacionarse con su padre, y toda su familia paterna, a través de un punto de encuentro familiar, supervisados en todo momento, donde permanecen desde el mes de marzo de 2022.

Y con ello, el Decano determinó que la madre era la persona adecuada para el cuidado en exclusiva de los menores.

Desde entonces, los menores día a día están sometidos a un martirio que consiste en anular a su padre de su vida. Eso es lo que han decidido el Decano y Ainhoa.

Pero el tema va más allá, desde que se dictó la Sentencia de la vergüenza, los abogados de Pablo han intentado sacar a estos niños de un centro de menores en el que nunca hubieran tenido que entrar. El Decano y Ainhoa tienen un objetivo común “acabar con Pablo”, el odio corre por las venas de ambos y cada uno de ellos hace lo que puede para lograr ese fin.

Lo que está ocurriendo resulta del todo inexplicable, es el “mundo al revés”. El Decano ha denunciado a Pablo Martínez ante la fiscalía provincial de Valladolid, por motivos desconocidos y que se niega a informar, aunque la circular de la Fiscalía que se publicó en enero de este año, prohíbe a la fiscalía investigar delitos perseguibles a instancias de parte.

 Casualmente el citado magistrado presentó esa supuesta denuncia a lo pocas horas de conocer que se había presentado ante la Guardia Civil una denuncia por un delito cometido en la Sala de Vistas del decano, nada más y nada menos que la manipulación la grabación de video de la vista antes citada, haciendo irreproducible una prueba clave que es irrepetible.

Pero, es más, siendo conocedor que su medida está causando un daño irreparable a los menores, en ese momento, el Juez solicita la abstención a la Sección Primera de la Audiencia Provincial, que bajo una mera supuesta denuncia, aprecian causa de abstención así como se niegan a entregar copia de esa supuesta denuncia a Pablo.

Así el Juez Decano, desaparece de la “escena del crimen” y deja que la medida que adoptó siga inexorablemente causando el perjuicio a los menores orquestado de forma premeditada y dejando el tiempo y el espacio a Ainhoa para que perfeccione su plan que sean los hijos de Pablo quienes le acusen y le rechacen.

Sin embargo, y siempre al parecer, estaría el citado Juez Vega promoviendo un verdadero acoso institucional contra Pablo Martinez, valiéndose de su cargo y desde la atalaya de la abstención desde la que se cree inatacable, moviendo las fichas del tablero a su antojo, intentando convencer a propios y ajenos, entre la Judicatura de Pucela, que colaboren en su causa general contra Pablo, a la vez que remite escritos al Consejo General del Poder judicial refiriéndose al padre como un “conspiranoide”.

Y ante esta situación la Sección primera de la Audiencia Provincial se niega a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la fatal sentencia, teniendo paralizados los escritos de los abogados del padre más de un año, lo que a juicio de los abogados de Valladolid “es algo muy raro”, mientras que la madre, Ainhoa Martinez, por su lado, está aplicando el manual del adiestramiento contra el padre, suplantando su condición de padre por su pareja, impidiendo que los niños puedan hablar con su padre con el fin de provocar “su muerte civil”.

Durante este año, el equipo jurídico de Pablo ha intentado por todos los medios sacar a los niños del punto de encuentro lo que ha día de hoy, todavía, está resultando imposible dada la acción coordinada de los diferentes Juzgados y Sección primera de la Audiencia Provincial de Valladolid.

Durante este año se han sucedido circunstancias impensables que traspasan cualquier línea roja. Se han celebrado Vistas en presencia de jueces amigas personales de Ainhoa, como es el caso de la Juez Francisca Juárez,  mientras la madre se dedica a enviar besitos a su abogada, Dulce Sanz Rojo, otra persona muy próxima al clan del juez Emilio Vega González, que se pasa la Vista haciéndose fotos y haciendo muecas a Pablo Martinez, como ha confirmado una pericial audiovisual, lo que obligó a tener que recusar al Juez Vicente  Diez, titular del Juzgado de Instancia nº10, quien intentó quitarse de en medio de este asunto, cogiéndose vacaciones tres horas antes de celebrar la Vista para levantar las medida del Punto de Encuentro y que, inusitadamente, cambió radicalmente de criterio, en favor de Ainhoa en una Vista en la que permitió todo tipo de actos bochornosos.

Ainhoa Martínez ha solicitado en 9 ocasiones que se lleve a cabo una prueba psicosocial para que sean ellos, sus hijos, quienes acusen a su padre, una cruel venganza que es acorde con el historial psiquiátrico dilatado de la madre.

 Los psiquiatras de prestigio han solicitado a diversos Jueces y en reiteradas ocasiones que se valore su afección mental, dado que tiene un patrón prolongado de manipulación, explotación y violación de los derechos de otros, incluyendo a sus propios hijos, sin ningún remordimiento, lo que, podría ser la explicación, a la actitud que lleva a cabo de utilización continua de todo el mundo que tiene a su alrededor.

El Juzgado de Instrucción nº 6 de Valladolid cuyo titular, Maria Teresa Javato Martin, no quiere actuar ni hacer nada para proteger al padre y ha denegado una orden de protección para evitar que la madre siga manipulando y adoctrinando a los menores y evitar que utilicen a los menores para acusar de manera falsa al padre.

 La Audiencia Provincial, su Sección primera, encubre la situación, tanto el ponente, el Magistrado Sr. Francisco Salinero Román, como el presidente de la Audiencia, el Sr. Francisco Javier Carranza, son plenos conocedores de toda esta situación y no resuelven los recursos, aun teniendo informes que acreditan el riesgo y el deterioro de los menores.

La situación debe conocerse para poder corregirse, eso esta claro.

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