Joaquín Leguina no se muerde la lengua y critica a Pedro Sánchez y al PSOE por la deriva del partido. El histórico socialista, expulsado el pasado año por su apoyo expreso a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, parafrasea a Fernando Savater para cargar duramente contra los ‘sanchistas’ por infundir un supuesto miedo y una supuesta pérdida de derechos si Vox y el PP gobernaran en España para abolir las leyes progresistas.

 «Y qué leyes progresistas son esas?», se cuestiona Leguina. «Pues muy sencillo: la del solo sí es sí, la eliminación del delito de sedición, la que redujo la malversación o la que dotó a los animales de derechos que antes estaban reservados a los humanos», parafrasea Leguina a Fernando Savater.

«Si se llena el Parlamento de gente de esa calaña, los ultras exigirán que se pueda elegir la lengua vehicular en todos los niveles de la enseñanza. ¡Es que no te enteras! ¡Así perderemos nuestro sagrado derecho a prohibir el español en las aulas!», añade Savater, fundador del extinto UPyD.

 EL GOBIERNO DE PEDRO SÁNCHEZ SE HA CISCADO EN LA CONSTITUCIÓN
El ex dirigente del PSOE y quien fuera uno de los pesos del partido pone a Pedro Sánchez y a todo su Gobierno frente al espejo al haberse «ciscado en la Constitución, en las leyes y en las sentencias de los tribunales», con el apoyo de los gobiernos autonómicos sanchistas, como Valencia y Baleares, con Ximo Puig y Francina Armengol al frente, respectivamente.

Estos Gobiernos, incluido el de España, se ha olvidado de que el «español es la lengua común de todos los españoles», expone Leguina. Por este motivo, «muchos españoles» están animados «a votar en las urnas a favor de que se cumpla en este asunto lingüístico el artículo 3 de la Constitución y la norma del 25% de las clases en español».

«Así es, -prosigue- la imposición de la lengua autonómica –siempre minoritaria- se ha convertido en la esencia de la identidad como antes lo fue la raza», ha asegurado. Esta imposición, especialmente en Cataluña y País Vasco, lo define como el «nuevo racismo», al que hay que combatir «ideológica y políticamente hasta, a medio plazo, acabar con semejantes despropósitos, que sólo conducen a negar a muchos españoles los derechos que le otorga la Constitución».

LEGUINA DENUNCIA LA COMPLICIDAD DEL PSOE CON EL NACIONALISMO
No obstante, la inmersión lingüística en Cataluña fue aprobada en 1983 y dos décadas después, con el PSC de José Montilla en el poder, fue refrendada por todo el socialismo. Esta anomalía educativa, única en el mundo en zonas con dos lenguas cooficiales, se ha introducido en Valencia y Baleares de la mano del PSOE, que ofrece jugosas subvenciones a las entidades pancatalanistas.

 Leguina hunde el relato del PSOE en cuanto a la derogación de derechos en caso de gobernar la derecha. Los nuevos gobiernos del PP «parece que sí están dispuestos a traer otra vez la Constitución a la enseñanza», alega el expresidente de la Comunidad de Madrid.

En este sentido, ha recordado el caso de un padre que llevó al Gobierno de Armengol ante la Justicia por vulnerar el derecho de aprender otras asignaturas, además de la de Lengua, en español. «Cansado reclamar para su hija ese mínimo del 25% sin que esa demanda se resolviera, el demandante acabó enviando a su hija a Estados Unidos», apostilla.

 En su crítica feroz, también ha recordado el conflicto creado por el nacionalismo -con el consentimiento y el apoyo del sanchismo- sobre el uso del catalán en los servicios sanitarios exigiendo que médicos y enfermeros se dirijan a sus enfermos en catalán, con lo cual se pretende expulsar de las oposiciones a estos puestos de trabajo a quienes no sean catalanoparlantes.

«Y ya veremos cuando semejantes distorsiones se pretendan imponer en el País Vasco, con una lengua tan latina como es el euskera», apunta. «Ya lo he escrito: el idioma español es el que corresponde al conjunto de los españoles, que tienen el deber de conocerlo y del derecho a usarlo», recuerda.

Cabe recordar que el señalamiento a la enfermera del Vall d’Hebrón (Barcelona) está siendo objeto de investigación judicial por delito de odio. La trabajadora no fue renovada tras su vídeo, en el que alertaba de la exigencia del catalán. El nacionalismo, incluyendo a un consejero autonómico, salió en tromba contra la empleada, así como los sindicatos, que lejos de arroparla, defendieron el catalán.

 Tan sólo el Sindicato Médico puso los puntos sobre las íes. «Es un linchamiento» y censuró la acción del catalanismo. El PSC y Salvador Illa al frente mantuvo un estruendoso silencio en el caso de la familia de Canet, una posición donde los socialistas catalanes se sienten muy cómodos en estas batallas.

Así las cosas, según Leguina, volver a la Constitución, de la que nunca se debió salir, es el «sentido común» y la «concordia». Toda una declaración contra la que el PSOE y el actual Gobierno no tienen relato alguno tras un inicio de la legislatura con dos estados de alarma inconstitucionales, sanciones ilegales y arrinconando al español allí donde se ha podido, como Valencia y Baleares.

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