Políticos de la Diputación Permanente del Congreso y eurodiputados,

Les contacto para apelar a su responsabilidad ante la gravedad de la situación en España.

Varias asociaciones hemos denunciado ante la Junta Electoral Central, el fraude electoral en las elecciones del 28M, basadas en un informe pericial. Todos o parte de los 150 magistrados de las audiencias provinciales y de los 100 catedráticos o profesores de Derecho, Ciencias Políticas o Sociología, que conforman las Juntas Electorales Provinciales han cobrado miles de euros por no hacer su trabajo en el escrutinio general y permitir el fraude electoral.

Los partidos políticos también son cómplices de esta trama de corrupción electoral de ámbito nacional que empezó en el año 2000, con la utilización de un sistema informático. Incluso hay políticos que han permitido que los adversarios ganaran fraudulentamente. 8 magistrados del Tribunal Supremo y 5 catedráticos o profesores de las facultades citadas que conforman la Junta Electoral Central (JEC), también han sido cómplices, habiendo resoluciones de la propia JEC que acredita el fraude electoral desde el año 2000.

Como en el 28M, las Elecciones Generales del 23J, tampoco cumplen las normas europeas sobre el voto por correo, éste no ha sido excepcional como está normado sino masivo por la elección ilegal de la fecha; además, Correos y el Gobierno (Embajadas) no cumplen el requisito de voto seguro, por falta de custodia independiente.

La diferencia entre los resultados del 28M, donde hubo fraude, y el 23J evidencia que ha habido un fraude electoral masivo el 23J.

11 asociaciones hemos denunciado las irregularidades, algunas basadas en otro informe pericial y en las normas europeas sobre el voto por correo.

Sabrán que también se denunció el fraude electoral en las Elecciones Generales de 2019 y que la gestión de los gobiernos de Sánchez (2018-2022) fueron denunciadas y están en tramitación en la Comisión Europea. También fueron denunciadas ante el Tribunal Supremo, pero el Gobierno impidió que llegara a éste hecho denunciado en la Comisión Europea.

Es de dominio público que Sánchez y sus ministros no cumplen habitualmente las leyes, habiéndose instaurado un régimen totalitario autocrático que se perpetuará si no lo evitamos, pero la eliminación del sufragio universal y de la soberanía nacional, es una actuación extrema que no podemos permitir.

Es obvio que un Gobierno de Sánchez es lo mejor para el negocio político, porque aumenta el gasto público saltándose las restricciones legales, como hemos denunciado, y, con ello, el negocio de la corrupción que hace ricos a la mayoría de los políticos y a sus socios, amigos, familiares, amantes, etc.

En este contexto de decadencia y de aceleración del colapso económico, les pido por responsabilidad, compromiso con la legalidad y con la democracia, que se abstengan de apoyar al dictador Sánchez para que se puedan repetir las elecciones.

Si se vuelven a convocar las elecciones, en nombre de las 11 asociaciones que hemos denunciado los fraudes electorales de 2023, nos comprometemos a evitar que se vuelva a cometer un fraude electoral, aunque no hemos sido capaces de evitarlo en las dos elecciones anteriores, pero hemos aprendido lo suficiente para poder garantizar que no se repita el fraude electoral.

Atentamente,

Javier Marzal

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