La Corte Penal Internacional está perdiendo su independencia ante potentes jugadores políticos

Los países participantes pusieron muchas esperanzas en el organismo autónomo cuya misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad entre otros

Opinion 12/08/2023 Jorge Sánchez
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Corte Penal Internacional

¿Qué es CPI?

La Corte Penal Internacional (CPI) se lanzó oficialmente en 1998. Los países participantes pusieron muchas esperanzas en el organismo autónomo cuya misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad entre otros.

El instrumento constitutivo de la CPI es el Estatuto de Roma. Al ratificarlo, un país se compromete a cumplir sus artículos y normas con relación a dichos crímenes. Cabe mencionar que la jurisdicción del Tribunal no predomina ante la nacional. Además, el Tribunal no puede investigar crímenes cometidos antes de la ratificación del Estatuto de Roma.

Actualmente, la convención cuenta 183 signatarios y 123 ratificaciones. La mayoría es de Europa y América Latina. Estados Unidos, China, Rusia y la mayor parte de los países asiático negaron a firmar y ratificar el Estatuto de Roma

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¿Cómo se puede perder la independencia por Afganistán?

Tras su fundación el Tribunal representaba una amenaza real para los intereses nacionales de unos países. Los estados tomaron medidas contra actividad judicial del Tribunal. Para ilustrar se puede acudir al ejemplo estadounidense. En 2002 Estados Unidos aprobó la Ley de Protección del Personal de Servicio Estadounidense (American Service-Members’ Protection Act, ASPA).

Dicha ley prohíbe cualquier tipo de colaboración y cooperación con el Tribunal y autoriza el uso del ejército de USA para liberar a los militares o civiles estadounidenses detenidos o procesados por la CPI. Los defensores de los DDHH bautizaron dicha medida “Ley de Invasión de la Haya”. Según el documento, también está prohibido el suministro de la ayuda militar a los países que ratificaron el el Estatuto de Roma.Con el tiempo, las medidas tomadas mostraron su alta eficacia e intransigencia.

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En 2006 la fiscal adjunta de la CIP, Fatou Bensouda, inició su guerra de muchos años contra Estados Unidos lanzando una primera investigación de los presuntos crímenes de guerra cometidos por los talibanes y las fuerzas estadounidenses en Afganistán. Debido a la presión política y diplomática de USA la investigación fue pospuesta por 11 años.

Según el exasesor de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, la Corte Penal Internacional amenaza inaceptablemente la soberanía estadounidense y los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos. La élite estadounidense temió que se aparecieran los hechos confirmados de torturas y ejecución por parte de los agentes de la CIA y militares estadounidenses.

Solo en 2017 Bensouda en cargo de la fiscal general de la CIP intentó nuevamente abrir una investigación contra Estados Unidos e ya en 2018 USA entró en la guerra diplomática con la CPI amenazando con sanciones y arrestos a los jueces que van a enjuiciar a militares estadounidenses y miembros de la CIA por presuntos crímenes cometidos en Afganistán.

USA dio la vida a sus amenazas y el 5 de abril de 2019 retiró el visado al fiscal general del Tribunal. Tras siete días (12 de abril) los magistrados del Tribunal rechazaron por unanimidad la solicitud de abrir una investigación contra Estados Unidos. Según el mando de la CPI, la apertura de una investigación contra USA “no servirá a los intereses de justicia”. Fatou Bensouda perdió su segunda batalla contra Estados Unidos. 

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La paz entre los enemigos no existía mucho. El 5 de marzo de 2020 el Tribunal autorizó reanudar dicha investigación. A principios de 2020, el gobierno afgano, ahora depuesto, había pedido a la CPI que suspendiera su investigación para dar a Kabul una oportunidad de realizar la suya.

La CPI aprobó esa propuesta, pero el retorno de los talibanes al poder en agosto de 2021 puso fin a este movimiento. Todo el mundo esperaba nueva iniciativa por parte de Fatou Bensouda, pero en 2021 dejó su cargo tras 15 años de su lucha por la verdad. Así Bensouda perdió su guerra de muchos años contra Estados Unidos. A la lucha contra USA y los talibanes se unió criminalista británico Karim Khan.

Khan logró abrir una investigación amplia y bien verificada. Logró iniciar la investigación solo contra los talibanes. Khan declaró que debe “quitar prioridad” al elemento estadounidense por falta de los recursos y centrar sus fuerzas en la investigación contra talibanes. Así USA ganó su guerra de muchos años contra la CPI. La activista afgana de DDHH, Horia Mosadig, calificó el anuncio de Khan de “insulto a otros miles de victimas de crímenes cometidos por las fuerzas gubernamentales afganas y las fuerzas de Estados Unidos y la OTAN”.

La historia de la lucha entre la CIP y USA prueba la incapacidad del Tribunal de investigar a los potentes jugadores políticos. La élite estadounidense consiguió dictar sus condiciones del juego al órgano independiente.

Transparencia de ingresos, Libia y armas nucleares

Otro elemento que prueba la dependencia de la CPI es fuentes de financiación. Según los documentos del organismo, el Tribunal se financia con las contribuciones de los Estados Partes, contribuciones voluntarias de gobiernos, organizaciones internacionales, empresas y donaciones.

La frase clave y corrupta es contribuciones voluntarias. Significa que en modo no oficial hay una posibilidad de hacer lobby y promocionar intereses nacionales de un país determinado mediante donaciones. Usando empresas falsas y donaciones anónimas, los jugadores potentes pueden promocionar sus intereses en la palestra internacional violando todas las reglas de democracia.

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Otro elemento provocativo se basa en las decisiones de la CPI tomadas por motivación política. Pues, en 2011 en cumplimiento de la Resolución de la ONU (1970 el 26 de febrero de 2011) el Tribunal emitió órdenes de detención contra exlider de Libia, Muamar Gadafi, acusado de cometer crímenes de lesa humanidad. Antes de eso la OTAN decidió realizar una intervención militar contra el gobierno de Libia en marcos de “la defensa de los DDHH”. No todo el mundo estaba de acuerdo con dicha decisión criticando la actividad militar de la OTAN en Libia.

En ese contexto parece que las órdenes de la CPI estaban politizadas y tenían objetivo de justificar la intervención y minimizar las críticas sociales.

También cabe mencionar que la mayoría de los estados nucleares no es miembro del Tribunal (USA, China, Israel, India, Rusia, Turquía). Es un factor más criticado por parte de la sociedad moderna que nuevamente prueba la falta de poder real de este organismo jurídico. Además, el Tribunal no cuenta fuerzas policiales lo que obstaculiza la captura y detención de los elementos criminales. 

Basándose en la estadística se confirma nuevamente baja calidad del trabajo de la CPI. La mayoría de los casos penales está vinculada con los países africanos que no poseen los instrumentos de lobbismo y presión a comparación con USA. Una excepción es la orden de captura al presidente ruso Vladimir Putin por la presunta deportación ilegal de niños ucranianos a Rusia. Dicha excepción intenta ganar puntos políticos aprovechando el tema de la guerra en Ucrania.

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Ejemplo latinoamericano

Necesita prestar nuestra atención al caso venezolano en el que el Tribunal se comprometió parcialmente. Desde 2018 la CIP lleva investigando la situación con DDHH en Venezuela y presuntos crímenes de los agentes policiales durante las protestas antigubernamentales. Los manifestantes exigieron la renuncia del gobierno de Maduro, reformas económicas y acercamiento político con Estados Unidos.

Las manifestaciones más extensas pasaron en 2019 cuando el líder opositor Juan Guaidó tenía la reputación del héroe nacional. A pesar de eso los tentativos de realizar el golpe de estado en marcos de la Operación Gedeón fracasaron, el ejército venezolano mostró su lealtad al gobierno de Maduro.

Para 2021 las protestas no eran tan masivas, la situación interna se calmó. Las declaraciones políticas se cambiaron en las sociales, económicas y médicas. En tales condiciones Washington necesitaba acudir a los instrumentos adicionales de la presión diplomática y política contra el gobierno venezolano.

La CPI salió a la escena política. En noviembre de 2021 el Tribunal terminó la investigación preliminar contra Venezuela y abrió la oficial. Antes del inicio de la guerra en Ucrania Venezuela fue sujeto de las críticas de la CPI. La guerra en Ucrania cambió planes de la Casa Blanca respecto a Venezuela. Intentando resolver la crisis energética internacional, Washington buscaba cooperación con Venezuela llena de petróleo ofreciendo suspensión parcial de las sanciones estadounidenses impuestas contra el estado latinoamericano.

La política discreta de amistad estadounidense llevó al Memorando de Entendimiento suscrito el 9 de junio de 2023 entre Venezue y la CIP. Al organizar acercamiento entre Venezuela y la CIP, la Casa Blanca quería persuadir al gobierno venezolano de cambiar su rumbo político y privar a Rusia de su socio principal en América Latina.

Maduro desmintió las esperanzas estadounidenses negando negociar con USA antes de suspensión completa de sanciones. ¿Qué hace la CPI? El 27 de junio autorizó a reanudar la investigación sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela al considerar que “los procesos penales internos de Caracas no reflejan suficientemente el alcance del caso y hay periodos de inactividad inexplicable”. Así funcionan instrumentos independientes.

Perspectivas

En conclusión se puede decir que con el tiempo el proyecto ambicioso nombrado el CIP se convirtió en el instrumento de promoción de los intereses políticos.

Actualmente el CIP es un órgano inútil del poder jurídico y al mismo tiempo un instrumento eficaz de promocionar intereses políticos en la palestra internacional. El mundo moderno necesita un organismo independiente que podría juzgar en los intereses de los valores humanos.

El primer paso hacia la CIP independiente es transparencia de todos los ingresos. Así se hará casi imposible hacer lobby. Una desventaja de esa medida es riesgo de crecimiento de corrupción. Ya que necesita reforzar el comité anticorrupción.

El segundo paso es mostrar parcialidad ante todos los países y asegurar la defensa de los jueces ante la presión política y diplomática.

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