El Sistema Público de Pensiones en España, que se creó en los años 60 del siglo pasado, es un modelo de reparto como los de la mayoría de los países europeos; las pensiones en cada momento se pagan con los cotizantes del mismo periodo, por lo que las del futuro dependerán del necesario equilibrio entre cotizantes y pensionistas.

Asimismo, es de carácter profesional, como el que estableció por vez primera Bismark en Alemania; a lo largo de la vida laboral del trabajador, tanto él como su empleador cotizan a la Seguridad Social, y la cuantía de la pensión de este, depende de los años de cotización y del valor de las mismas, es decir, tiene un carácter contributivo.

Además, existe un Sistema Asistencial para aquellas personas que no han cumplido los requisitos mínimos para acceder a la pensión contributiva, que requiere haber cotizado un mínimo de 15 años y demostrar situación de necesidad.

 En la actualidad cotizan unos 20,9 millones de personas, y tenemos 9,2 millones de pensionistas, que perciben 10,1 millón de pensiones contributivas; puesto que algunas reciben más de una pensión. Actualmente el ratio entre cotizantes y pensionistas es de 2,1, lo que provocó un déficit en el modelo de unos 20.000 millones de euros en 2022; que se verá incrementado significativamente este año.

Según FEDEA, El Déficit Básico de la Seguridad Social, incluyendo clases pasivas y antes de las transferencias del Estado, ha aumentado 12.700 millones de euros entre el año 2019 y el 2023, lo que representa casi un punto de PIB.

 El modelo fue diseñado para que trabajasen muchas personas, como sucedía en España en los años 60 del siglo XX, se jubilasen pocos, y además viviesen de media 76 años. Actualmente la esperanza media de vida está situada en los 82,6 años y en Madrid en los 85,4 años.

 Si analizamos el ciclo vital, se constata que el modelo es insostenible, si vivimos 82,6 años, es decir casi 725.000 horas, y trabajamos 35 años, es decir 58.800 horas; se demuestra fácilmente que con el 8,1% de la vida de trabajo, es imposible sostener todo el ciclo.

 Actualmente las pensiones públicas representan el 11,7% del PIB, con una clara tendencia a crecer. En efecto, el actual Gobierno ha implementado una serie de medidas que agravan la sostenibilidad futura del modelo.

 En primer lugar, ha elevado todas las pensiones este año 2023 un 8,5%, lo que significa un fuerte incremento del coste, que además se consolida en el tiempo.

El coste total de las pensiones públicas contributivas en julio de 2023 ha alcanzado la cifra récord de 12.017 millones de euros. Hay que tener presente que la tasa de reposición entre el ultimo sueldo y la primera pensión es algo inferior al 80%, de las más generosas de Europa y que una parte de la pensión contributiva tiene un carácter asistencial, puesto que, por el largo periodo de percepción de la pensión, casi nadie ha cotizado lo suficiente para el total de pensión que recibe.

Para el año 2024 se estima que el gasto público en pensiones de la Seguridad Social superará los 200.000 millones de euros que representan más del 13% del PIB, debido al importante aumento del número de pensionistas, a que las nuevas pensiones son mucho más elevadas que las que causan baja, y a la revalorización de todas las pensiones en función de un elevado IPC.

 En segundo lugar, han aprobado una reforma del sistema, basada fundamentalmente en el incremento teórico de los ingresos, por elevaciones muy importantes de las cotizaciones sociales, y por la creación de un nuevo impuesto, Mecanismo de Equidad Intergeneracional -MEI-, lo que desvirtúa el carácter contributivo de las cotizaciones.

La subida de las cotizaciones provoca un incremento de los costes laborales con lo que se penaliza la competitividad empresarial, el empleo, e impulsa la economía sumergida. Además, el impuesto sobre nóminas puede deslocalizar talento, y distorsiona el propio modelo profesional, puesto que estos pagos no se reflejan en mayor pensión futura.

 Por el lado del gasto se prevé incrementar las pensiones más bajas y establecer un periodo de cálculo para la base reguladora de 29 años de vida laboral, aunque se eliminan los dos años de cotización menos favorables para el trabajador, lo que puede incrementar el coste del sistema.

 Estas nuevas medidas agravan el problema de la sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones, como también demuestra la AIDeF, por lo que es necesario aplicar una auténtica reforma que garantice la sostenibilidad de éste; para lo que es necesario utilizar toda la vida de cotización para calcular la base reguladora, y además es necesario retrasar la edad de jubilación obligatoria a los 68 años y a más de los 72 de una manera voluntaria. Además, hay que depurar del Sistema Contributivo todos los sobrecostes que no le corresponden.

Es decir, hay que reformar en profundidad el Sistema Público.

 Asimismo, hay que potenciar el Sistema Complementario de Capitalización, por lo que es imprescindible potenciar el ahorro previsión desfiscalizándolo; sin embargo, el actual Gobierno lo que ha hecho es elevar la fiscalidad del capital y eliminar prácticamente los fondos de pensiones individuales. Además, puede beneficiar enormemente al futuro pensionista la introducción en el mercado de trabajo de la denominada Mochila Austriaca, puesto que en caso de que el trabajador no la consuma durante su vida activa, ésta se podría aportar a un fondo de pensiones individual.

 Es imprescindible una reforma rigurosa y profunda del Sistema Público de Pensiones que garantice la sostenibilidad del modelo favoreciendo la creación de empleo y no penalizándolo como la que se ha aprobado recientemente, que debe ser derogada urgentemente. Todos los trabajadores tenemos derecho a una pensión digna por lo que hay que garantizar la sostenibilidad real del modelo, para evitar que quiebre, como sucedió en Grecia u Holanda; lo que obligó a recortes profundos de las pensiones públicas.

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