La gestión de la ministra de Igualdad del gobierno, Irene Montero, no logra anotarse ningún buen resultado con sus políticas, cuando además de generar beneficios procesales para los detenidos por abuso sexual con la implementación de leyes con una marcada ideología de género, sino que además, ahora el país cierra el verano con la cifra más alta de femicidios durante la temporada en los últimos 20 años.

Según cifras, el despacho de Montero registra 18 mujeres asesinadas entre junio y agosto en manos de sus parejas o exparejas. En junio fueron víctimas cuatro mujeres, ocho en julio y otras seis en agosto.  El número representa la cifra más alta desde que comenzó el conteo de la tendencia en 2003. De hecho, la única cifra más cercana son los 17 casos del verano de 2006.

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Un gasto inútil asociado a cuestiones de ideología
El ascenso de los femicidios en España durante el verano tiene en apuros al despacho de Montero, porque la cantidad del trimestre mencionado, eleva el total de víctimas a 40 en lo que va del año.

El conteo comenzó en enero con ocho mujeres, luego siguieron dos más en febrero, tres en marzo, cuatro en abril y cinco en mayo y si la tendencia persiste, Montero cerraría 2023 con al menos 49 asesinatos.

El número demostraría que las cifras de violencia de género crecieron, pese al aumento del gasto de 500 millones de euros en planes contra la violencia de género en las comunidades autónomas desde que Montero asumió el cargo.

También quedaría en evidencia que la decisión de financiar protocolos desde 2020 está siendo inútil, así como el aumento de 35,8 % de las partidas destinadas a asistencia social integral a víctimas y menores, planes personalizados, programas de lucha contra las agresiones sexuales y formación en centros de menores.

 Frente al panorama, la ministra de Igualdad, quien también es militante del partido comunista de Podemos, acumula la organización de tres comités de crisis especiales. Así intenta encontrar soluciones. Sin embargo, la convocatoria de estos comités, que comenzó en mayo, no arroja tampoco ninguna estrategia que apunte a evitar un cierre de la legislatura sin una data crítica de mujeres asesinadas por violencia de género.

Políticas inútiles para abordar un problema en crecimiento
Montero falla con sus políticas teñidas de ideología para detener los femicidios en España. Naciones Unidas se lo dejó claro en junio. En aquel momento el Comité de la instancia para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres manifestó preocupación por la violencia de género que prevalece en el país por la “limitada eficacia” de sus reformas legales.

Si bien para el comité, la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual de 2022 (también conocida como “ley del sólo sí es sí”) logró “eliminar la carga de la prueba sobre la víctima” critica que su aplicación retroactiva “ha llevado a un significativo número de reducciones de condenas y puestas en libertad” de agresores sexuales.

Tiene razón. La polémica ley de libertad sexual, conocida como ley del “solo sí es sí”, impulsada por Montero, redujo las penas mínimas por agresión sexual, permitiendo que más de mil condenados por delitos de violación recuperar la libertad.

 Políticas que siguen empeorando sin soluciones viables aparentes
Además, sobre este escenario de femicidios que se desarrolla de manera progresiva en España, no solo en verano sino en general, pesa el impacto de la denominada “ley trans”, cuyo nombre oficial es Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI, propuesta por el Ministerio de Igualdad, que permite desde su entrada en vigencia en marzo que una persona, incluso menor de 16 años y sin el consentimiento de sus padres, pueda cambiar de sexo, volver al original y luego solicitar una nueva rectificación en un plazo de 24 meses sin necesidad de presentar informes médicos o psicológicos.

Los últimos datos conocidos del Registro Civil indican que hasta 2022, se acogieron 1306 solicitudes de cambio de sexo, lo que equivale a un promedio de casi cuatro por día, cifra que quintuplica los registros de 2012, cuando hubo 280 solicitudes.

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