El instructor considera en un nuevo auto que los pagos del Barça durante 18 años provocaron, presuntamente, una “corrupción sistémica” en el CTA
Investigacion Judicial 05/09/2023
Impacto España Noticias
El juez instructor del ‘caso Negreira’, el magistrado Joaquín Aguirre, expone en un nuevo auto que los pagos realizados por el Barcelona durante 18 años al que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, provocaron, presuntamente “una corrupción sistémica” en el estamento arbitral, según el escrito al que ha tenido acceso ‘El Confidencial’.
En el mismo se expone también que tanto el Real Madrid como “cualquier otro equipo de Primera División que haya coincidido con el FC Barcelona durante los años objeto de la investigación” puede considerarse perjudicado por la supuesta trama. El instructor desestima así los recursos del Barcelona y del expresidente Bartomeu contra la admisión del Real Madrid en la causa como acusación particular.
Expulsión de la RFEF
El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona rechaza asimismo en su pronunciamiento que Negreira desempeñara una función “simplemente representativa” en el CTA, como sostuvo el actual rector de los árbitros, Luis Medina Cantalejo. De hecho, ha acordado la expulsión de la causa de la Real Federación española de Fútbol (RFEF). Además, recuerda que el Barcelona pagó más de siete millones de euros a Negreira entre 2001 y 2018, cuando ejercía sus funciones como vicepresidente.
El juez Aguirre concede, no obstante, que por el momento no se han hallado pruebas del pago de Negreira a árbitros para “un partido concreto”, si bien apunta que “se presume por pura lógica que el FC Barcelona no pagaría al vicepresidente Negreira en torno a siete millones de euros desde el año 2001 si no le beneficiara”.
“En tal panorama de posible corrupción sistémica en el seno del CTA”, el magistrado concluye que el Real Madrid y cualquier otro equipo que haya competido en algún momento con el FC Barcelona durante los años bajo sospecha deben ser “admitidos como ofendidos por el delito, a fin de que el potencial perjudicado pueda personarse en la causa y participar en la instrucción”.
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