Altos cargos de UGT cobraban cheques de subvenciones publicas para uso personal

Los investigadores judiciales destacan la ausencia de periodicidad en los abonos, así como la falta de justificación de concepto de cada uno de ellos

Corrupción 13/09/2023 Impacto España Noticias Impacto España Noticias
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Policía Nacional desvela que UGT repartió cheques de 7.000 euros a los altos cargos del sindicato, procedentes de cuenta bancaria que recibía grandes subvenciones públicas y de las cuotas de los afiliados. Esta información ha sido confirmada por 'El Confidencial', tras la investigación del Juzgado número 21 de Madrid sobre Mayka Tomás Gómez, exadministrativa de la UGT y hija de la exdiputada socialista Carmen López.

Según costa en las diligencias, Gómez habría falsificado centenares de cheques para quedarse con mas de 4 millones de euros del sindicato de los trabajadores.

Se llevan a cabo diligencias en el ámbito próximo de Mayka Tomás Gómez,  investigan también a su marido y dos amigas intimas de Mayka Tomas. Se sospecha que les hayan facilitado el cobro de cheques, los cuales se han destinado a hoteles de lujo, viajes  y restaurantes. Las investigaciones se ha ampliado y ahora se apunta hacia otros miembros del sindicato de trabajadores.

Estos nombres incluyen a Luis Miguel López Reíllo, Secretario General de UGT Madrid hasta 2021; José María Hernández Martínez, ex Vicesecretario General; Emilio Trillo, Secretario de Administración de UGT Madrid entre 2016 y 2021; y a Clemente Sánchez Arenas, su sucesor.

Entre 2019 y 2021, mas de 37 cheques fueron cobrados por 114.175 euros provenientes de una cuenta de Caixabank de UGT. Según las diligencias de investigación, el responsable de mayor cantidad de fondos fue el secretario de la Administración, Emilio Trillo.

Emilio Trillo cobró en 2019 un cheque de 5.000 euros y durante el segundo semestre de 2020, 19 cheques de entre 323 y 7.500 euros. Su sucesor recibió 10 cheques de sumas parecidas, lo mismo que Hernández Martínez y el ex secretario general de la central, con pagos que ascendieron a 7.500 euros.

Los investigadores judiciales destacan la ausencia de periodicidad en los abonos, así como la falta de justificación de concepto de cada uno de ellos. 

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