Los países de la Unión Europea han pedido a España un dictamen de los servicios legales del Consejo y más tiempo para estudiar el impacto económico y político del reconocimiento del catalán, el gallego y el euskera como lenguas oficiales de la Unión Europea. Esta posición desvanece las opciones de acuerdo el próximo martes cuando lo discutan los ministros en Bruselas y ello a pesar de que el Gobierno ha ofrecido que sea España quien asuma el coste del uso de estas lenguas cooficiales.

En un debate a nivel de embajadores para preparar el encuentro del martes, una gran mayoría de países han expresado su apoyo al multilingüismo como puente para conectar con los ciudadanos y han mostrado comprensión hacia los intereses de España, pero también han planteado muchas "dudas" respecto al impacto de la medida tanto en el funcionamiento de la UE como en las arcas comunitarias, han informado distintas fuentes europeas.

El Gobierno en funciones de Pedro Sánchez, que ejerce de presidencia de turno del Consejo de la UE, introdujo en la agenda de los ministros europeos el martes un intercambio de opiniones para modificar el reglamento sobre lenguas oficiales, con la intención de que el asunto fuera sometido ese mismo día a la votación del bloque.

Sin embargo, varios diplomáticos consultados apuntan que nadie comparte el "sentido de urgencia" que traslada España a sus socios, porque el resto de capitales ve prematuro tomar ningún tipo de decisión si no se han examinado a fondo cuestiones sobre las que el Gobierno no ha presentado aún detalles, por ejemplo cuál sería el coste estimado de sumar estas tres lenguas cooficiales a las 24 ya reconocidas en la UE o cómo prevé cubrir el número de traductores e intérpretes que serían necesarios.

También frena las opciones de acuerdo el temor entre varias delegaciones al encaje legal en los Tratados, aunque España defiende que la oficialidad de estas lenguas está reconocido por su Constitución y expone su introducción en el Congreso de los Diputados; así como el posible "efecto dominó" que podría generar en otros Estados miembro que se abriera la puerta a lenguas regionales.

Así las cosas, los socios europeos solicitan el aval jurídico del Consejo y evaluaciones de impacto detalladas sobre los aspectos financieros y administrativos si se cambiara el reglamento, lo que hace casi imposible que el martes se tome una decisión.

Se trata de documentos que requieren su tiempo de elaboración y varias delegaciones han dejado claro que quieren que todo ello sea examinado y discutido "en detalle a nivel técnico", es decir, en grupos de trabajo en los que abordar la reflexión más a largo plazo, y que consideran que "es muy pronto para tomar una decisión".

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PAÍSES INDECISOS
El pasado miércoles, Suecia fue el primer gobierno en mostrarse públicamente indeciso al pedir examinar "más a fondo cuáles son las consecuencias jurídicas y financieras de la propuesta" y este viernes ha sido Finlandia ha advertido de que el uso del catalán, el euskera y el gallego en la UE puede ralentizar la toma de decisiones en el ámbito comunitario y retrasar la entrada en vigor de futuras normativas.

Para países como Bélgica o Países Bajos es complicado tomar una decisión sin tener sobre la mesa evaluaciones de impacto o detalles sobre como "articular" la entrada de tres nuevas lenguas y una reflexión sobre el modo en que ello afectará al funcionamiento de la Unión Europea.

Mientras, para otros países como Francia, en donde el reconocimiento de las lenguas regionales es un asunto delicado, las reservas van más allá de los elementos técnicos. Hasta el momento, ningún Estado miembro ha tomado posición en contra de la propuesta española y algunos se han mostrado receptivos desde el primer momento, pero la decisión requiere el apoyo unánime y son varios los que piden estudiar con más cautela el proceso.

Además, España no es el único país con lenguas minoritarias en su territorio y a otras delegaciones les preocupa que abrir este debate puede generar un efecto llamada que despierte reivindicaciones similares en otras regiones, explica el alto funcionario de un Estado miembro.

En todo caso, el debate a nivel de ministros tendrá lugar el martes en Bruselas a una reunión a la que asistirá el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, algo inusual porque es el secretario de Estado para la UE, Pascual Navarro, quien habitualmente representa a España en el Consejo de Asuntos Generales.

En este caso, estarán presentes ambos, Navarro para moderar la reunión desde la posición de presidencia de turno de la Unión Europea y Albares para explicar la propuesta y defenderla ante sus socios. El intercambio de opiniones se dará por hecho, mientras que la votación, prevista en la agenda también, dependerá de lo que decida la presidencia española en el curso del debate

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