La Constitución del 78, la Transición a la democracia tan admirada en todo el mundo, ha facilitado la etapa más prolongada de paz y prosperidad que ha conocido España. Nuestros representantes en las instituciones del Estado, especialmente aquellos pertenecientes a los partidos que han ostentado obligaciones de gobierno, tienen la responsabilidad de perfeccionar nuestra Constitución con lealtad y espíritu de consenso.

 Dentro de cinco años celebraremos el cincuentenario de nuestra Carta Magna. Una gran mayoría de los españoles deberíamos conmemorar el aniversario orgullosos de los pasos dados y de nuestra contribución personal en la construcción de una sociedad de ciudadanos libres e iguales y de una España más solidaria y miembro fundamental de la Unión Europea.

 Se han hecho muchas cosas bien, sin duda. Las mejores, fruto del consenso entre las fuerzas políticas constitucionalistas y del afán de concordia de los españoles. Un ejemplo paradigmático fueron los Juegos Olímpicos de 1992. El liderazgo de la Casa Real, la implicación del PSOE desde el gobierno, de la oposición del PP, del gobierno del PSC en el Ayuntamiento de Barcelona, junto con la entrega ejemplar de los voluntarios y el masivo apoyo de todos los españoles, desembocaron en los mejores juegos de la historia olímpica hasta entonces.

 En la lista de quienes contribuyeron a un éxito deportivo, social, económico y político sin precedentes no figura el gobierno de la Generalitat. Si en los albores de la democracia el expresidente Josep Tarradellas ya alertó de las intenciones reales de Jordi Pujol, sus advertencias fueron sobradamente probadas con la acción desleal y destructiva del separatismo maquinando en la sombra para aprovechar el escaparate abierto al mundo únicamente en favor del nacionalismo excluyente.

 Cataluña es España. Lo es desde hace más de 500 años. Los años de mayor esplendor han sido, precisamente, los que hemos construido juntos. Los nacionalistas con criterio y espíritu crítico, que evidentemente los hay, lo saben. A pesar de ello hace décadas que han preferido dejarse arrastrar y llevarnos a la decadencia y al enfrentamiento; han renunciado a participar en el gran proyecto inclusivo que es España.

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No puede extrañarnos. Comerciando con sus votos en el Congreso de los Diputados han conseguido cesiones que han consolidado su régimen supremacista; han prosperado en la impune conculcación de los derechos fundamentales de la mayoría de los catalanes, y han debilitado las bases del Estado democrático de derecho. Su obra de ingeniería social tiene un propósito nunca escondido: la exclusión y demonización de España.

 Desde su fundación en 2014 Societat Civil Catalana (SCC) no ha dejado de valorar la situación política en nuestro país y, especialmente, en Cataluña. Hacerlo desde la transversalidad es imprescindible para cumplir con la finalidad estatutaria de promover, difundir, defender y fomentar la cohesión y la convivencia entre los ciudadanos de Cataluña y de estos con el resto de los españoles. También para poder defender los principios y valores constitucionales y, en especial, el pluralismo político y la libertad ideológica en los que creemos con toda firmeza.

 La Junta Directiva de SCC considera que la situación política y social actual nos sitúa en una encrucijada en la que, por responsabilidad, debemos significarnos y liderar una respuesta unitaria poniéndonos al servicio de todos los ciudadanos.

 Por estos motivos, reunida en sesión extraordinaria la Junta Directiva de SCC ha adoptado por unanimidad el siguiente ACUERDO:

 “Por respeto al Estado de Derecho, convocar una manifestación ciudadana, que tendrá lugar en Barcelona el próximo día 8 de octubre, bajo el lema No en mi nombre. Ni amnistía, ni autodeterminación, con el propósito de visibilizar y dar voz a todos los ciudadanos catalanes y del resto de España que no están dispuestos a aceptar que sean objeto de negociación cuestiones que minarían los fundamentos del sistema democrático y de libertades que emanan de nuestra Constitución, refrendada por todos los españoles”.

Hace sólo seis años SCC tuvo que convocar la primera manifestación masivamente apoyada para frenar el golpe de los que, al frente de las instituciones del Estado en Cataluña, querían romper España y destruir Cataluña. Volvemos a hacerlo ahora. El mensaje del 8 de octubre de 2017 fue alto y claro. Los catalanes defendimos nuestra españolidad desde Cataluña, nuestros derechos, la libertad frente a la deslealtad y la muerte civil.

Deberíamos haber aprendido algo de la firme respuesta ciudadana en aquella y en las siguientes manifestaciones, también en 2019. Es obvio que no lo hemos hecho. No hemos sabido o querido aprender de aquellos gravísimos sucesos. Los secesionistas sí aprendieron que no valía la pena arrepentirse; podían incluso jactarse de que lo volverían a hacer. Sus envites han conseguido la impunidad y minar la fuerza del Estado y su credibilidad.

 Estamos en una encrucijada. Podemos decidir y seguir como hasta ahora. Einstein ya advirtió que hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes es una locura. Esa locura nos vuelve a traer la división, el encono, el desprecio entre personas y a las sentencias judiciales. Un retroceso que nos aleja del espíritu de concordia y progreso de la Transición.

 ¿Existe todavía alguna duda de que la permanente cesión a los nacionalistas en cuestiones territoriales es un camino equivocado? ¿Mirar hacia otro lado -o apoyar directamente- la política lingüística de los secesionistas ha llevado a la inconstitucional exclusión del español en algunas partes de España? ¿Acaso el indulto -medida a la que se opuso SCC- ha elevado las exigencias separatistas a un nivel superior como es la amnistía? ¿Existe alguna duda de que tampoco la autodeterminación tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico?

 No nos dejemos engañar. No estamos en manos de los votos del separatismo. Está en nuestras manos, en las de los partidos y ciudadanos constitucionalistas, iniciar un periodo de regeneración que nos lleve a una celebración del cincuenta aniversario de la Constitución en 2028 con el orgullo del trabajo bien hecho, cada uno desde su responsabilidad. La sociedad civil debe ejercer su irrenunciable papel fiscalizador de los partidos políticos para que estos no olviden a quién sirven y a quién se deben.

 Y los partidos políticos y sus líderes están obligados a anteponer una fundamental visión de Estado en la que el cortoplacismo partidista no les impida consensuar los temas trascendentales para la supervivencia de nuestro país y su presencia entre los de mayor solvencia democrática, económica y social.

 Para poner freno a la sinrazón, todos somos necesarios, no sobra nadie. Invitamos a adherirse a la manifestación a todas aquellas asociaciones y entidades que comparten nuestra enorme preocupación por el deterioro democrático de nuestro país.

 Bienvenidos todos los que creemos que nuestra participación en la movilización del próximo 8 de octubre puede marcar un antes y un después.

 El “todo vale” es una locura, una carrera hacia el abismo, una burla al Estado de derecho. NO EN MI NOMBRE. NI AMNISTÍA, NI AUTODETERMINACIÓN.

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