Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional, ex letrado del Tribunal Constitucional (TC) y uno de los juristas que participará esta tarde en la presentación del dictamen jurídico de Sumar sobre la amnistía, ha revindicado en un artículo publicado en las últimas horas las "razones" para concederla frente a unos jueces "justicieros" que considera que se niegan a "aplicar la ley".

Así se expresa Urías en un artículo publicado el lunes en la web ctxt.es que titula 'Razones para una amnistía', defendiendo como idea central que "la medida permitiría que el Parlamento elegido democráticamente recupere la primacía que le corresponde en el Estado democrático, frente a unos jueces que usurpan sus funciones".

Urías arranca explicando que ni es catalán ni apoya la independencia de Cataluña, sino que "como andaluz" cree que "unidos en la diversidad seríamos todos más fuertes", para añadir que está "honestamente convencido" de que "a los líderes catalanes independentistas se los ha sometido a una persecución ilegal que ha roto todos los límites del Estado de derecho y nos acerca al autoritarismo".

"Es algo que vengo defendiendo en público desde 2017, así que no se trata de un análisis que responda a simpatías con ningún partido político que necesite un voto u otro en el Parlamento para acceder al poder. Es, a mi modo de ver, simplemente la consecuencia de creer radicalmente en el Estado de derecho y la democracia, más allá de intereses individuales", expone.

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Así, dice que no entendió que en 2017 "el Gobierno mandara batallones de policías a apalear a los ciudadanos que masivamente participaban en un acto de protesta pacífico", ni que "el Tribunal Constitucional prohibiera expresamente a organizaciones civiles catalanas organizar un acto simbólico por el que quien quisiera podía introducir un papel en una caja de plástico transparente".

"PERSECUCIÓN JUDICIAL"
Urías entiende que "era un desafío al Estado y que podía tener consecuencias políticas", pero rechaza que "los tribunales estén para prohibir los desafíos políticos populares". "Después de aquella batalla campal y de las tristes imágenes de niños y ancianos golpeados por llevar una papeleta en la mano pensé que alguien del Gobierno o de quien diera la orden dimitiría. En vez de eso, se inició una persecución judicial contra sus líderes políticos que se saltó repetidamente las reglas del derecho", apunta.

Para este jurista, los jueces del Tribunal Supremo --que, a su juicio, "asumieron el asunto sin tener competencias para ello"-- "utilizaron la prisión provisional como sanción ejemplarizante, más allá de los tres supuestos en los que lo permite la Constitución" y encarcelaron "sin ninguna justificación legal" a un acusado en mitad de un debate de investidura "para que no resultara elegido presidente de la Generalitat".

Además, Uría considera que los líderes independentistas fueron condenados a "penas desproporcionadas, a menudo por delitos inventados". Ello porque, a su juicio, la interpretación que el Supremo hizo de la sedición "se aparta" del Código Penal. "Entonces no tuve duda de que no se estaba aplicando la ley, sino que los jueces actuaban como justicieros, independientemente de la letra de la ley", señala.

Al hilo, afea también la interpretación que los magistrados realizaron de la reforma de la malversación. "El Tribunal Supremo le plantó cara a la voluntad popular expresada por las Cortes y decidió que no iba a aplicar la ley", asegura al tiempo se dice "muy consciente" de los "peligros" de deslegitimar a la cúspide de este órgano jurisdiccional.

LA AMNISTÍA COMO "LA ÚNICA MANERA"
En este sentido, Uría insiste en que "respecto al desafío independentista catalán tenemos un Poder Judicial que ha invadido las competencias del Legislativo". De ahí que diga que está a favor de la amnistía: "Es la única manera por la que el Parlamento elegido democráticamente puede recuperar la primacía que le corresponde en el Estado democrático, frente a unos jueces que usurpan sus funciones".

El jurista asegura que si la ley se limita a los delitos de desobediencia, malversación de caudales y sedición "no implicará dejar libre a ningún delincuente". "Porque es difícil saber si son delincuentes cuando los jueces se han inventado los delitos por los que los condenaron", manifiesta.

A su juicio, "tampoco habrá problemas de igualdad en la comparación con otros activistas condenados en otros lugares, frente a los que no se abusó de esta manera del poder de los tribunales".

Así las cosas, Uría desea que se apruebe una ley de amnistía "que se haga con el alcance y la justificación necesarias para evitar una declaración de inconstitucionalidad y que eso sirva para superar el conflicto que se vive en Cataluña".

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