La ministra de Igualdad, Irene Montero, cruzó el Atlántico para avalar el proyecto comunal de la alcaldesa de Santiago de Chile, Irací Hassler, financiado por el multimillonario George Soros, uno de los principales patrocinantes de la agenda progresista global, que incluye entre sus beneficiarios al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y al Partido Demócrata.

Montero aterrizó en la capital de la nación austral para ir directo a la “Casa Igualdad” inaugurada en marzo por la edil. El inmueble atraviesa una polémica por estar ubicado al lado de la antigua clínica Sierra Bella que pretendió comprar Hassler con sobreprecio a inicio de este año. Por esa negociación la Fiscalía la mantiene como imputada por presunto fraude al fisco.

Financiamiento al descubierto
Hassler habla de orgullo.  ¿En serio? Es una desfachatez cuando el arriendo de la “Casa Igualdad” de 7500 dólares no provienen del presupuesto de la municipalidad ni de la Corporación para el Desarrollo de Santiago (Cordesan) sino de las cuentas de Soros, y llegan desde el extranjero a través de su organización Open Society Foundations.

De hecho, el financiamiento lo descubrió el perito tasador Demetrio Benito, quien a través del Consejo para la Transparencia, solicitó información sobre la iniciativa comunal.  Si bien la municipalidad negó el acceso a los documentos, la instancia fiscalizadora los obtuvo y en ellos consta que Hassler pactó por trato directo en agosto de 2021 un contrato por seis millones de pesos cuando el canon se cotizaba a la mitad en 2020 y el 1 de diciembre de 2022 renovó el arriendo por siete millones de pesos hasta el 31 de mayo de 2024.

Con agenda feminista incluida
La visita a “Casa Igualdad” no era el único propósito de Montero en Santiago sino también seguir “impulsando desafíos comunes, de una agenda feminista que cuida, por más derechos y contra todas las violencias” junto a Hassler.

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Para ello, juntas lideraron la 65 Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe.  Ahí Montero desplegó su discurso progre con intensidad. Aseguró las economías reposan “sobre los cuerpos de las mujeres, particularmente sobre las mujeres migrantes y que ninguna gran economía se sostendría ni siquiera unos pocos días si no existiesen cuerpos de mujeres que limpian, que cuidan, que aseguran esas tareas de cuidados”.

En el trascurso de su intervención exprés de dos días recalcó que “el modelo neoliberal es injusto en la medida que más de la mitad de la población, las mujeres, están sosteniendo un sistema que debe ser cambiado”.

Discurso sin hechos
Sin embargo, las palabras de Montero contradicen a las iniciativas que impulsa en España en supuesta defensa de las mujeres considerando que su no logra anotarse ningún buen resultado cuando además de generar beneficios procesales para los detenidos por abuso sexual con la implementación de leyes de marcada ideología de género, sino que además, ahora el país cierra el verano con la cifra más alta de femicidios durante la temporada en los últimos 20 años.

En el caso la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual —conocida también como «solo sí es sí»— hasta mayo se contabilizaban 1025 delincuentes sexuales beneficiados con la reducción en sus penas. Esto se desprende de dos factores: porque los condenados están solicitando la revisión de sus penas o porque a los nuevos convictos le aplican una ley que fija horquillas inferiores.

Según cifras aportadas, el despacho de Montero registra 18 mujeres asesinadas entre junio y agosto en manos de sus parejas o exparejas. En junio fueron víctimas cuatro mujeres, ocho en julio y otras seis en agosto.  El número representa la cifra más alta desde que comenzó el conteo de la tendencia en 2003. De hecho, la única cifra más cercana son los 17 casos del verano de 2006.

El número demostraría que las cifras de violencia de género crecieron, pese al aumento del gasto de 500 millones de euros en planes contra la violencia de género en las comunidades autónomas desde que Montero asumió el cargo.

También quedaría en evidencia que la decisión de financiar protocolos desde 2020 está siendo inútil, así como el aumento de 35,8 % de las partidas destinadas a asistencia social integral a víctimas y menores, planes personalizados, programas de lucha contra las agresiones sexuales y formación en centros de menores.

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