El próximo 26 de octubre, la asociación KifKif podría bajar para siempre la persiana arcoíris de su local sito en la calle Encomienda de Madrid, el número 23. La que fue la primera y mayor organización para personas LGTBI migrantes en España tiene entornadas las puertas por las que han entrado cientos de solicitantes de asilo, refugiados y víctimas de discriminación.

El motivo: la ONG afronta un ERE y un proceso judicial contra su fundador, el activista Samir Bargachi (Marruecos, 1987). Sobre él pesa una denuncia por "apropiación indebida, falsedad documental y estafa" a su propia sociedad.

KifKif, que en lengua bereber significa Entre iguales, ha sido un referente en la lucha por la visibilidad del colectivo en países y culturas hostiles; Bargachi, el santo y seña de una organización apoyada por personalidades como la política Carla Antonelli, la ministra de Igualdad Irene Montero o el actual presidente en funciones, Pedro Sánchez.

Hijo de inmigrantes marroquíes y abiertamente homosexual, su infancia transcurrió en Vallirana (Barcelona), dentro del seno de una familia musulmana. Motivo por el cual decidió velar por los derechos LGTBI en el mundo árabe.

 20 años después de erigirse como un adalid de su causa, Samir Bargachi ha sido cesado como presidente de KifKif el pasado 27 de septiembre. En la carta de despido disciplinario a la que ha tenido acceso en exclusiva LOC, la dirección de la asociación le acusa de un "desfalco total de 208,580 euros desde abril de 2021" a las cuentas de la ONG. Unos presuntos hechos que ya han sido puestos en manos judiciales a través de una querella presentada por el ex tesorero de la sociedad, Jesús Ortega, un miembro de la Junta Directiva y un empleado de la entidad.

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"El presidente de KifKif ha dispuesto de dinero de la asociación para fines personales, haciéndose transferencias a su cuenta, haciendo uso de efectivo, de depósitos, de reintegros en cajeros, de disposición de la banca online", describe a LOC el abogado de la acusación, José Alfredo Domínguez Tuset, del bufete Global Law. "Por este motivo, la asociación se ha quedado sin fondos y no puede hacer frente a sus gastos ordinarios. Se encuentra en impago de alquiler, luz, teléfono, a los trabajadores, etcétera".

Atendiendo a lo suscrito por la denuncia penal, consultada por este suplemento, Bargachi nombró en 2018 a Jesús Ortega como tesorero y a otro empleado como secretario de KifKif. Sin embargo, ninguno de los dos habría vuelto a ratificar su cargo en la legislatura siguiente, tal y como obligan los estatutos de la sociedad a través de una reunión anual. Por lo que también le achacan "un delito de falsedad documental, por haber falsificado la firma en un documento como es un acta de junta".

 Por otra parte, apuntan a que durante todo este tiempo, solo era el presidente el que tenía acceso a las cuentas bancarias. Mediante un contrato laboral, el activista se había designado a sí mismo como coordinador de proyectos, impidiendo supuestamente que los demás directivos conociesen las contraseñas bancarias ni la situación económica de la sociedad.

Según la documentación aportada, cuentas destinadas a proyectos solidarios, muchos de ellos subvencionados, han sido vaciadas poco a poco, casi siempre con el concepto Transferencia a Samir Bargachi Belkacem.

Como colofón, indican que este presunto expolio habría impedido el desarrollo del proyecto solidario UDC Salamanca, subvencionado por el Ayuntamiento de Madrid para la integración y empleabilidad de personas en situación vulnerable en el distrito madrileño de Salamanca. "El equipo técnico detectó que con la economía visible no se podía cubrir la ejecución de los proyectos subvencionados, previstos durante el 2023", explica uno de los trabajadores.

Ahora mismo, tres cauces podrían arrastrar a Bargachi. Uno penal, uno mercantil y otro laboral por el presunto impago de nóminas a sus trabajadores desde septiembre de 2023.

 Otra de las razones que se señalan para el cese de Bargachi son sus supuestas ausencias continuadas. "No ha asistido a ninguna reunión interna desde el 1 de marzo de 2023. No ha estado operativo ni localizable. Ha habido semanas en las que solo contestaba un día", reza la misiva.

En 2010, Bargachi fundó la revista Mithly, la primera publicación LGTBI para el mundo árabe. Enfrentando amenazas de grupos islamistas a lo largo de los años. En 2019, KifKif abrió el único piso que ha habido en España para acoger a demandantes de asilo y refugiados del colectivo.

Estas acciones que lo avalaban como activista 3 en 1 (contra la discriminación por orientación sexual, origen y religión), le han llevado a ser un nombre reputado dentro del colectivo arcoíris, pero también en el ámbito político. Ha tratado de tú a tú a ministros, embajadores, partidos políticos y el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

 Pero en las redes sociales de KifKif ya no se publican fotos de cursos, talleres o reuniones. En su lugar, reinan las imágenes de archivo donde se solicitan donaciones de dinero y material informático para refugiados y personas en situación de marginación social. El ex tesorero, actual presidente en funciones de KifKif, ha emitido un comunicado en el que indica que el dinero pedido no iría a parar a la ONG y que "se trata de una estafa" por parte de una persona que "nada que tiene que ver con la asociación".

El escrito advierte: "No hagan ningún tipo de donativo ni paguen por ninguna cita en KifKif". Supuestamente, es Bargachi el único con acceso a las redes sociales y al email en la actualidad.

"Le están escribiendo correos personas desesperadas, que quieren que les ayuden con su situación. Se solicita una membresía de 100 euros al año prometiendo una ayuda que no va a llegarles", cuenta uno de los 13 empleados que aún tiene la ONG, entre abogados, trabajadores sociales, educadores, administrativos, contables o integradores. Lo más probable es que todos ellos se tengan que despedir pronto de sus iguales.

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Fuente original: El Mundo