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"Miembros de distintas organizaciones no gubernamentales han denunciado que, hasta que se dio por concluida, en marzo de 2017, esa política de seguridad produjo más de 600 asesinatos y, otro resultado esencial, estableció un estado de terror en los barrios populares, cuya secuela sigue vigente."
Opinion 25/10/2023 Miguel Henrique Otero
Desde hace más de una década, el régimen de Chávez y Maduro vienen insistiendo en este objetivo: impedir las protestas. Acallar al pueblo venezolano. Que de forma simultánea al hundimiento de sus condiciones de vida, se produzca también el hundimiento de su ánimo. Que se resigne. Que vegete sin esperanzas políticas, ajeno a la tentación de luchar y movilizarse.
En junio de 2012, Chávez creó la Gran Misión A Toda Vida Venezuela que, tal era su promesa (falsa promesa, por supuesto), tenía como objetivo la seguridad ciudadana. En ese momento, el régimen comenzó a sistematizar el uso en su discurso, del argumento de la paz. De una parte, para intensificar la criminalización de las protestas y despejar el terreno a la violación de los derechos humanos.
Quien proteste debe ser detenido y reseñado como un delincuente. De otra, para establecer un vínculo entre protesta y ultraderecha, o entre protesta y acción del imperialismo estadounidense, o entre protesta y oposición democrática. En los enunciados de esa misión se ponía énfasis en la municipalización de la acción policial.
Tres años más tarde, en julio de 2015, comienza la que se llamó Operación de Liberación del Pueblo, aquellos operativos iniciados en la Cota 905 (Caracas), que constituían verdaderas ocupaciones militares y policiales de barrios populares, durante las que se ejecutaban principalmente a hombres jóvenes, se extorsionaban a las familias de los detenidos, y hasta se produjeron casos de asesinatos por encargo, por venganza o para apropiarse de las viviendas de familias que fueron obligadas a huir hacia otras ciudades.
Uno de los atroces capítulos de estas operaciones fue la Masacre de Barlovento, en octubre de 2016, en la que un grupo de militares asesinó a 12 jóvenes campesinos, que habían sido capturados en una redada. Días después, en noviembre, 13 pescadores fueron acribillados en Cariaco, con el resultado de 9 muertos y 4 heridos. Anoto estos dos hitos, pero podría incluir centenares de otras acciones criminales.
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Miembros de distintas organizaciones no gubernamentales han denunciado que, hasta que se dio por concluida, en marzo de 2017, esa política de seguridad produjo más de 600 asesinatos y, otro resultado esencial, estableció un estado de terror en los barrios populares, cuya secuela sigue vigente.
El 20 de diciembre de 2019, Maduro da un salto en su programa de sometimiento y silenciamiento de la sociedad venezolana: crea la Gran Misión Cuadrantes de Paz (Decreto 4.078), cuya finalidad esencial no es otra que la de crear varios miles de miniterritorios, de manera que los cuerpos policiales, militares, servicios de inteligencia, paramilitares asociados al régimen, unidades del PSUV y toda la red de informantes y delatores que trabajan con el régimen, puedan vigilar y denunciar cualquier actividad política de la oposición democrática, el surgimiento de protestas o cualquier actividad que sea iniciativa de la sociedad civil o de las mismas comunidades.
De hecho, el decreto señala como el cuarto de sus vértices de acción el Sistema Popular para la Protección de la Paz (SP3), galimatías detrás del que se esconde una pura red de espionaje en calles y barrios.
Quiero añadir que ese decreto es una pieza destacadísima de enrevesamiento, eufemismos, torpeza gramatical, palabrerío hueco y falsos paradigmas, de lo que no es otra cosa que un programa de control territorial a mínima escala, de modo que la vigilancia y la represión sobre cualquier acción ciudadana, ocurra donde ocurra, pueda ser atacada y maniatada en muy corto tiempo.
Sin embargo, todo lo anterior no le ha resultado suficiente al régimen. El 4 de octubre, Maduro dio un paso más: anunció la creación del Consejo Especial para la Paz (Cepaz), y designó, al frente del mismo, a Diosdado Cabello, líder indiscutible de la promoción del odio político, la difamación, la amenaza y jefe fáctico de los cuerpos represivos como el Sebin y la Dgcim.
Dicho en otras palabras, designó como figura central al enemigo número uno de la paz política, la paz ciudadana, la paz derivada de la tolerancia, la paz producto del reconocimiento y respeto a las diferencias y del derecho elemental a disentir.
Y más: también creó 45.542 Unidades Populares para la Paz (UPAZ), distribuidas en un número equivalente de comunidades, que son las unidades organizativas, las células que, en el terreno de las comunidades, serán las encargadas de espiar y denunciar cualquier actividad que el régimen considere contraria a sus intereses. Entre ellas, y esto es primordial, las UPAZ tendrán la responsabilidad de impedir las protestas, especialmente de los sectores de bajos o de ningún ingreso.
La razón por la que Maduro apuró la creación del Cepaz y de las UPAZ es inequívoca: el gobierno se está preparando para reprimir al pueblo, reprimir a las zonas populares. Una vez más. Las distintas unidades de inteligencia, incluida la de Cuba, coinciden en el diagnóstico: viene una temporada muy intensa de protestas causadas por el hambre, el empeoramiento de la pobreza y, aunque cueste creerlo, el empeoramiento de los servicios públicos.
Para millones de familias una realidad de hambre crónica, inflación, fallas en el servicio eléctrico, falta de agua, hospitales sin insumos, colapsados por el incremento de las enfermedades. El efecto El Aissami viene con sus más potentes latigazos, en noviembre y en las siguientes semanas.
Por eso las más de 45.000 UPAZ, por eso la redistribución de armamento y funcionarios militares, por eso la designación de Diosdado Cabello -que controla también al PSUV y las redes del partido- al frente del Cepaz: será el encargado de imponer el garrote apenas las protestas inevitables comiencen a ocupar las calles.
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