Golpe de efecto de la Audiencia Nacional en la fase final de la negociación de la ley de amnistía. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón acusa formalmente al expresidente catalán Carles Puigdemont y a la secretaria general de Esquerra Republicana de Catalunya, Marta Rovira, en la causa contra Tsunami Democràtic y lo hace en una causa que, ahora sí y oficialmente, es por «terrorismo».

A Puigdemont le 'invita' a personarse en el tribunal de la callé Génova antes de promover su suplicatorio a la Eurocámara, mientras que a Rovira ya la cita como investigada.

La acusación formal contra ambos se produce en vísperas de que puedan convertirse los dos en beneficiados de la amnistía que prepara el PSOE para conseguir la investidura de Pedro Sánchez.

El auto de este lunes, además, supondrá que esa futura ley de amnistía afecte a al menos 24 acusados de terrorismo: A Puigdemont, Rovira y los otros diez cabecillas del procés que hoy también fueron imputados por Tsunami, y a los otros doce encausados en el sumario contra los Comités de Defensa de la República (CDR), cuyo procesamiento por parte de García-Castellón fue confirmado la pasada semana por la Audiencia Nacional.

 La decisión del magistrado tiene lugar solo cuatro días después de que la Guardia Civil, en su informe definitivo sobre la plataforma que protagonizó los incidentes más graves durante el otoño de 2019, situara a Rovira, huida a Suiza desde hace años, a la cabeza de esta organización como coordinadora y dinamizadora, junto a otras ocho personas. Sin embargo, en ese informe la Guardia Civil no daba ningún papel destacado a Puigdemont.

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Sin embargo el juez, en su auto afirma que Puigdemont estuvo informado en todo momento de la creación y objetivos de Tsunami a través de su hombre de confianza y asesor, Josep Lluis Alay. García Castellón sostiene que el expresidente estuvo al tanto de todos los movimientos de la recién creada plataforma, incluso del alumbramiento de la misma en unas reuniones que tuvieron lugar en Ginebra entre el 29 y el 31 de agosto de 2019. Alay –sostiene el juez- mantuvo al tanto en todo momento a Puigdemont del «grupo de coordinación» de Tsunami.

 Dada la condición de aforado de Puigdemont como europarlamentario, García-Castellón ofrece al expresidente huido la posibilidad de «comparecer voluntariamente» antes de pedir el suplicatorio a Bruselas.

Así las cosas, y a la espera de Puigdemont 'acepte' la invitación a declarar voluntariamente y con abogado en la Audiencia Nacional, la resolución acuerda citar como investigados a Marta Rovira, Josep Lluís Alay, Oriol Soler Castanys, Xavier Vendrell Segura, Marta Molina Álvarez, Josep Campmajó Caparrós, Jesús Rodríguez Sellés, Jaume Cabani Massip, Oleguer Serra Boixaderas y Nicola Flavio Giulio.

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