En estos días pasados, se han dado a la luz tres documentos fundamentales sobre la ley de amnistía que ha pactado Pedro Sánchez con los partidos independentistas. Los tres son demoledores en su concisa brevedad por el rigor impecable de sus razonamientos jurídicos, por su profundidad conceptual y por la contundencia irrebatible de sus planteamientos políticos.

 Se trata de las declaraciones que sobre tan espinoso tema han elaborado la Asociación Profesional de la Magistratura, un conjunto de trescientos juristas de reconocida solvencia entre los que figuran un antiguo presidente del Tribunal Constitucional y varios ex magistrados del mismo y ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial en su petición a su presidente de la convocatoria de un pleno del órgano para debatir esta cuestión.

 Expresiones como “el principio del fin de nuestra democracia”, “volar por los aires el Estado de Derecho”, “la degradación, cuando no la abolición, del Estado de Derecho en España”, “convierte la independencia de los tribunales y la seguridad jurídica, la justicia en suma, en una quimera”, “rompe las reglas básicas de la convivencia democrática y del juego político” o “supondría la negación de la igualdad jurídica” y otras de similar intensidad reprobatoria ilustran hasta qué punto la tropelía que se dispone a ejecutar el presidente del Gobierno en funciones merece el rechazo ampliamente mayoritario del mundo del derecho de nuestro país.

 La lectura atenta de estos tres esclarecedores textos demuestra sin el menor resquicio de dudas que la norma de borrado de los delitos cometidos en septiembre y octubre de 2017 en Cataluña por centenares de separatistas en abierta subversión contra el orden constitucional vigente no cabe en nuestra Ley de Leyes.

Este es un hecho clave que ningún Cándido Conde-Pumpido, María Luisa Segoviano o Juan Carlos Campo pueden ignorar u orillar. La tesis dominante es que el impúdico control que el Ejecutivo socialista-comunista ejerce sobre el Supremo Intérprete de la Constitución hará que la ley de amnistía acordada con los golpistas catalanes sea dada por buena por los magistrados “progresistas” a pesar del abrumador consenso de los expertos de que semejante bodrio no tiene pase. 

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 Puigdemont, Junqueras, Rovira, Comín, Turull y demás compañeros mártires de la causa secesionista se las prometen muy felices y ya se ven todos ellos, junto con el nutrido grupo de procesados o condenados por los desafueros perpetrados hace ya seis años, libres de cualquier sanción penal, plenamente de nuevo en uso de sus derechos políticos y civiles, candidatos en las próximas elecciones autonómicas y ocupantes de sustanciosos cargos en la Administración catalana desde los que seguir saqueando España y preparando su triunfal referéndum de autodeterminación con total impunidad.

 Sin embargo, tan risueño panorama puede verse ensombrecido por algunos oscuros nubarrones de gran tamaño. Para empezar, la tramitación y aprobación de la ley en el Congreso y en el Senado no será un camino de rosas. La Cámara Alta la retrasará y obstaculizará tanto como pueda y los debates echarán chispas, con el Gobierno acorralado por la batería inmisericorde de argumentos que la oposición esgrimirá sin piedad.

La presión en la calle puede asimismo alcanzar cotas de virulencia inusitadas. Una vez superado el paso por las Cortes, los tribunales, el Supremo, el Superior de Cataluña y otros, deberán aplicarla. En este momento, no hay duda de que los jueces, que están esperando al Gobierno con la toga bien planchada, plantearán la cuestión de constitucionalidad. A partir de aquí, la ley quedará paralizada hasta que el Tribunal Constitucional resuelva.

 Es en tal fase del procedimiento que Sánchez puede trazar y cumplir un plan diabólico con el que el incauto prófugo de Waterloo no cuenta. En lugar de dar instrucciones a Conde-Pumpido y demás marionetas suyas en el Constitucional de aprobar rápidamente la amnistía, no hay que descartar que sus indicaciones vayan en sentido contrario: “Sin prisas, Cándido, sin prisas, que este es un asunto de enorme complejidad que requiere estudios y deliberaciones muy completos y prolijos”.

La amnistía en suspenso, el fugado mordiéndose las uñas en Bélgica, los juicios a los acusados avanzando sin trabas y el Gran Timador disfrutando de las mieles de La Moncloa. ¿Por qué debería Sánchez ser diligente en el cumplimiento del pacto con los independentistas? ¿Para hacer honor a su palabra? Una pregunta de esta naturaleza con relación a Sánchez es un chiste cruel.

 Al final, se podría producir la apoteosis de la trama urdida por el compulsivamente mentiroso secretario general del PSOE, que no sería otra que una sentencia del Tribunal Constitucional contraria a la amnistía. Los nacionalistas atrapados por su componenda, la legislatura bien consolidada y Sánchez riéndose a mandíbula batiente sobre su nuevo colchón.

Él habría cumplido su parte del trato y no sería responsable de la decisión de unos magistrados que demostrarían así paradójicamente su independencia. Si los separatistas, ciegos de rabia y frustración, se liasen entonces la manta a la cabeza y se lanzasen a la senda de la unilateralidad, un presidente del Gobierno exultante de patriotismo y celoso cumplidor de la legalidad, haría caer sobre los levantiscos el abrumador peso del Estado apoyado por un Partido Popular al que no le cabría otro remedio que sumarse a la defensa de la unidad nacional.

 Se me dirá que estas son fantasías voluntaristas. Por supuesto, he expuesto especulaciones, no certezas, pero a la vista de la trayectoria del especialista en fraudes, si yo estuviera en la piel de los supuestamente beneficiados por la amnistía, contemplaría todas las opciones.

No es que Sánchez no tenga escrúpulos, que no los tiene ni los ha tenido nunca, es que su ambición sin límites es capaz de traiciones inimaginables. No es un gobernante, es un velociraptor de la política y el que se sube a su carro está permanentemente expuesto a una súbita e inesperada dentellada mortal.

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