A raíz de los acuerdos de investidura entre el PSOE y los partidos Junts y ERC, consideramos pertinente advertir del grave deterioro institucional que puede suponer la aprobación de una Ley de amnistía para los implicados en procedimientos judiciales por los hechos relacionados con el “procés” y a esos efectos,

 MANIFESTAMOS:
Que la materialización de esos acuerdos vulnera flagrantemente la Constitución de 1978 que se asienta en la consideración de España como un Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Asimismo, consideramos que la aprobación de leyes de amnistía como las planteadas ataca los principios esenciales del Tratado de la Unión Europea.

El artículo 9 de la Constitución declara que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico y eso alcanza también a los partidos políticos que deben ejercer su actividad libremente dentro del respeto a la Constitución y a la Ley.

Los acuerdos que se han hecho públicos por los citados partidos políticos ponen en grave peligro el funcionamiento del Estado de Derecho, en tanto que tratan de instrumentalizar y politizar la justicia mediante una deslegitimación de sus integrantes.

Como operadores jurídicos que desarrollan su actuación fundamentalmente en Cataluña, rechazamos de manera tajante las descalificaciones que se contienen en los acuerdos de investidura hacía el poder judicial, en cuanto ello supone un ataque a su independencia. En esa línea, negamos la existencia de una persecución política desde el poder judicial contra el separatismo. En los procedimientos judiciales se investiga la comisión de delitos y no se juzga la ideología de los autores de los hechos.

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Rechazamos conceptualmente la concesión de amnistía a los implicados en hechos delictivos que pusieron en grave peligro la convivencia entre los españoles y, especialmente, entre los catalanes, en tanto que pretenden otorgar espacios de impunidad a personas por su ideología. Este trato privilegiado es contrario al principio de igualdad entre los ciudadanos.

Nos parece especialmente grave que en los acuerdos de investidura se siembre la sospecha generalizada de una actuación judicial prevaricadora mediante la apelación al llamado “lawfare” y, además, se condicione la aplicación de la ley penal a la supervisión parlamentaria a través de Comisiones de investigación. La materialización de ese acuerdo, sin precedentes en la Unión Europea, acabará con la separación de poderes, en tanto que se pretende someter las decisiones judiciales a la supervisión de la “clase política”.

Para que las democracias sobrevivan deben protegerse los pilares fundamentales del Estado de Derecho, esto es la separación de poderes y la independencia judicial, así como los valores esenciales: la igualdad, la libertad y la justicia, de acuerdo con el art. 2 del Tratado de la Unión.

Por todo ello,
Expresamos nuestra confianza en el sistema judicial español y manifestamos que las discrepancias con las resoluciones judiciales se deben articular por los operadores jurídicos a través de los pertinentes recursos judiciales.

Convocamos a una concentración de los operadores jurídicos en defensa del Estado de Derecho y de la separación de poderes en las puertas de la CIUTAT DE JUSTICIA DE BARCELONA el próximo LUNES 13 de noviembre, a las 11.00 horas. 
 
 En Barcelona, a diez de noviembre de 2023 
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