Impunidad para los delitos cometidos por los separatistas durante 12 años

La ley (se puede leer el texto íntegro aquí) es, en realidad, una ley de impunidad para borrar los delitos cometidos durante 12 años por el separatismo catalán e impedir, incluso, que los tribunales puedan investigar cualquier cuestión relacionada con ellos.

El amplísimo abanico de delitos que quedarán impunes incluye delitos de corrupción política (como la usurpación de funciones públicas y la malversación de fondos públicos) e incluso delitos violentos (como el atentado contra la autoridad y delitos de terrorismo). Todos estos delitos serán borrados por la cesión del PSOE al chantaje del prófugo Puigdemont.

Un colosal fraude al Estado de Derecho

La ley incluye 11 páginas llenas de mentiras y manipulaciones para justificarla en su exposición de motivos. Mentiras y manipulaciones que contradicen las propias afirmaciones de miembros del gobierno (incluido Pedro Sánchez) señalando la inconstitucionalidad de la amnistía, antes de que esa medida fuese exigida por los separatistas como precio para apoyar la reelección de Sánchez. La exposición de motivos de esa ley es un colosal fraude al Estado de Derecho.

Un atentado contra el derecho constitucional a la igualdad ante la ley

Uno de los preceptos constitucionales que quedará gravemente lesionado por esta ley es el amparado por el Artículo 14 de la Constitución, que dice lo siguiente:

"Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".

Esta ley quiebra el derecho a la igualdad al dejar impunes e impedir la investigación de delitos cometidos por aliados del gobierno, simplemente porque Pedro Sánchez impone su interés personal sobre la legalidad, porque necesita el apoyo de los separatistas.

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La mera presentación de esta ley en el Congreso de los Diputados es un descarado acto de corrupción política, al suspender la aplicación de la ley para determinadas personas con el único fin de que Sánchez obtenga un beneficio personal.

Los actos que no serán perdonados y los que sí

Hay que decir que esta ley no perdonará ni borrará muchos actos contrarios a la legalidad vigente. De hecho, la forma más apropiada de valorar esta ley es considerar los actos que omite de su concesión de impunidad a una amplia serie de delincuentes:

Si has recibido una multa por no llevar el cinturón de seguridad en tu coche, la multa no será perdonada, aunque alegues motivaciones políticas para tu conducta. Eso ocurrirá mientras la ley perdona delitos de desórdenes públicos en los que se incendió mobiliario urbano.

Si por un error dejaste de pagar algún impuesto, serás castigado, porque tú no eres un influyente político separatista capaz de torcerle el brazo al gobierno para que haga la vista gorda ante ciertos delitos. Tú serás castigado mientras los malversadores de millones de euros quedan impunes.

Si insultas a un policía en el ejercicio de su deber podrás ser multado, con multa de hasta 18 meses en virtud del Artículo 504 del Código Penal. Sin embargo, delitos de atentados contra la autoridad cometidos por separatistas serán perdonados y borrados, incluso los cometidos contra agentes que quedaron lesionados de por vida.

Si un ladrón armado entra en tu negocio y le das una paliza, podrás ser detenido y enviado a juicio (ya ha habido casos en España), aunque alegues que defendía tu integridad personal. Todo ello mientras la ley de amnistía perdona y borra delitos de terrorismo, prohibiendo investigarlos, incluso algunos relacionados con la tenencia de explosivos.

Una derogación de facto del Artículo 14 de la Constitución

Así pues, esa ley de amnistía implica la derogación de facto y por la puerta de atrás del Artículo 14 de la Constitución, suprimiendo el derecho que tenemos todos a que la ley nos trate de igual forma, seamos quienes seamos.

Y todo ello porque Sánchez necesita un puñado de votos de los separatistas para ser reelegido, y ha decidido que seamos los españoles quienes paguemos el precio del chantaje planteado por los aliados del PSOE. ¿Con qué autoridad moral el Estado impondrá a partir de ahora cualquier sanción por cualquier infracción?

Esta infame ley convierte el poder sancionador del Estado en un mero ejercicio arbitrario, en virtud del cual unos políticos borran los delitos de otros políticos porque necesitan su apoyo: corrupción pura y dura.

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