España se encuentra ante una grave encrucijada que determinará su futuro y que hace inaplazable la acción de la sociedad civil.

Por primera vez en los cuarenta y cinco años transcurridos desde los días decisivos de la llegada de la democracia, uno de los dos grandes partidos nacionales ha abandonado su deber de defender el orden constitucional y, en estrecha alianza con los enemigos declarados de la Nación y dentro de un proyecto deconstituyente, se dispone a aprobar leyes de imposible encaje en la Norma Fundamental a cambio de mantenerse en el poder.

Con la previsible investidura, la aprobación de la inconstitucional amnistía y el futuro referéndum para la independencia se entra en una nueva fase de un proceso que pone en riesgo cierto la existencia misma de España como espacio de garantía de nuestros derechos y libertades y como entidad histórica multisecular.

No podemos permanecer impasibles ante ello. Por eso, en esta hora determinante en la que los españoles nos jugamos el ser o el no ser, llamamos a todos los ciudadanos, de izquierdas, de centro o de derecha, a posponer las diferencias ideológicas y unirse en la defensa del acuerdo y el entendimiento que han marcado el camino de los últimos cuarenta años y nos han llevado a las cimas más altas de prosperidad y convivencia.

Llamamos a todos los ciudadanos a unirse en la defensa de la esencia misma de la democracia liberal y de una España de ciudadanos libres e iguales en derechos.

 La anterior fase de este proceso se fraguó con la colusión del Partido Socialista con el secesionismo, los albaceas del terrorismo y el populismo comunista, para acceder al gobierno de España. Se sentaron entonces las bases para allanar el camino hacia la exclusión permanente de una gran parte de los españoles del reparto del poder y hacia la transfiguración de una democracia con todas sus garantías en una democracia disminuida que, paso a paso, se vacía de contenido.

Una democracia en la que la Constitución y la soberanía nacional no se alzan como el límite que hasta ahora han sido frente al uso de la ley y de la estructura de la Nación como moneda de cambio para conseguir y mantener el poder.

 Se resolvió en esa fase previa el horizonte penal y penitenciario de quienes habían promovido un golpe de Estado en Cataluña y quienes durante decenas de años habían sembrado el terror en España.

Desde el gobierno y sus socios se deslegitimó a la monarquía y a cuantos organismos tiene como función moderar o controlar y hacer de contrapeso del poder ejecutivo, sea el Banco de España, el poder judicial, el CGPJ o el Tribunal de Cuentas. Se colonizaron las Instituciones y corporaciones promoviendo a leales al partido o cesando a los titulares incómodos de las mismas, desde la Fiscalía, hasta RTVE, pasando por el C.N.I., C.I.S., Agencia EFE, Abogacía del Estado, Guardia Civil y tantos otros. Se utilizó el presupuesto para ganar la lealtad de medios, sindicatos y grupos de presión.

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Y, por encima de todo ello, como elemento esencial para avanzar en su proceso deconstituyente, se controló políticamente el Tribunal Constitucional, haciendo presidente a un jurista tan palmariamente afín como Conde-Pumpido y nombrando magistrados tan netamente partidistas como un ministro y una director ageneral del propio gobierno. Se garantizaban así la interpretación partidista y ajurídica de nuestra Norma Fundamental.

 La aprobación de la amnistía y la próxima investidura son el comienzo de la siguiente etapa de este proceso que amenaza con transformar nuestra Nación en un agregado informe e inestable de entidades políticas artificiales, inviables y hostiles entre sí, apartadas del riguroso imperio de la ley y de la separación de poderes y sometidas únicamente al límite del circunstancial equilibrio de fuerzas de cada momento.

 La amnistía, cuya inconstitucionalidad era sostenida hasta hace escasos meses por los mismos que ahora la utilizan impúdicamente para obtener una investidura que nace corrupta, no es sólo contraria a nuestra Constitución, que claramente lo es. No es sólo una profunda inmoralidad que da por bueno el relato de los secesionistas que perpetraron el golpe de Estado del otoño de 2017 y ultraja a quienes defendieron lealmente el Estado de Derecho.

No es sólo una iniquidad que termina con la igualdad de los españoles y con la división de poderes y sitúa a los políticos que ostentan el poder por encima de la ley, que también lo es.

 Además de todo eso, es la mejor metáfora de la España hacia la que nos quieren dirigir:

 Una España en la que se pacta el reparto del poder con el Estado de Derecho y la Nación como moneda de cambio y se consolida la confluencia de los enemigos declarados de España, los representantes del autoproclamado socialismo del s. XXI y un Partido Socialista apartado de los valores políticos esenciales que representan sus dirigentes históricos que tomaron parte en la Transición.

Una España en la que se transita del ya insólito perdón a los responsables del golpe de Estado en Cataluña, a la sobrecogedora legitimación política y jurídica de su actuación. Los españoles no podemos olvidar que el 10 de octubre de 2017 en la sede del Parlamento de Cataluña el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, proclamó la independencia de Cataluña. Nunca desde el inicio de nuestra democracia España había sufrido una agresión de tal gravedad a su integridad territorial y a las bases de la Constitución que nos dimos los españoles.

Una España en la que reducidas mayorías circunstanciales en el Parlamento son utilizadas para anular los mecanismos de control y desmontar el sistema de equilibrios y contrapesos, impidiendo a los jueces juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, desfigurando hasta hacerla irreconocible la división de poderes, seguros de obtener el respaldo de un Tribunal Constitucional “secuestrado”, lo que preludia el asalto definitivo al poder judicial mediante la alteración de las reglas de elección del CGPJ.

Una España en la que desde potentes medios de comunicación y opinadores de partido se despliega una abrumadora propaganda, destinada a justificar lo injustificable.

Una España en la que la maquinación y el obsceno engaño a la población se convierte en instrumento de acción política, lo que fundamenta la afirmación de que, igual que se negó la amnistía ahora ya en marcha, se niega la convocatoria de un referéndum sobre la secesión, más o menos encubierto, pero cuya concreción se está negociando ya.
 
 Ésa es la España hacia la que quieren conducirnos. Sin embargo, los que abrigan tal designio han de saber que no lo permitiremos y que, al amparo de la ley, defenderemos con todos los medios a nuestro alcance la Constitución de la concordia y no consentiremos de ninguna manera que minorías transgresoras, por agresivas y violentas que se muestren, dobleguen la voluntad mayoritaria de millones de ciudadanos que quieren vivir juntos en libertad, justicia e igualdad, en un país regido por el imperio de la ley y la separación de poderes.

 Dentro de este espíritu de rebeldía cívica, las organizaciones que promovimos la gran concentración ciudadana del pasado 21 de enero en la plaza de La Cibeles de Madrid bajo el lema “Por España, la democracia y la Constitución”, y otras muchas organizaciones que se han ido adhiriendo a esta reacción, nos manifestamos en la Plaza de la Cibeles de Madrid hoy 18 de noviembre a las 12:00 horas. Con esta concentración mostramos a nuestros políticos, a la Unión Europea y al mundo entero, que no nos dejaremos arrebatar mansamente nuestros derechos y que democrática y multitudinariamente decimos: 

 NO EN MI NOMBRE: NI AMNISTÍA, NI AUTODETERMINACIÓN 

 ¡POR LA LIBERTAD, LA UNIDAD Y LA IGUALDAD!

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