Lo logró. Contra viento y marea, finalmente el socialista Pedro Sánchez estará cuatro años más al mando de España. Negociar su permanencia en la Moncloa a cambio de una amnistía para los encausados del procés (independentismo catalán) le funcionó para alcanzar 179 votos a favor de una nueva investidura este jueves en el Congreso. Sin embargo, la extensión de su estadía en el Palacio de Gobierno con aliados que arrastran un historial de corrupción y sedición hunde a la nación en inestabilidad, conflicto e incertidumbre.

La vorágine ya comenzó. Oliendo a huevos llegaron varios diputados del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) al Congreso para votar por la continuidad a pesar de Sánchez haber perdido los comicios en julio, tras haber sido atacados en las cercanías al hemiciclo. No podía ser diferente.

El pacto con Sumar, Junts per Catalunya (JxCAT o Junts), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Partido Nacionalista Vasco (PNV), Bloque Nacionalista Galego (BNG), Euskal Herria Bildu (EH Bildu) y la Coalición Canaria (CC), enardece a más de uno en las calles y les toca pagar las consecuencias. Desde hoy, a Teruel Herminio Rufino Sancho le resultará inolvidable el impacto de las cáscaras en su cabeza por apoyar a Sánchez.

El líder de los socialistas polarizó al país. Todos –hasta su entorno– padecen el impacto, incluso, él. La votación en el Congreso lo dejó claro cuando 171 diputados rechazaron su juramentación cerrando la posibilidad a abstenciones. Eran imposibles. La nación va directo a un túnel. 

El precio del perdón
El futuro de España luce turbulento, considerando que esta vez Sánchez sumó más apoyos que en su investidura anterior, cuando se juramentó con lo mínimo tras conseguir 167 votos. Para aquel momento ERC y Bildu se abstuvieron, mientras que CC y Junts se opusieron. Ahora, los conquistó a todos para reeditar su gobierno de coalición “progresista”, pero el precio a pagar será mayor. El nuevo gobierno de Pedro Sánchez estará hipotecado a los independentistas.

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 Sumar le aportó sus 31 escaños en el Congreso, ERC y Junts le dieron los siete votos con los que cada uno cuenta para un total de 14, por PNV se sumaron cinco curules, EH Bildu sus seis parlamentarios vascos, y BNG y la Coalición Canaria el diputado que tiene cada uno.

La promesa del perdón que gestionará Sánchez para los líderes de los partidos independentistas catalanes ERC y Junts, Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, así como para distintos dirigentes, alcaldes, manifestantes y agentes policiales que actuaron durante el referendo de 2017 –declarado ilegal por la justicia española– aprieta el cuello al presidente de gobierno en su nueva legislatura.

Presión catalana
Puigdemont quiere volver lo antes posible de Bruselas –donde está prófugo– para gozar de privilegios inmediatos, entre ellos, una escolta por “la grave situación de inseguridad”. De hecho, su jefe de gabinete, Josep Lluís Alay, envió una carta al consejero de Interior, Joan Ignasi Elena, donde solicita la protección.

Ambos exigen “la asignación inmediata y con carácter de urgencia de los efectivos de escolta de Mossos que son necesarios para el desarrollo de las funciones”. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, confirmó que tramitará la petición. Las bandejas de plata se asoman a la mesa cuando aún los tribunales, los órganos administrativos y hasta contables implicados en la amnistía tienen dos meses para aplicar el beneficio.

 Una equivocación
“Le he dicho al presidente del Gobierno que esto es una equivocación y que él es el responsable de lo que acaba de hacer. Nos preocupa la situación de este presidente, sometido a un contrato mensual que ha de suscribir el independentismo”, dijo el líder del Partido Popular, Alberto Nuñez Feijóo, tras la votación.

“El PSOE está en manos de los que quieren un reconocimiento de nación distinta a los de España y un referendo de autodeterminación”, agregó el líder de los populares. Sánchez parece no verlo. Madrid sí. Las protestas seguirán este sábado en Cibeles porque la investidura nace de una “transacción corrupta”, asegura Cayetana Álvarez en redes sociales.

Además de la presión en las calles, Pedro Sánchez tampoco contará con los acostumbrados “100 días de gracia” por parte de sus aliados cuando el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, le advirtió que “no se la juegue” con la amnistía, mientras la vocera de JxCat, Miriam Nogueras, le cuestionó el tono con la cual defendió la ley.

“Su discurso no ha sido valiente”, le ha recriminado Nogueras. “Su responsabilidad era respetar el marco acordado y hacer honor a lo pactado”. Tiene la cuerda corta, es innegable.

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