El Puerto de Valencia sigue bajo el foco. Si en las últimas semanas ha estado en el centro de la polémica política por el bloqueo del Gobierno de España a su ampliación, la sombra de sospecha se extiende ahora sobre su Consejo de Administración.

En concreto, sobre la socialista Inmaculada Rodríguez-Piñero, que hasta hace dos meses ocupó un asiento de vocal en el órgano de la Autoridad Portuaria a pesar de que su condición de eurodiputada es "incompatible" con este cargo según la Abogacía de la Generalitat.

La propia Rodríguez-Piñero alega que tiene los informes de compatibilidad del Parlamento Europeo, si bien la Abogacía entiende que los 40.000 euros brutos que ha percibido en concepto de dietas los cobró de manera irregular.

Aunque presentó su dimisión en septiembre, Rodríguez-Piñero fue nombrada vocal de la Generalitat en el Consejo de Administración del Puerto en 2015, a propuesta del anterior gobierno autonómico de Ximo Puig y cuando ya era eurodiputada.

Sin embargo, la Abogacía de la Generalitat considera en un informe con fecha del 15 de noviembre que "la condición de diputado del Parlamento Europeo es incompatible con la de vocal del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia y con la percepción de cualquier remuneración pública que no provenga de su condición de diputado".

Preguntada al respecto por este diario, la eurodiputada ha manifestado su sorpresa y cuestiona "cómo nadie advirtió de esta supuesta incompatibilidad en ocho años". De hecho, justifica que en su declaración pública de intereses ante el Parlamento Europeo figura el cobro de las dietas del Puerto.

 Para sostener su acusación, la Abogacía se basa en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), según la cual "el mandato de los diputados del Parlamento Europeo se ejercerá en régimen de dedicación absoluta".

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En la práctica, esto implica que "no podrán percibir con cargo a los presupuestos del sector público estatal, autonómico o local ninguna remuneración". Es más, la normativa subraya que los eurodiputados "no podrán formar parte de los órganos colegiados de dirección o consejos de administración de organismos, entes públicos o empresas con participación pública mayoritaria".

La Abogacía se fija incluso en el propio reglamento de gestión y funcionamiento del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, que señala "expresamente" que no podrán formar parte de él "quienes se hallen incursos en incompatibilidad". El informe jurídico apunta directamente a Rodríguez-Piñero, que se mantuvo como consejera los años en que estaba al frente del Puerto Aurelio Martínez, otro histórico socialista a quien Puig confió las riendas del organismo entre 2015 y 2023.

Rodríguez-Piñero, que fue alto cargo de Infraestructuras en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, percibió un total de 40.000 euros brutos por su asistencia al Consejo de Administración durante el tiempo en que fue vocal. A juicio de la Abogacía, "un eurodiputado no puede percibir dietas" por este concepto.

Las dietas están reguladas, pero siempre y cuando no exista ninguna incompatibilidad y el consejero presente una "declaración responsable" confirmando tal circunstancia. Rodríguez-Piñero lo hizo en 2021, tras cambiarse el reglamento, pero la Abogacía afirma que "dicha declaración no resulta acorde con la normativa aplicable".

Si su condición de eurodiputada la invalidaba para ejercer como vocal en el Consejo de Administración del Puerto, ¿hasta qué punto son válidos los acuerdos aprobados con el voto de Rodríguez-Piñero? La respuesta de la Abogacía es clara: "La incompatibilidad podría afectar a la validez de los acuerdos que no hayan adquirido firmeza, que podrían ser impugnados" si su presencia hubiera sido "decisiva" para constituir el Consejo de Administración y para sacar adelante una votación.

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Fuente original: El Mundo