La Comisión Europea ha pedido endurecer la legislación contra las mafias que trafican con migrantes, para lo que ha reclamado una definición clara del delito de tráfico para perseguir a quienes se enriquecen con las rutas ilegales y penas de al menos 15 años de prisión para los casos más graves que acaban con la muerte de quienes tratan de llegar a la Unión Europea.

"Se trata de poner el foco donde se debe poner: castigar a las mafias, nunca a los migrantes", ha expresado en una rueda de prensa en Bruselas la comisaria de Interior, Ylva Johansson, al exponer algunas de las claves de la propuesta que ha presentado coincidiendo con la primera convocatoria de la 'Alianza Global contra el tráfico de personas'.

Bruselas quiere mejorar el marco regulatorio en la Unión Europea para contar con normas mínimas comunes tanto para prevenir el tránsito ilegal de personas como para contrarrestar la actividad de las mafias que facilitan el tránsito y estancia irregular en suelo comunitario.

En este contexto, los servicios comunitarios abogan por armonizar las penas contra las formas más graves de tráfico de migrantes para que se aumente de 8 a al menos 15 años los castigos máximos para los casos en los que la actividad ilegal tiene como consecuencia la muerte de personas.

Para ello también advierte de la necesidad de contar con una definición más clara del delito de contrabando que generen beneficios económicos o materiales, así como cuando dicha actividad tenga altas probabilidades de causar daños graves a una persona. Los anuncios en redes sociales y otras plataformas animando a entrar de manera ilegal a la Unión Europea también deberán considerase delito, de acuerdo a la propuesta del Ejecutivo comunitario.

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Otra de las claves es que se aplique en las situaciones en alta mar la jurisdicción de los Estados miembros en donde se registraron las embarcaciones o aviones utilizados para recorrer la ruta ilegal, así como a los delitos cometidos por personas jurídicas que operan en la UE.

Bruselas aclara sobre este punto que el objetivo es atacar a las mafias y por tanto no deberán criminalizarse actividades como la asistencia humanitaria de las ONG, que tienen la obligación legal de búsqueda y rescate en alta mar, ni la ayuda prestada por familiares u otros migrantes.

También se deberán reforzar los medios y recursos disponibles para que las autoridades nacionales puedan combatir las mafias, además de favorecer la recopilación e intercambio de datos.

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