Han pasado cinco años desde que el Gobierno español de Pedro Sánchez adquirió una nueva sede para su embajada en Caracas, Venezuela. Sin embargo, las instalaciones continúan vacías luego de gastarse más de tres millones de euros en modificaciones, aparte de los seis millones que costó el inmueble.

Este retraso no deja de levantar sospechas por el gasto que la decisión implicó para las arcas del Estado español. Y es que la desviación presupuestaria representa 15 % con relación al proyecto aprobado inicialmente. Ahora hay muchas preguntas y pocas respuestas por parte del Gobierno de Sánchez.

El edificio completamente remodelado se veía hace dos años en fotografías a las que tuvo acceso el portal The Objetive. Testigos declararon que desde abril de 2021 “no había obreros en la zona”.

Pero luego de eso, llegaron más gastos mientras que la Oficina de Información Diplomática (OID) alega «cuestiones administrativas relativas a permisos y autorizaciones de carácter técnico» que impiden la mudanza. Dicen que esperan que se resuelva «en los primeros meses del año próximo». Es decir, en 2024.

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Mudanza costosa para los españoles
Para el año 2021 circulaba en los medios la noticia de que Pedro Sánchez mandó a blindar la embajada española en Caracas en un edificio que anteriormente pertenecía al Banco Nacional de Crédito (BNC), ubicado en la zona de Altamira. Eso incluía el levantamiento de muros resistentes al fuego, la instalación de un circuito cerrado de televisión y sistemas anti-intrusión. Aparte, se construyeron garitas de vigilancia en todo el perímetro y la adaptación de un equipo electrógeno propio ante los constantes apagones en Venezuela.

 Esta sede premium se propuso para proteger al personal diplomático luego del ataque que sufrió en 2017 el edificio donde todavía permanece la legación española. Unos motorizados arrojaron bombas molotov sobre las áreas verdes luego de que el entonces embajador español en Venezuela, Jesús Silva, participara en una sesión de la Asamblea Nacional, donde se aprobó por unanimidad un acuerdo en rechazo a la Constituyente del dictador Nicolás Maduro.

El gesto le salió caro a las autoridades españolas por el revuelo que levantó el ataque y la costosa obra que se aprobó para evitar incidentes similares. Y es que enero de este año se destinaron 149.000 euros más para instalar «medidas de seguridad electrónica» en el complejo que albergará a funcionarios de la cancillería, el consulado general y el resto de oficinas que estaban repartidas por la capital, de acuerdo con el mencionado portal.

Adicionalmente, en abril hubo otro contrato por un valor de 37.954,29 euros para la reparación de las cubiertas en la cancillería, y en agosto, el Gobierno de Sánchez aprobó una partida adicional de 11.869 euros para el «servicio de mantenimiento reactivo en el sistema de seguridad de las nuevas instalaciones».

España endeudada
La cartera de Asuntos Exteriores de España está bajo la dirección de José Manuel Albares Bueno desde julio de 2021. Es decir, cuando las obras supuestamente habían culminado. Bajo su dirección está Ramón Santos, actual embajador español en Venezuela y quien fue designado en 2022 en ese cargo luego de dos años sin embajador en la nación sudamericana.

Antes de que eso pasara, Jesús Silva había abandonado Caracas en 2020 (la compra se produjo bajo su gestión en 2018 ), por lo que a cargo de la embajada española había quedado Juan Fernández Trigo como encargado de negocios.

 En otras palabras, el proyecto ha pasado de mano en mano sin que exista una respuesta certera acerca del gasto millonario y de la puesta en funcionamiento del edificio de cuatro pisos y 562,7 metros cuadrados de superficie en cada uno.

Por lo pronto, se mantiene el escrutinio sobre Pedro Sánchez por las desfavorables expectativas económicas y por el récord de 1,57 billones de euros que marcó la deuda pública en septiembre. Las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) tampoco son alentadoras al prever para 2024 más inflación y desempleo. Son indicadores que perjudican aún más la imagen del presidente del Gobierno, que ha costeado los elevados gastos en una embajada que aún no funciona.

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