Pedro Sánchez es un presidente demócrata –a pesar de no haber ganado las elecciones generales– ya que tiene mayoría en el Parlamento. Esto es suficiente y normal en las democracias. Al menos, formalmente hablando.

Pero el problema no es este. ¿Cuál es el problema? Que, en una democracia, el Parlamento no puede hacer cualquier cosa. ¿No? Pues no. Por ejemplo. El Parlamento español actual, con mayoría de socialistas, comunistas, golpistas catalanistas y filoterroristas de Bildu, no puede –democráticamente hablando– prohibir que los militantes del PP y de Vox, accedan a las oposiciones a funcionario público.

Podría hacerlo, porque tiene mayoría suficiente, pero no está justificado, democráticamente hablando. Esto significa que la democracia y el ejercicio de la democracia, tienen límites.

¿Sí? ¿Y cuáles son estos límites?

 Veamos lo que dice el artículo 9.1 de la Constitución española:

Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
O sea, que el Parlamento no puede ir más allá de lo permitido por el sistema jurídico. Dicho con otras palabras: la Constitución (democrática, damos por supuesto) garantiza la libertad, los derechos fundamentales, la separación de poderes, el principio de legalidad y la protección judicial frente al uso arbitrario del poder.

Ahora nos preguntaremos por la importancia de la separación de poderes en un sistema democrático. ¿Por qué es importante? Porque distribuir los poderes estatales permite que se limiten entre sí. ¿Es bueno que se limiten los poderes entre sí?

Lo es, porque la acumulación de poder siempre, repito, siempre, es peligrosa para el buen funcionamiento de la democracia. La acumulación de poder facilita las actitudes y comportamientos no democráticos. O sea, autoritarios.

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Nos podemos preguntar si en España, aquí y ahora, existe una sana separación de poderes, o una insana concentración de poderes. Un detalle muy negativo es que el gobierno de Pedro Sánchez ‘controla’ el Tribunal Constitucional, que es el que puede decidir si el gobierno pasa –o no– los límites legalmente permitidos.

 “El TC abre la vía a Sánchez para controlar el CGPJ esquivando al PP. Vocales denuncian que la corte de garantías se coloca en una posición de ‘activismo político'”. 

Añadamos que el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, sigue al frente del departamento de Presidencia y Relaciones con las Cortes, además de Justicia. ¿Llamaríamos a esto respeto por la ‘separación de poderes’ o lo llamaríamos ‘acumulación de poderes’?

Ahora vayamos al ‘lawfare’. ¿Qué es el lawfare?

“El pacto también incluye que el perdón ampare los casos de lawfare, una de las exigencias de Puigdemont, tanto para blindarse a sí mismo, como a sus colaboradores. Que el texto del acuerdo refleje dicho concepto, abre la puerta a exigir ‘responsabilidades’ a los magistrados que aplicaron la Ley en el procés, ha puesto en alerta al Poder Judicial. Es ‘puro chavismo, el fin de la independencia judicial'”, advierten jueces y fiscales. 

“Víctor Ferreres: Las comisiones parlamentarias del ‘lawfare’ son un atentado al Estado de Derecho“. Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona), Víctor Ferreres considera que la Ley de Amnistía está injustificada y fuera del marco constitucional. 
Recordemos que el indulto borra la pena, pero la amnistía borra el delito. O sea, los golpistas catalanistas no dieron el golpe. Y anuncian que lo volverán a hacer.

¿Por qué las comisiones parlamentarias del lawfare son un atentado al Estado de Derecho? Porque –dicho resumidamente– el Parlamento, controlado por Pedro Sánchez y sus socios golpistas catalanistas, comunistas y filoterroristas de Bildu, podrá decidir que una sentencia determinada de un juez determinado, es injusta y sectaria. Y luego, proceder a sancionar a este juez.

¿Y cómo se podría justificar todo esto? Muy sencillo. Las criadas mediáticas repetirán, mañana, tarde y noche, que las decisiones parlamentarias son ‘progresistas’. Y que las decisiones judiciales (sancionadas) son ‘franquistas’ o ‘reaccionarias’.  Nada nuevo. El ministro de Propaganda de Hitler, J. Goebbels: “Una mentira repetida mil veces, se convierte en una verdad”. No es que se convierta en una verdad, es que se acepta como si lo fuera.

Esto es una siniestra farsa, no una democracia. Los jueces podrán ser condenados por el Parlamento ‘progresista’. Detrás de ellos, irán periodistas, escritores, profesores y los que el régimen decida condenar.

Es el nuevo chavismo español.

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