Hacer homenajes a los asesinos etarras ya no será delito con la ley que impulsa Pedro Sanchez, pero si será delito los que tengan relación con Franco que hace cincuenta años que murió.

Una gran parte de las medidas contenidas en la ley de Memoria Democrática, aprobada en octubre de 2022, están pendientes de desarrollar. Las convocatorias electorales y los meses trascurridos con el Gobierno en funciones frenaron un impulso que ahora el Ejecutivo pretende retomar durante “los primeros meses” del próximo año.

La activación de los mecanismos legales para disolver la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) es una de las prioridades, según fuentes del ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. El departamento dirigido por Ángel Víctor Torres asumió las competencias en memoria democrática que antes dependían de Presidencia.

La proposición de ley impulsada por Sumar, socio de Gobierno de Pedro Sánchez, para suprimir, entre otros, el delito de enaltecimiento de ETA tiene varias implicaciones.

El texto pulveriza por completo el artículo 578 del Código Penal, que hace referencia a la justificación pública de los actos terroristas y de sus autores. Pero también aquellos actos a favor del terrorismo que tengan implicaciones, no sólo para sus víctimas, sino para toda la sociedad.

En concreto, el artículo que el Gobierno debatirá suprimir castigar con hasta tres años de cárcel y multa de dieciocho meses «el enaltecimiento o la justificación públicos» de los hechos provocados por ETA, así como «de quienes hayan participado en su ejecución, o la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares».

Además, se destaca que «cuando los hechos, a la vista de sus circunstancias, resulten idóneos para alterar gravemente la paz pública o crear un grave sentimiento de inseguridad o temor a la sociedad o parte de ella se impondrá la pena en su mitad superior, que podrá elevarse hasta la superior en grado».

Todos estos delitos quedarán, sin embargo, suprimidos si sale adelante esta reforma, que ya ha pasado el primer trámite parlamentario. El PSOE y sus socios de investidura han aceptado la toma en consideración del texto de Sumar. Las víctimas de ETA sólo quedarán amparadas por su consideración de «agravante», de forma que cometer un delito «por razón de ser víctima del terrorismo» incrementará la pena del delito en cuestión.

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 El PSOE ha puesto reservas a suprimir el delito de enaltecimiento de ETA pero, aún así, se ha puesto del lado de sus socios de Gobierno para permitir que se abra un debate. La propuesta busca además despenalizar las injurias a la Corona, las ofensas a los sentimientos religiosos y los ultrajes a los símbolos nacionales.

En su turno de posicionamiento, la diputada socialista Isaura Leal ha destacado que hay que «abrir un debate sosegado para consensuar las reformas necesarias» y ha aprovechado para atacar a la oposición. Según la socialista, es preciso alejarse de «posiciones maximalistas o extremistas».

Desde el Grupo Parlamentario Popular, el diputado Sergio Sayas ha cargado contra la iniciativa, señalando que Sánchez y sus socios quieren  «dar impunidad al odio» ya que la libertad de expresión «está garantizada en la Constitución». 

«No vienen a defender la libertad de expresión sino a cargarse la España constitucional», ha resaltado. Por su parte, el diputado de Vox José María Figaredo ha atacado también la iniciativa de Sumar señalando que lo que busca no es más libertad de expresión sino «la ley del embudo» para «amordazar y arrodillar a la oposición».

Desde Sumar, Enrique Santiago ha considerado que la situación actual en lo referente a las penas relativas a la libertad de expresión es una «anomalía democrática».

Los socios de investidura han cargado contra la «censura» que, en su opinión, existe en el Estado español. Desde Bildu, por ejemplo, han señalado que se trata de delitos «de otra época» y que los condenados por estos hechos «no deberían verse en un Estado democrático o avanzado».

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