El Gobierno da por hecho que la Ley de Amnistía saldrá finalmente adelante y no contempla el escenario contrario, a pesar de que todavía no ha cerrado un acuerdo con Junts. Además, envía un mensaje de presión a la formación del expresidente catalán Carles Puigdemont al señalar que los socialistas no tienen entre sus filas a posibles beneficiarios de la ley y que en cualquier caso seguirán gobernando, según fuentes gubernamentales.

Además restan importancia a la iniciativa registrada en el Parlament de Cataluña para realizar una declaración unilateral de independencia, que cuenta con el aval de la CUP y de Junts. Las fuentes consultadas señalan que en esta Cámara ya se han visto "posiciones maximalistas" que finalmente no llegan a nada y consideran que en este caso ocurrirá igual.

En este sentido, la portavoz del Gobierno y ministra de Educación , Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, afirmó que sería "deseable" que saliese adelante porque, a su juicio "nadie, especialmente en Cataluña, entendería que esa ley no se aprobase".

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En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se celebró este martes en La Moncloa dijo que la ampliación del plazo hasta el 7 de marzo para que la Comisión de Justicia pueda emitir un nuevo dictamen de la ley está dentro de la "normalidad" de los procedimientos parlamentarios.

En la misma línea de presión a Junts, fuentes del Gobierno recuerdan que los socialistas no tienen a ninguna persona entre sus filas que se podría ver beneficiado por la amnistía, al contrario que ocurre con la formación independentista, que se juega la extinción de causas judiciales que afectan directamente a sus cargos.

Señalan además que haya ley o no van a seguir gobernando y de este modo tratan de pasar toda la presión a Junts, de cuyo voto depende que la ley tenga luz verde, toda vez que ERC y el resto de socios de investidura del Gobierno llevan tiempo situados en el 'sí'.

DESCARTAN CAMBIOS EN TERRORISMO
Además, las fuentes del Gobierno consultadas descartan más cambios en la ley respecto al delito de terrorismo, tal como reclaman los neoconvergentes, que temen que con el actual redactado puede haber personas que se queden fuera del paraguas de la amnistía, debido a las actuaciones de los jueces que llevan las causas derivadas del procés, como Manuel García Castellón con 'Tsunami' y el juez Joaquín Aguirre, que instruye la llamada trama rusa.

El Gobierno, por el contrario, sigue insistiendo en que la ley debe ser constitucional para poder superar los recursos que previsiblemente tendrá que afrontar en el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En Moncloa reiteran por tanto que su posición es firme y descartan cambios en esta línea.

En estos momentos el PSOE sigue negociando con Junts para tratar de convencerle de que vote 'sí' a la ley, después de que los de Puigdemont tumbasen la norma en el pleno del Congreso de los Diputados. Los socialistas han propuesto una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para acotar los periodos de instrucción y evitar que las causas se eternicen, pero su propio socio de coalición, Sumar, ha planteado dudas a esta solución.

Además, también esta sobre la mesa la posibilidad de indultar a los implicados por el procés que finalmente no queden incluidos en la amnistía, según indicó la semana pasada el ministro de Transportes y Agenda Urbana, Óscar Puente, que apuntó a esta posibilidad y además pidió aprobar la amnistía para "ahorrar trabajo a la Justicia".

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