Si uno echa un ojo a las cuentas de la Seguridad Social puede pensar que la situación no es tan mala como la pintan algunos analistas. La diferencia entre lo que ingresa el organismo y lo que después gasta en prestaciones fue en 2023 de 8.627 millones de euros. O lo que es lo mismo, un 0,6% del PIB. Un déficit menor al que registró el Estado (2,1%) o las comunidades autónomas (0,9%). 

Sin embargo, esta contabilidad esconde una realidad cada vez más compleja de transferencias y préstamos desde el Estado para cubrir el déficit real del sistema. Un desequilibrio que tiene su origen en la creciente brecha entre lo que se gasta en pensiones públicas y los ingresos por cotizaciones sociales destinados a pagarlas.

Así, desde Fedea estiman que, en realidad, el déficit del sistema público de pensiones asciende a 55.929 millones de euros. Una cifra que supera en más de seis veces el desequilibrio contable que registra la Seguridad Social.

 En un documento publicado por Miguel Ángel García, investigador de este centro de estudios, se estima que sin las transferencias y los préstamos del Estado el déficit de las pensiones alcanzaría el 3,8% del PIB. Es decir, una cifra superior al déficit del conjunto de las administraciones públicas del país el año pasado (3,6%).

El análisis de Fedea presume que las contribuciones que se realizan para pagar otras prestaciones que da la Seguridad Social, como la incapacidad temporal o por cuidado de menores, son suficientes para sufragarlas.

 Este sería el saldo "estrictamente contributivo" del sistema de pensiones. Es decir, la diferencia entre ingresos y gastos si el sistema tuviera que mantenerse estrictamente gracias a las cotizaciones sociales, algo que no ocurre desde hace más de diez años. Para tapar este agujero, el Estado transfiere cada año decenas de miles de millones de euros y presta dinero a la Seguridad Social a fondo perdido.

El año pasado, el Estado transfirió un total de 44.148 millones de euros para pagar las pensiones contributivas y las pensiones de Clases Pasivas (un régimen en extinción al que están adscritos unos 600.000 funcionarios públicos). Además, prestó otros 10.004 millones de euros con escasa esperanza de recuperarlos algún día.

Esos 44.148 millones se estructuraron en dos transferencias. Una de 7.345 millones de euros para abonar los complementos a mínimos (dinero que inyecta el Estado para complementar las pensiones de las personas que no llegan al mínimo legal).

Y una segunda, de 19.886 millones, para pagar los llamados gastos impropios. Estas transferencias se realizan siguiendo las recomendaciones del Pacto de Toledo, la comisión del Congreso en la que se debaten los asuntos que rodean al sistema de pensiones..

Además, hay que añadir otros 16.917 millones del déficit de las pensiones de Clases Pasivas, que se financian casi en su totalidad a través del Estado. 

Estos fondos, reflexiona García, "redujeron los recursos disponibles para cubrir otras importantes necesidades públicas". Al fin y al cabo, ese dinero procede fundamentalmente de los impuestos y deja de invertirse en partidas más productivas como educación o sanidad.

El gasto de pensiones contributivas y Clases Pasivas ascendió el año pasado a 189.094 millones de euros. O lo que es lo mismo, un 12,9% del PIB. Mientras que los ingresos por cotizaciones, cuotas de Clases Pasivas y otras tasas ascendieron a 133.201 millones de euros.

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Las tendencias demográficas previstas para las próximas décadas, en las que se jubilarán millones de baby boomers con pensiones más cuantiosas que las de sus predecesores, elevarán previsiblemente el gasto.

El Gobierno estima que el estrés financiero sobre el sistema irá aumentando hasta alcanzar su punto culminante en la década de los 50. Según las últimas previsiones elaboradas por el Ministerio de Economía para la Comisión Europea, el gasto llegará 17,3% del PIB en 2050 y se mantendrá en ese entorno hasta 2070. 

La aportación del MEI "carece de sentido"
En Fedea, un centro de estudios financiado por algunas de las principales empresas cotizadas del país, pero que goza de notable prestigio académico, se muestran críticos con el mecanismo de equidad intergeneracional. Una subida escalonada en las cotizaciones sociales de los trabajadores cuyo objetivo es llenar la hucha de las pensiones y que no se empezaría a gastar hasta 2032.

Para García, el hecho de que el Estado tenga que prestar y transferir fondos a la Seguridad Social para mantener su equilibrio contable, hace que la aportación a la hucha "carezca de sentido", pues "no representa una reducción de la deuda neta del sistema, que sigue aumentando". Dicho de otra forma: si el sistema es deficitario, crear una contribución para engrosar la hucha no es más que un trampantojo contable.

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