El juez que investiga a Begoña Gómez dice que no hay "precepto alguno" que le impida citarla en campaña electoral

«Este instructor no conoce precepto alguno ni de la Constitución Española, ni de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ni de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ni de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General ni de ninguna otra ley que impida continuar el impulso de cualquier instrucción en curso». Y añade que «la costumbre como fuente supletoria del derecho» solo será aplicable «en ausencia de ley»

Noticias 07/06/2024 Impacto España Noticias Impacto España Noticias
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Begoña Gómez

El presidente ataca a un juez con una carta pública y éste le contesta a los dos días con una providencia. El magistrado que investiga a Begoña Gómez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios ha respondido a la misiva de Sánchez del pasado martes en la que le acusaba de intentar «condicionar» las elecciones europeas del domingo por saltarse la «regla no escrita» de evitar decisiones judiciales como citar a su mujer antes de unos comicios.

En dicha carta, difundida a través de sus redes sociales el mismo día que se conoció la citación como imputada de su esposa para el 5 de julio, el presidente del Gobierno acusa al magistrado Juan Carlos Peinado de incumplir uno de los pilares del Poder Judicial, como es la separación de poderes:

«Habitualmente se ha seguido la regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral y, por tanto, el voto de los ciudadanos. En este caso, resulta evidente que esta práctica no se ha respetado. Dejo al lector extraer sus propias conclusiones».

 El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha dictado una providencia, adelantada por 'El País'  en la que replica a Sánchez que «este instructor no conoce precepto alguno ni de la Constitución Española, ni de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ni de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ni de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General ni de ninguna otra ley que impida continuar el impulso de cualquier instrucción en curso». Y añade que «la costumbre como fuente supletoria del derecho» solo será aplicable «en ausencia de ley».

Además, Peinado anuncia que tomará declaración como testigo al empresario Juan Carlos Barrabés, que permanece ingresado en el Doce de Octubre. El juez insta al hospital madrileño a que le informe de los «días y horas de la semana comprendida entre el 17 y 23 de junio en que puede llevarse a cabo dicha diligencia de investigación». La declaración de Barrabés, prevista en principio para hoy mismo, fue pospuesta por sus problemas de salud.

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El juez también ha retrasado, en este caso a instancias del abogado de Begoña Gómez -al que le coincidía con un juicio señalado con anterioridad-, las de varios responsables de la empresa pública Red.es programadas para ayer y que el juez ha fijado para el domingo 16, aprovechando que está de guardia. Será la semana siguiente cuando lo haga Barrabés, todos ellos antes que la propia imputada.

 Peinado no es el único que contestará a Sánchez. El órgano de gobierno de los jueces españoles esperará a la semana que viene, después de que la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se emplazara ayer de forma extraordinaria al próximo lunes para «pronunciarse sobre las últimas manifestaciones públicas que pueden afectar a la independencia judicial», en alusión a esa carta de Sánchez.

Así lo ha decidido esta comisión del CGPJ en su reunión de ayer para que el debate y su respuesta pública a la carta del jefe del Ejecutivo se produzcan tras las elecciones de este domingo y no interfieran en las horas que quedan de una campaña que finaliza hoy mismo.

La decisión de la Comisión Permanente del CGPJ -de mayoría conservadora y formada por los siete vocales con dedicación exclusiva, incluido el actual presidente, Vicente Guilarte- llega después de que otros colectivos de la carrera alzaran la voz tras conocerse la misiva de Sánchez.

Al día siguiente, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente, que representan a más de 1.200 jueces españoles, emitieron un comunicado conjunto en el que denuncian que es «muy poco edificante que el presidente del Gobierno, máximo responsable del Poder Ejecutivo, traslade a la ciudadanía la idea de que un juez dicta sus resoluciones con intereses electoralistas».

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