La ruptura de Vox con los barones del PP en Castilla y León, Extremadura, Valencia, Aragón, Murcia y Baleares deja a una crisis política sin precedentes. La confrontación institucional alcanza su punto álgido. A la guerra abierta entre PP y PSOE se suma ahora también una lucha contra su socio natural, Vox, mientras que las relaciones se deterioran entre el Senado y el Congreso, junto con los tribunales.

El lío político es monumental si finalmente Vox decide abandonar asientos antes que quebrantar sus propios principios, una ruptura justificada para los conservadores, que prefieren antes quemar las naves que navegar con ellas sin honra ni honor.

 El ultimátum de Santiago Abascal a los barones del PP debe materializarse aún. El primer paso será en la reunión extraordinaria que tendrá lugar este jueves tras el desacuerdo materializado con el reparto de los menores no acompañados y la crisis migratoria en Canarias, que eleva las alarmas por encima de la vivida en 2006, la peor conocida hasta ahora en España.

No obstante, en el PP se muestran tranquilos a la hora de gobernar en solitario. Sin la atadura de Vox, esperan poder sacar acuerdos con el PSOE para aprobar Presupuestos, entre otras normas. «La salida de Vox de los Gobiernos será voluntaria», afirman fuentes ‘populares’ respecto a la ruptura de los conservadores. «Ellos mismos lo han anunciado. Ahora tocará esperar que la materialicen, pero estamos preparados para todo, como no podía ser de otra manera», destacan.

No habrá así una búsqueda exhaustiva para sustituir a consejeros o vicepresidencias. Asimismo, podría haber mociones parlamentarias que cambien la composición de las mesas de los Parlamentos autonómicos, toda vez que fueron asientos pactados entre PP y Vox. En algunos casos apuntan que sería un «momento idóneo» para adelgazar el gasto en la Administración y en la gestión de los Gobiernos autonómicos.

«El golpazo de Vox no es más que un giro de guión para tratar de achicar la fuga de votantes hacia Se acabó la fiesta, la formación de Luis ‘Alvise’ Pérez», apuntan. «Necesitan el portazo para marcar territorio», señalan las fuentes ‘populares’ consultadas. Por el momento, lo que se ha acabado es el consenso entre ambas formaciones, condenadas a entenderse si quieren expulsar al denominado ‘sanchismo’. No obstante, la línea dura del PP, que no busca acuerdos sino tratar de hundir a Vox, se impone.

Según Vox, una llamada de Feijóo ha bastado para cambiar de opinión a todos los barones, que aguardan con «tranquilidad» y «paciencia» las decisiones, sin descartar que se declare a Vox como un socio de coalición «poco fiable» y sea desalojado por el propio PP. Sea cual sea la vía de la ruptura, la confrontación está asegurada y no se descartan ni mociones de censura ni tampoco adelantos electorales en al menos cinco autonomías.

 Por el momento, el escudero más leal de Santiago Abascal en Castilla y León, Juan García-Gallardo, muestra la línea a seguir al resto de CC AA. Eso sí, desde la formación remarcan que «la negociación tendrá lugar región por región», sin seguir una orden directa. De haberla, todos ellos romperán, con la incógnita de la irrupción de ‘díscolos’ y ‘críticos’ que busquen antes las sillas que los principios.

 La buena relación es Valencia y Aragón, con un gobierno autonómico cohesionado y unido. De hecho, en la Comunidad Valenciana no buscan la ruptura total tras la complicidad mostrada para cerrar el pacto tras las elecciones del 28-M. «Se hizo rápido y con una clara sintonía», destacaron entonces fuentes del PP. Ahora, es una incógnita si la ruptura será traumática.

 Cabe señalar que en los acuerdos con Vox no se hace referencia a la acogida de menores, pero sí apunta a la inmigración ilegal. «Apostamos por la coordinación de las Policías Locales y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para prevenir la delincuencia, erradicar con eficacia la acción de las bandas organizadas y luchar contra las mafias de la inmigración ilegal», apunta el acuerdo en Murcia.

En Aragón, el único punto del programa conjunto referente a la inmigración ilegal indica: «Exigiremos en todas las normas y convocatorias para el acceso a subvenciones y ayudas del Gobierno de Aragón la acreditación de la residencia legal y no únicamente el certificado de empadronamiento. Suprimiremos cualquier ayuda pública a las organizaciones que colaboren con las mafias de tráfico de seres humanos». Ni una palabra sobre la acogida de menores.

En Extremadura, más de lo mismo. «Exigiremos el orden público y la seguridad de los barrios y zonas rurales, ambos pilares prioritarios de este gobierno», señala el último punto del programa firmado entre ambas formaciones. María Guardiola no tendrá problema a la hora de sustituir a los miembros de Vox en el Ejecutivo autonómico, toda vez que su pacto fue impuesto.

 En la Junta de Andalucía, por su parte, no hay mayor problema si Vox deja de apoyar al PP en distintos ayuntamientos. En la Autonomía, Juanma Moreno gobierna con mayoría absoluta, sin necesidad de preguntar a Vox. En Castilla y León es otro cantar y García-Gallardo está convencido de que dejará el cargo para negarse a acoger a 21 menores no acompañados.

De esta forma, Vox ha antepuesto sus propias convicciones antes que los sillones, una forma de gobernar que deja la inseguridad en las instituciones y con el riesgo de que el PSOE pueda fortalecerse en diversos territorios.

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