El Gobierno arriesga su entereza y con ella la de una legislatura maniatada por la volatilidad, en un final de julio que las circunstancias han convertido en termómetro del año transcurrido desde que Pedro Sánchez lograra contra pronóstico aguantar el tipo y la Moncloa tras las elecciones generales del 23 de julio de 2023.

La casualidad ha hecho que el próximo martes, justo cuando se cumplen doce meses de aquella cita con las urnas que encadenó la investidura y la coalición con Sumar a los pactos con el soberanismo, el Ejecutivo tenga que pasar la prueba en el Congreso de la reforma de una ley de extranjería que el desmarque de Junts había dejado en manos de un PP, que ayer ratificó al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que sigue en el «no» al no ver aceptadas sus condiciones.

Y en paralelo, con una trascendencia política aun mayor, el presidente se juega la incierta investidura de Salvador Illa en Cataluña que los socialistas negocian, contra el reloj, con Esquerra.

Lo más perentorio tiene como escenario el cargado pleno que celebrará mañana en la Cámara Baja, donde se debatirá y votará la proposición de ley registrada hace una semana por PSOE, Sumar y Coalición Canaria —que gobierna las islas junto al PP— para reajustar la norma vigente desde el 2000 sobre extranjería.

En síntesis, el objetivo es un cambio en el artículo 35 para obligar, literalmente, a las comunidades autónomas a hacerse cargo de menores extranjeros no acompañados cuando alguna de ellas, como ocurre ahora en el archipiélago canario, vea desbordada en un 150% su capacidad de acogida.

Este domingo por la noche, el Ejecutivo se encontraba en un callejón que le aboca a la derrota parlamentaria —o bien a retirar su iniciativa—, tras constatar que el PP persiste en su negativa a avalar el cambio legislativo.

Eso, que sería un revés, o un pacto «in extremis» con Junts, que se niega a aceptar un marco común para todos los territorios en materia migratoria que fuerce a Cataluña a acoger menores inmigrantes en situación de soledad.

Los contactos entre los dos actores de los que depende, fundamentalmente, una política de Estado como la migratoria —el Ejecutivo que dirige el país y el PP que dirige la gran mayoría de las comunidades— encallaron pocas horas antes en un intercambio de mensajes a través de WhatsApp entre el ministro Torres y el portavoz de los populares en el Congreso, Miguel Tellado, a instancias del primero, según confirmaron fuentes de Génova.

La formación que preside Alberto Núñez Feijoo sí había respaldado, a través de sus gobiernos autonómicos, el reparto solidario de 347 niños y adolescentes extranjeros no acompañados que permanecían en la hacinada Canarias, en el marco de la conferencia sectorial celebrada en Tenerife el 10 de julio.

Ese pacto, en el que solo se abstuvo el Govern —el Gobierno negocia también la ley de extranjería con una ERC en la que ve «buena predisposición»—, fue lo que detonó hace pocos días la salida de Vox de los ejecutivos regionales que compartía con el PP.

Ya entonces los populares advirtieron al Ejecutivo de que no entrarían, en el paso siguiente, al cambio legislativo sin más recursos económicos para las comunidades y otra serie de premisas. Entre ellas, la declaración de emergencia migratoria y la convocatoria de una Conferencia de Presidentes, algo que vienen reclamando hace meses.

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