"Quiero recordar que el enemigo es este Gobierno – el Gobierno de Pedro Sánchez- y este Frente Popular. Y pido que eso sea lo que no se ha de olvidar", afirmó Isabel Díaz Ayuso ante los suyos, en el Comité Ejecutivo del PP de Madrid, celebrado a principios de la pasada semana.

La presidenta centraba de esta manera el debate tras la ruptura de Vox con el PP - que provocó la salida de los de Santiago Abascal de los gobiernos autonómicos de Castilla y León, Extremadura, Comunidad Valenciana, Murcia y Aragón- a cuenta de la acogida de los menores inmigrantes no acompañados.

Ayuso dedicó buena parte de su intervención en esa reunión a la crisis migratoria que vive España. "Madrid ha sido siempre, no es de ahora, desde hace siglos, una región de apertura, de mestizaje", pero la "inmigración tiene que ir de la mano de la ley y de la integración" e "integrar no es repartir, repartir es tratar a los ciudadanos como números o como muebles, que es lo que hace el Gobierno de Pedro Sánchez", señaló.

Y advirtió de que si el Ejecutivo central va a seguir utilizando el aeropuerto de Madrid Barajas y a las comunidades y a los municipios del Partido Popular "parcheando", lo único que van a conseguir "es seguir creando un efecto llamada, pero no ayudar ni a los inmigrantes ni a los ciudadanos que viven en sus respectivos pueblos y ciudades y son conscientes de que esto está pasando".

Así las cosas, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid se volvió a dirigir por carta al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, el pasado viernes para instarle a que el Gobierno actúe y tome las medidas que sean necesarias en el aeropuerto de Barajas "para dar respuesta a esta crisis migratoria y humanitaria".

 No es la primera misiva que Ana Dávila envía al ministro a este respecto. El pasado 3 de abril, ya remitió una carta a Grande Marlaska donde le solicitaba la actuación urgente de su departamento -competente en el control de fronteras -, y del resto de ministerios implicados, ante la entrada masiva de personas de manera irregular a través de Barajas.

Asimismo, la consejera alertó al ministro de que esta inacción y ausencia de control por parte del Gobierno de España estaba haciendo "más vulnerables" a estas personas, convirtiendo a nuestro país "en la puerta de entrada para las mafias de trata de personas, especialmente mujeres y niños, y poniendo en grave riesgo nuestro sistema de protección de menores".

El ministro del Interior tardó en contestar casi dos meses -lo hizo el pasado 23 de mayo- asegurando que "ya se habían tomado medidas, como la imposición de visado de tránsito a países como Turquía, Kenia, Somalia o Senegal, lo que había permitido disminuir ese irregular proceder", informan fuentes de la consejería. Pero "la realidad es que la situación, a día de hoy, no ha mejorado. Y el aeropuerto de Barajas sigue siendo un coladero para las mafias", lamentan.

1.293 menas y "más de la mitad entran por Barajas"
La Comunidad de Madrid ha atendido en lo que llevamos de año a 1.293 menores no acompañados, frente a los 1.300 del año pasado, es decir, el doble.

"Y la mitad de los que están llegando en la actualidad, lo hacen ya por Barajas", alertan. Así, de los 110 menores extranjeros no acompañados que en junio llegaron por primera vez a los centros de acogida de la región, prácticamente la mitad lo hicieron a través de este aeropuerto, la mayoría procedentes de Mauritania.

A esto se suma que el año pasado más de 400.000 inmigrantes, según las estimaciones de la Comunidad de Madrid basándose datos oficiales, en situación irregular llegaron a España por el aeropuerto de Barajas, siete veces más que los que lo hicieron por las costas españolas, que cifran en 57.000.

"Esta situación está siendo reiteradamente denunciada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que tienen encomendada la vigilancia aeroportuaria y las responsabilidades de extranjería", recuerdan desde la consejería.

Entre las medidas que solicitó por carta Dávila a Marlaska está la firma de convenios por parte del Gobierno central con los países de origen y la exigencia de visado de tránsito a los inmigrantes procedentes de esos países.

"Lo que se suma a las peticiones ya recurrentes de que el Gobierno convoque una Conferencia de Presidentes, declare de una vez la emergencia migratoria y que exija la implicación de la Unión Europea para que refuerce Frontex".

De hecho, también el pasado viernes la presidenta madrileña anunció que la Comunidad de Madrid iniciará acciones legales contra el presidente Pedro Sánchez si no convoca de inmediato esta Conferencia de Presidentes.

Hay "temas fundamentales que no se pueden seguir tratando en los despachos por más que se pretenda", apuntó la presidenta, que como ejemplo puso precisamente la crisis migratoria, la financiación autonómica en pleno debate sobre la de Cataluña o la falta de médicos.

Hay que recordar que la crisis migratoria en el aeropuerto de Barajas se agravó el pasado diciembre. Los sindicatos policiales denunciaron que las salas de asilo se habían llenado de viajeros con pasaporte de Kenia.

Solo un mes después, en enero, la situación se descontroló. Hubo intentos de fuga de las salas de asilo y las oleadas de falsos viajeros que terminaron pidiendo asilo obligó a Interior a montar dos salas extra ante la inacción de Fomento, responsable del aeródromo.

Las condiciones de insalubridad e inseguridad alcanzaron un nivel tan alto que Cruz Roja se negó a prestar asistencia y todavía no ha vuelto al aeropuerto, teniendo que encargarse Interior de la limpieza y de buscar las medicinas de los solicitantes de asilo. Desde entonces es Interior quien se encarga de todo, ante las continuas protestas de los sindicatos policiales, que recuerdan que mucho de lo que hacen no es su cometido.

El Gobierno ha ido resolviendo estos meses los colapsos migratorios en el aeródromo dando permisos excepcionales de entrada a estos solicitantes de asilo cuando las cuatro salas volvían a completarse. Solucionaban su problema y, una vez en la calle, pasaban a ser un problema de otro, exactamente, de la Comunidad de Madrid.

El modus operandi durante los últimos meses ha sido el mismo y la ruta caliente que plantea los problemas es la de Casablanca-Madrid. Los inmigrantes compran pasajes desde Casablanca (Marruecos) a Sudamérica y cuando bajan en Madrid para cambiar de avión solicitan asilo. La inmensa mayoría vuelan en Royal Air Maroc, la compañía de bandera marroquí, pero algunos al principio también lo hicieron con Iberia.

Los sindicatos policiales alertaron hace meses de que la única solución es la implantación de visados de tránsito, es decir, que estos viajeros deben tener visado de entrada a España para hacer un cambio de vuelo en España, y si no lo tienen es la compañía aérea la que corre con los gastos de la repatriación. Interior ha firmado algunos acuerdos, pero las mafias de la inmigración cambian el país de sus clientes en función a estos acuerdos.

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