La ONG Cepaim, encargada de tutelar a los inmigrantes ilegales que están viviendo en un hotel de Guardamar (Alicante) y que según fuentes policiales, se ha negado en repetidas ocasiones a identificar a presuntos autores de delitos en la localidad alicantina, recibió más de 50 millones de euros en contratos públicos con el Gobierno en 2022.

Si dentro de su página web acudimos al apartado de transparencia, comprobamos en sus memorias económicas del 2022 que recibieron grandes cantidades económicas del Gobierno durante este año del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Por ejemplo, por un proyecto para «ofrecer atención y acogida a inmigrantes que contribuya a paliar su situación de vulnerabilidad social» recibieron 23.451.366 de euros.

Por «facilitar la acogida e integración mediante el desarrollo de itinerarios de integración que promuevan una adquisición progresiva de habilidades, hasta lograr un nivel adecuado de autonomía» alcanzaron los 24.600.578; y por «Desarrollar itinerarios integrados de inserción laboral individualizados destinados a personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional, del estatuto de apátrida y de protección temporal» cerca del millón.

 Ahora, tal y como ha confesado un policía, la situación provocada por esta ONG con el beneplácito del Gobierno se ha convertido en insostenible para los vecinos del municipio. Por las noches, este grupo de inmigrantes ilegales ha causado problemas serios como agresiones sexuales (en discotecas y a trabajadoras del hotel), robos o peleas.

El Ayuntamiento de Guardamar del Segura ha tomado nuevas medidas de seguridad tras los recientes disturbios violentos protagonizados por algunos inmigrantes irregulares alojados en el céntrico Hotel Parquemar, según ha adelantado el diario Vozpópuli. El alcalde socialista José Luis Sáez ha decidido incrementar la vigilancia durante las festividades locales.

La ONG Cepaim, responsable de supervisar a los inmigrantes, ha anunciado que a partir de ahora, no se permitirá que salgan del hotel después de las 23:00 horas. Además, se ha establecido que la estancia en el Hotel Parquemar finalizará el 31 de julio, momento en que los inmigrantes serán trasladados a un centro de acogida.

Fuentes policiales han informado que la Guardia Civil ya cuenta con los datos de todas las personas alojadas en el hotel, a pesar de que la ONG Cepaim había resistido en ocasiones anteriores a proporcionar esta información, amparándose en la protección de datos. Estas acciones disciplinarias internas de la ONG no tienen consecuencias legales, pero buscan prevenir futuros incidentes.

El representante de la ONG ha asistido a una reunión en el ayuntamiento después de que el asunto ganara atención mediática nacional. A partir de ahora, un coche patrulla de la Guardia Civil estará estacionado regularmente en la entrada del hotel para garantizar la seguridad.

Aunque el consistorio no tiene competencias para intervenir en los acuerdos de acogida, que son gestionados entre la ONG y el Gobierno central en colaboración con el hotel, se ha hecho hincapié en que no existe un problema de seguridad pública. Sin embargo, tanto la Policía Local como la Guardia Civil discrepan, señalando un incremento en la inseguridad en el pueblo en las últimas semanas.

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