La tutela de menores extranjeros no acompañados (menas) en España se disparó en el año 2018 tras la llegada de Pedro Sánchez al poder. Sólo entre los años 2017 y 2018 la llegada de menas al país aumentó en casi un 200%, pasando de 2.345 a 7.026, según datos de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Desde entonces y hasta el año 2022, el Ministerio Fiscal ha realizado más de 36.000 pruebas para la determinación de edad de dichos menas.

Acorde a la información de la FGE, entre los años 2018 y 2022 las diferentes fiscalías de menores formalizaron un total de 36.417 diligencias procesales para la determinación de edad de los menas llegados a territorio español de forma ilegal.

De las citadas diligencias, más de 20.000 diligencias se resolvieron arrojando una mayoría de edad (9.988), siendo archivadas (9.711) o quedando pendientes de resolución (574). Se decretó finalmente la minoría de edad en menos de un 45% de los casos.

 Fuente: Fiscalía General del Estado (FGE)
Asi, del total de más de 36.000 menas sobre los que se practicaron las pertinentes pruebas para la determinación de edad poco más de 16.000 (16.144) fueron declarados menores de manera firme. Sin embargo, casi 10.000 eran mayores sin ningún atisbo de dudas y sobre el resto tuvo lugar un archivo de las diligencias procesales «por abandono de los centros» por parte de los presuntos menores.

Fuentes policiales afirman que en gran parte de las ocasiones los presuntos menores extranjeros no acompañados abandonan el centro antes de la resolución de las pruebas porque «saben que son mayores».

También se da el caso en el que estos inmigrantes «están de paso hacia Francia o Alemania» y utilizan los centros de tutela para estar unos días hasta que encuentran la forma de continuar su viaje.

La propia Fiscalía General del Estado llegó a reconocer en el año 2019 la existencia de altas tasas de diligencias procesales que arrojaban la mayoría de edad en algunas provincias españolas. «Han prevalecido los resultados de mayoría de edad en Málaga (69,45%) y Granada (66.84%)», concluyó en base a datos del año 2018.

Existen casos en los que muchos de estos presuntos menores pasan a los sistemas de tutela y permanecen durante meses en los centros de acogida sin que ni tan siquiera se les realicen pruebas por el gran cuello de botella que experimentan algunas fiscalías provinciales de menores.

Según admitió el Defensor del Pueblo en el informe sobre la situación en Canarias publicado en 2021, más de 2.000 menas se encontraban en los sistemas de tutela autonómicos del archipiélago pese a no haberse practicado diligencias sobre los mismos.

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