Miles de británicos protestan en las calles de pueblos y ciudades de todo el Reino Unido contra la inseguridad y la inmigración ilegal tras el asesinato de 3 niñas por un ciudadano inglés de origen africano. El Gobierno, por su parte, los tilda de “ultraderechistas” y “xenófobos”. La represión policial ya cuenta con más de 400 detenidos.

El pasado lunes (29 de julio), en la localidad de Southport, al norte de Liverpol, un joven de 17 años atacó con arma blanca un taller infantil de baile. Como consecuencia de este apuñalamiento múltiple, tres niñas pequeñas(6, 7 y 9 años) perdieron la vida y otras seis víctimas se encuentran en estado crítico.

”En las últimas dos semanas, bajo los laboristas, hemos tenido ataques con cuchillo contra personas inocentes, peleas callejeras con machetes, disturbios y violencia en manifestaciones”, afirmó en X el partido antiinmigración de Nigel Farage, Reform UK, acusando al Partido Laborista de ser “laxo con los criminales”. Farage, agregó:

“La mayoría de nuestra población puede ver la fractura de nuestras comunidades, como resultado de una masiva y descontrolada inmigración, sea legal o ilegal”.

El gobierno de Starmer, frente a esto, se posicionó en contra de las protestas, y recordó, en una conferencia que tuvo lugar el 1 de agosto, a las grandes empresas de redes sociales y a quienes las dirigen que los desórdenes violentos que se generan en Internet son un delito. Asimismo, se ha referido a los manifestantes como “la pequeña minoría descerebrada”.

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El inspector jefe del Consejo de Jefes de la Policía británica, Gavin Stephens, ha informado que «Las fuerzas policiales siguen identificando a los implicados y continúan deteniendo a los responsables», según declaraciones recogidas por la cadena británica BBC.

El Departamento de Justicia, que está lidiando con una crisis de hacinamiento carcelario que está obligando a algunos reclusos a ser liberados anticipadamente, dijo que se han asegurado alrededor de 600 espacios carcelarios para albergar a los involucrados en la violencia.

Hasta el momento unas 400 personas han sido detenidas.

El director del Ministerio Público, Stephen Parkinson, afirma que sus equipos considerarán solicitar la extradición de los influencers que están desempeñando un papel activo en las protestas contra la inseguridad y la inmigración ilegal desde el extranjero.

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«Se ha pedido a todas las fuerzas policiales que no solo se incremente el número de recursos especiales en cada zona, sino que contribuyan a las reservas regionales que se coordinan a nivel nacional», ha resaltado.

Parkinson, por su parte, afirma que «algunas personas están en el extranjero, pero eso no significa que estén a salvo. Contamos con fiscales de enlace en todo el mundo que tienen vínculos locales con el poder judicial local. Podemos cooperar con nuestros socios internacionales». De esta manera, considerarán «la extradición si estuviéramos convencidos de que se ha cometido un delito. Deben saber que no están a salvo y que no tienen dónde esconderse».

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