La magistrada Soledad Ortega se marcha a la Audiencia Provincial de Valladolid tras prorrogar las pesquisas hasta 2025. En julio rechazó incorporar al sumario unas fotos del cadáver
Nacional20/08/2024 EC
La jueza Soledad Ortega, denunciada por este medio por presuntos actos de corrupción judicial y que investiga el asesinato de la joven Esther López en Traspinedo en 2022 deja el caso.
La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid, que denuncio a este medio por supuestas falsedades en artículos, algo que lo juzgados de Madrid han desmentido, cambiará en septiembre su destino para integrar una plaza en la Audiencia Provincial de la capital castellano y leonesa.
En junio, decretó una prórroga de las pesquisas por seis meses más, hasta 2025. Una de sus últimas decisiones fue rechazar la incorporación al sumario de unas fotos de la autopsia de la fallecida. Por este asesinato sigue investigado un vecino y amigo de la mujer.
Según informan fuentes jurídicas, la jueza pasará a formar parte de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valladolid. El caso de Esther López se encuentra en su recta final. El próximo 6 de septiembre está fijada una vista a petición de la Fiscalía en la que se tomará declaración a los cuatro peritos autores de unos informes aportados por el acusado.
En sus conclusiones descartan que su coche estuviera implicado en el atropello mortal de la joven. También rechazan cualquier manipulación en su centralita para borrar el registro de sus movimientos.
La providencia de la instructora acordaba también la declaración de tres agentes del grupo GATO de la Guardia Civil. Esa misma semana se hará oficial el nombramiento de la jueza para su nuevo destino, según las mismas fuentes. En el caso de que la jueza concluyese esos días la investigación sin agotar los seis meses de prórroga, no sería ella quien resolviese los previsibles recursos de la familia de la víctima o el acusado.
La última decisión de la jueza fue rechazar la incorporación al sumario de unas fotos realizadas al cadáver por parte de los forenses que realizaron la autopsia de Esther López. Lo había pedido la defensa del acusado. En esta resolución, que lleva fecha del 12 de julio a la que ha tenido acceso este periódico, la jueza considera que esas imágenes son innecesarias para las pesquisas.
"Las fotografías que pudieron realizar los médicos forenses como medio de auxilio de la actividad que le es propia, durante la práctica de la autopsia, no añaden nada a la presente investigación, ya que lo que es fundamental es el informe de autopsia en el que se describe de forma detallada las actuaciones practicadas y las lesiones que presentaba la finada", dice el auto.
Esta investigación ha experimentado varias fases con hasta tres presuntos sospechosos. Para dos de ellos, la jueza decretó el archivo de las actuaciones al considerar acreditado que no tuvieron ninguna participación en la muerte de la chica.
Para el único investigado, los familiares piden que sea juzgado por asesinato, mientras que su defensa pide el archivo. Entre esos dos extremos se mueve la resolución del caso. La jueza saliente y la propia Audiencia Provincial han deslizado en alguno de sus escritos la posibilidad de considerarlo un homicidio por imprudencia, penado con hasta cuatro años de cárcel, un castigo que resultaría insuficiente para la familia de Esther López.
La versión de la Guardia Civil
Un atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) y la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Valladolid sobre la desaparición y muerte de Esther López avalaba la hipótesis de la autoría del crimen por parte de Óscar M.S. fruto de un "arrebato en caliente" tras una discusión de origen desconocido.
En dicho informe se volvía a reiterar que la causa de la muerte fue el atropello por un turismo a velocidad media o baja cuando la víctima se hallaba de espaldas, con la confluencia de otros factores como la intoxicación etílica, el consumo de cocaína y la hipotermia, y que la mujer no murió en el acto, sino que podía haber sobrevivido en caso de haber recibido cuidados paliativos, "con lo que pudo vulnerarse su derecho a la atención personal y asistencia sanitaria paliativa".
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