España está de duelo. Mateo, un pequeño de 11 años, residente de Mocejón, un pueblo de la provincia de Toledo, recibió múltiples puñaladas, cuando jugaba fútbol en el polideportivo “Ángel Tardío”. Su homicida no tuvo piedad. Lo dejó tirado el domingo en la cancha, con el sueño frustrado de anotar un gol, y se fugó. En medio de la conmoción por el caso, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, promueve el control de las redes sociales junto a las condolencias de la Moncloa.

 El mandatario socialista capitaliza el repudio por el asesinato para impulsar una normativa que permita regular el uso de las plataformas de interacción, con el fin de garantizar el “acceso a la información veraz”.

Sin embargo, este discurso tiene detrás una estrategia. Si bien el Ejecutivo insiste en la necesidad de restringir los mensajes que de “forma deliberada” incitan al odio, hostilidad y discriminación contra los migrantes, tras la vinculación de extranjeros al suceso sin estarlo, todo es una fachada.

Desde hace dos meses Sánchez impulsa una cruzada contra los medios por reportar los conflictos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el caso de corrupción Koldo y la imputación de su esposa, Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias.

 Censura con cómplices
Censurar las temáticas que multiplican las opiniones en contra del gobierno de Sánchez y su figura en las redes sociales es el objetivo real de la iniciativa, la cual se escuda en la defensa de “la verdad y el derecho a la información” de un crimen.

Los altos funcionarios del gabinete contribuyen a la meta del presidente. La delegada del gobierno en Castilla- La Mancha, Milagros Tolón, vocifera que “la sociedad no puede continuar con estas redes sociales sin controlar”. Con una narrativa similar, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, recalca que «se deben perseguir» a quienes utilizan las desgracias en redes sociales para especular.

El fiscal de Sala Coordinador contra los Delitos de Odio y Discriminación, Miguel Ángel Aguilar, compra el discurso de Sánchez. Cree que es necesario prohibir el acceso a redes sociales a quienes cometan delitos de odio “en los casos más graves” y que los usuarios estén “debidamente identificados”.

El magistrado aboga por «perfeccionamientos técnicos» que faciliten al Ministerio Público y los tribunales la prohibición de acudir a entornos digitales a quienes usan Internet para la comisión de un delito, en los casos más graves.

 Usuarios en auge 
La discusión sobre el control de las redes sociales que impulsa Sánchez no será fácil, considerando que en España hay 39,7 millones de usuarios de este tipo de plataformas, una cifra que equivale al 83,6 % de la población.  Además, el número de usuarios proyectado para ese año se estima que cerrará con 43 millones.

Las acusaciones del 'caso Begoña Gómez' solicitan que se interrogue al conseguidor de la trama 'Koldo'

Instagram es la plataforma más utilizada en España, al arrojar 76,9 % de los internautas españoles. Facebook ocupa el segundo puesto con el 69,7 % y TikTok el tercer escalón con el 51,2 % con una media de 33 horas mensuales por cada usuario.

Quizá por los números, el Ayuntamiento de Mocejón prefiere optar en un comunicado por el exhorto a la convivencia en unión con el convencimiento de que la Justicia prevalecerá, tomando en cuenta que “Juan”, sospechoso del asesinato de Mateo, ya fue detenido y confesó que su “otro yo” lo indujo a cegar la vida de la pequeña promesa del balompié.

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