El juez Juan Carlos Peinado permitirá que las partes accedan a la declaración de Pedro Sánchez, pese a la oposición de la Fiscalía. El presidente del Gobierno compareció el pasado 30 de julio en La Moncloa en calidad de testigo ante el magistrado que investiga a su esposa.

Begoña Gómez está imputada por los presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias. El líder socialista se acogió a su derecho a no declarar después de intentar sin éxito hacerlo por escrito. A continuación, presentó una querella contra el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid por un presunto delito de prevaricación.

Peinado ordena trasladar la copia de la grabación de la comparecencia de Sánchez porque entiende que no hacerlo puede «dar lugar a la formación de ingerencias». El juez que instruye el caso de Begoña Gómez también afirma que del «silencio» del presidente del Gobierno se pueden extraer «conclusiones». La resolución puede ser recurrida en los tres días posteriores a su notificación.

Sánchez se acogió a su derecho a no declarar contra su esposa. El presidente del Gobierno se amparó en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que respalda que como cónyuge de la investigada está «dispensado de la obligación de declarar». La abogada de Vox, Marta Castro, aclaró que el líder socialista estaba en su derecho de acogerse a ese precepto, pero «en ningún caso en relación con los otros dos acusados, el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, y el empresario Juan Carlos Barrabés».

 Horas después de negarse a declarar, Sánchez presentó una querella contra el juez que instruye el caso de Begoña Gómez por un presunto delito de prevaricación. El escrito, firmado por la Abogacía del Estado (asunto que generó multitud de críticas), se presentó «en defensa de la dignidad de la institución de la Presidencia del Gobierno de España».

Como avanzó este diario, el presidente del Gobierno señaló a Peinado, pero libró a otro magistrado, Carlos Valle, que fue quien rechazó la petición para declarar por escrito.

Peinado afirma en su última providencia que el vídeo de su declaración es relevante y debe entregarse a las partes para facilitar «la interpretación procesal que se pueda realizar a la conducta que, por cualquiera de los intervinientes, pongan de manifiesto, bien por lo que contesten o bien por su silencio, legítimo, pero que, como es bien sabido, permite dar lugar a la formación de inferencias».

 Unas «inferencias» que, según el juez, pueden «llevar a conclusiones de carácter objetivo, al objeto de valorar la posible concurrencia de aspectos integrantes, de posibles indicios, bien, en sentido inculpatorio hacia algún investigado o, por el contrario, en sentido excluyente de responsabilidad penal».

Con esta decisión, Peinado rechaza la petición de la Fiscalía de vetar el acceso de las acusaciones y las defensas al vídeo de la declaración de Sánchez como testigo. En la providencia, el juez afirma que el Ministerio Público invoca para evitar la entrega que esta «carecería de utilidad material o procesal, sin indicar precepto legal alguno que justifique la denegación que se pretende».

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El magistrado descarta la petición de la Fiscalía porque esta «se limita a exponer razones de supuestas filtraciones y divulgación, que pueden resultar improcedente, y no concreta los motivos que puedan hacer presumir tal improcedencia».

El fiscal José Manuel San Baldomero defiende en su escrito, firmado el pasado 3 de agosto, que la grabación de la comparecencia de Sánchez puede ser sustituida por copia de diligencia expresiva del letrado de la Administración de Justicia.

La esposa de Sánchez adquirió la condición de investigada desde el momento en el que Peinado abrió diligencias contra ella el pasado 16 de abril. Apenas unos días más tarde, el 24, el presidente del Gobierno escribió su famosa «carta a la ciudadanía» en la que anunció que se tomaba un periodo de reflexión para seguir en el cargo.

La misma jornada en la que el abogado de Begoña Gómez firmó el escrito de personación, de lo que se infiere que el dirigente socialista ya conocía la imputación de su pareja.

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