La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, fue quien contactó con los directivos de Reale Seguros y la Fundación la Caixa para lograr apoyo y financiación para su cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Así lo han declarado los responsables de ambas entidades al juez que investiga a la esposa de Pedro Sánchez por un presunto delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El magistrado Juan Carlos Peinado sospecha que la creación de dicha cátedra estuvo envuelta en irregularidades.

 El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid retomó este lunes los interrogatorios del caso y estaban citados como testigos el CEO de Reale Seguros, Ignacio Mariscal Carnicero, y el subdirector general de la Fundación la Caixa, Marc Simón Martínez.

Según fuentes jurídicas conocedoras de sus explicaciones, ambos han coincidido al relatar al juez que no fueron sus empresas quienes contactaron con Begoña Gómez, sino al revés. La mujer del presidente del Gobierno acudió en su búsqueda.

 En un momento de sus explicaciones, siempre según las mismas fuentes, la esposa de Pedro Sánchez les aseguró que el proyecto saldría adelante. “La cátedra se va a hacer”, le dijo al directivo de Reale. Según, Ignacio Mariscal, el contacto lo hizo inicialmente por medio de un corredor de seguros. Primero hubo llamadas, pero después se intercambiaron correos electrónicos.

 Estas respuestas se deben a que el juez se mostró interesado durante el interrogatorio por saber quién inició los contactos. Uno de los objetivos del juez es determinar si Begoña Gómez se prevalió de su condición de mujer del presidente del Gobierno ante las grandes empresas para solicitar apoyo para sus iniciativas privadas.

A principios de agosto, Juan Carlos Peinado se dirigió a la Universidad Complutense de Madrid (UCM) para pedirle la documentación de todas sus cátedras extraordinarias como la de Begoña Gómez y los curriculums de sus responsables para poder compararlos.

En el caso de la Fundación la Caixa, Begoña Gómez y Marc Simón ya se conocían de antes, concretamente desde el año 2018, coincidiendo con la celebración en el CaixaForum Madrid de la cumbre del Tercer Sector contra la pobreza infantil. Ese fue el primero de otros contactos en entornos similares.

Simón ha asegurado al juez que, a pesar de ser la mujer del presidente del Gobierno, él nunca acudió a reuniones en el Palacio de la Moncloa ni tuvo relaciones con el presidente Pedro Sánchez. Otros investigados en el caso sí acudieron a la Moncloa a despachar con la esposa del líder del Ejecutivo.

15.000 euros anuales
La Fundación la Caixa se comprometió a aportar 15.000 euros anuales durante cuatro años para la creación de la cátedra. Simón se ha escudado en que no fue una decisión personal suya, sino que pasó el filtro del comité de dirección de la fundación. El magistrado les ha solicitado documentación al respecto, según las mismas fuentes consultadas.

El directivo de la Caixa citado como testigo –con obligación de decir la verdad y contestar a todas las preguntas– ha expuesto que el proyecto de Begoña Gómez encajaba en sus objetivos y que su entidad destina 30 millones de euros a un programa llamado Incorpora con una línea para promocionar la responsabilidad social de las empresas. En ese marco tenían cabida los 15.000 euros anuales, según sostienen.

Desde las acusaciones del caso, plantean sus dudas de que la cátedra extraordinaria de Begoña Gómez sobre Transformación Social Competitiva encaje en los objetivos de estos patrocinadores.

 Simón también defendió ante el juez que su acuerdo era con la universidad, y que es habitual su colaboración en el ámbito de la educación. En ese sentido, se le preguntó acerca de si eran conscientes de la titulación de Begoña Gómez, directora de la cátedra que estaban promocionando. Su respuesta fue que eso no era competencia de la fundación la Caixa dado que era la UCM quien la proponía.

 Por estos hechos, el juez imputó en el caso al rector de la universidad, Joaquín Goyache. En julio, compareció ante el juez y confirmó una cita mantenida en la Moncloa con Begoña Gómez, pero trató de defender su gestión y negó "irregularidades". También en julio declaró como testigo el vicerrector de la UCM, Juan Carlos Doadrio.

Según contó, el rector le instó a lanzar una cátedra para la mujer de Sánchez. Según le añadió Doadrio al juez, a los pocos días ya recibió un correo de Begoña Gómez con documentación.

Leticia Lauffer
Este lunes también estaba citada a declarar como testigo la ex-CEO de Wakalua, Leticia Lauffer. Su empresa también se comprometió a financiar otro negocio particular de Begoña Gómez y tiempo después la aerolínea de Globalia, Air Europa, fue rescatada por el Gobierno de Sánchez con 475 millones de euros de dinero público dentro de los planes anticrisis frente a la pandemia de covid.

Según las fuentes consultadas, la directiva se ha mostrado indignada por algunas de las preguntas formuladas al entender que afectaban a su esfera personal y privada.

 Una de las cuestiones por las que se le ha interrogado es por el papel de Juan Arrizabalaga en Globalia. Este directivo abandonó la compañía de los Hidalgo en marzo de 2019, apenas seis meses después de su fichaje como director general para definir y lanzar al plan global de la compañía. Su salida se debió a discrepancias internas y algunas informaciones indicaban que él mismo presentó su dimisión.

 Este empresario se reunió en enero de 2019 –meses antes de su salida de la empresa– con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, la misma que un año después mantuvo el polémico encuentro en Barajas con el exministro de Transportes José Luis Ábalos. Los contactos de Globalia con las autoridades de Venezuela eran para cobrar una deuda de más 170 millones de euros que el grupo arrastraba en el país caribeño.

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 Durante su comparecencia en el Senado en el marco del llamado caso Koldo, Ábalos dijo haber visto al comisionista contratado por Globalia Víctor de Aldama en Barajas la noche que se encontró con Delcy Rodríguez. El exministro no explicó la presencia en ese lugar de ese empresario de su confianza, pero destacó sus buenas relaciones con Venezuela.

 De Aldama está imputado en la causa que investiga la trama que se dedicó a conseguir para una empresa concreta contratos millonarios de administraciones socialistas para adquirir material sanitario durante la pandemia. Un reciente informe de auditoría encargado por el ministro actual, Óscar Puente, implica a Ábalos en las presuntas actividades corruptas que incluían el cobro de comisiones irregulares.

El juez avisa de multas si hay filtraciones
El juez Peinado advirtió en varias ocasiones a las partes personadas contra las filtraciones en el procedimiento. Ha llegado a avisar de la imposición de multas para todo aquel que comparta en los medios de comunicaciones detalles de la causa. Esto tiene lugar días después de que autorizase el acceso al vídeo de Pedro Sánchez en la Moncloa, donde le citó el 30 de julio para tomarle declaración como testigo.

 La grabación solo dura unos segundos porque el presidente se negó a contestar. La Fiscalía pedía mantener bajo llave esas imágenes por riesgo a filtraciones. Peinado contestó que estaba en contra de ellas, pero recordó que en esta causa "se vienen llevando a cabo por todas las partes procesales".

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