El Gobierno de España ha aprobado 35 millones para las comunidades autónomas que acojan voluntariamente a los 347 menas aprobados y aceptados por las comunidades autónomas en la conferencia sectorial de infancia que se celebró en julio en Tenerife, con los votos a favor de PP y PSOE.

Ante la incesante llegada de inmigrantes ilegales, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido desbloquear este martes los fondos previstos para los traslados voluntarios recientemente aprobados. El principal objetivo, según fuentes del Ministerio de Infancia han adelantado a Diariocrítico, es brindar un apoyo financiero desde el Gobierno Central a los territorios más afectados por la llegada masiva de inmigrantes.

 Esta cantidad, aprobada en el Consejo de Ministros, se distribuirá en dos bloques: 15 millones de euros destinados a Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y otros 20 millones para facilitar los traslados de menores entre las comunidades autónomas que los acogerán tras llegar a la frontera sur.

La financiación está orientada principalmente a los traslados voluntarios, es decir, los 347 que fueron aprobados y aceptados por las comunidades autónomas durante la conferencia sectorial de infancia celebrada en julio en Tenerife. Sin embargo, esta partida no cubre los más de 3.000 traslados adicionales que Canarias ha indicado que serán necesarios desde las islas, ni los más de 300 que Ceuta necesita reubicar. Es decir, el cuidado de cada mena supondrá un pago de 100.864 euros.

Por otro lado, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha emitido cuatro recomendaciones tras su visita a Canarias en julio. Ha instado a la Fiscalía a proteger a cada menor de manera individual y ha solicitado al Estado que permita el traslado de menores solicitantes de asilo a centros de protección de adultos en todo el país.

Actualmente, hay alrededor de 2.000 menores malienses en las islas, y Gabilondo ha pedido que aquellos mayores de 16 años sean reubicados en centros de adultos. Además, ha solicitado al Ministerio del Interior la creación de un Centro de Recepción y Derivación de Desplazados (CREADE) para que estos menores puedan obtener documentos de forma inmediata, similar a lo que se hizo con los ucranianos tras el inicio del conflicto en su país.

También ha pedido a la comunidad autónoma canaria que proporcione datos individualizados a la administración estatal para facilitar la documentación y posterior derivación de los menores, en lugar de reportar cifras globales como los actuales 2.000 menores malienses o los 3.000 que cumplirán 18 años en los próximos meses y que, si no son documentados, quedarán en una situación irregular al alcanzar la mayoría de edad.

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