Lo calificaron de «contrato fantasma» porque no se licitó con publicidad y la Universidad Complutense de Madrid (UCM) lo denunció en el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid para que el juez Peinado lo investigue, éste y todos los que se dieron por la famosa cátedra de Begoña Gómez.

El 1 de diciembre de 2022 a las 12.55 horas la secretaria personal de Begoña Gómez dentro de la Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) de la Universidad Complutense, Blanca de Juan, se dirigía un correo a si misma con copia oculta a tres direcciones de empresas expertas en auditar procesos de desarrollo tecnológico, como la plataforma que Begoña Gómez quería desarrollar para su proyecto de cátedra.

 A nadie le resultó entonces extraño que De Juan explicaba que «el trabajo se deberá llevar a cabo antes de la finalización de 2022», es decir, sólo un mes, pero además al final del mail añadía que «debido a la premura del plazo de ejecución, se considerarán propuestas recibidas hasta mañana (2 de diciembre) a las 13.00 horas.

Sólo se presentó uno, Deloitte, que evidentemente se adjudicó el contrato por 18.148,79 euros, pagados el 9 de marzo de 2023, curiosamente el mismo día que se firmó el Informe del Órganos de Contratación de la UCM, necesario para justificar la contratación, cuatro meses después.

 El mail de la secretaria de Begoña Gómez.
La consultora respondió rápidamente al correo de De Juan, en concreto a las 8.40 horas del día siguiente. La oferta era de 14.999 euros, sin IVA, evitando así el límite por 1 euro de 15.000 euros para subirlo a la Plataforma de Contratación del Sector Público donde tendría que haber sido sometido a una convocatoria de licitación pública, con mayor control y siguiendo los plazos establecidos por ley.

El proceso lo había iniciado la propia Begoña Gómez el 29 de noviembre de 2022 al establecer en un folio la «memoria de necesidades» de la Cátedra: «La plataforma requiere de un desarrollo tecnológico desde cero, por lo que hay involucradas diferentes perfiles de diferentes organizaciones» y añadía que «se trata de un proyecto ambicioso y complejo con multitud de actores y multitud de retos a nivel de concepto y a nivel tecnológico».

La conclusión era que «para ello requerimos el apoyo de un proceso de asesoría-acompañamiento que nos ayude (con una visión externa) a evaluar los riesgos del proceso y proponer acciones de mejora». El documento está firmado por Begoña Gómez, directora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva.

Dos días después, el 1 de diciembre de 2022 su secretaria mandaría el mismo mail a tres direcciones diferentes que copiaba «literalmente» el documento de la memoria de necesidades firmado por Begoña Gómez y sólo fue contestado por Deloitte.

 La memoria firmada por Begoña Gómez.
Ese correo enviado a las tres empresas, mínimo necesario para cumplir el trámite legal, estaba dirigido a un directivo concreto de Deloitte, otro a una dirección general de Techxonn y el tercero a otro directivo de Minsait, filial de tecnológica de Indra.

El único que contestó en plazo fue el «Socio Responsable de Consultoría EIT» de Deloitte con una propuesta en un documento adjunto en formato PDF y Word. Tampoco nadie ha explicado todavía al juez Peinado que instruye la causa contra la esposa del presidente del Gobierno por tráfico de influencias y corrupción en los negocios si es normal elaborar un documento y una respuesta tan rápida.

«Estimada Blanca, nos complace someter a su consideración nuestra propuesta para asistirles en el proceso Asesoría-acompañamiento para evaluar los riesgos del proceso y proponer acciones de mejora en la implementación de la plataforma de gestión y medición de impacto para PYMES. (…) Esperamos que el contenido responda a su solicitud», escribía el responsable de Deloitte el 2 de diciembre a las 8.40 horas de la mañana.

  La respuesta de Deloitte a la propuesta de Begoña Gómez.
El contrato estaba relacionado con el polémico software que la Complutense necesitaba para la cátedra de Gómez. De hecho, el 24 de octubre de 2023 la universidad adjudicaría otro contrato, firmado por el mismo responsable de Deloitte que contestó al mail inicial de la secretaria de Gómez, por 72.000 euros (IVA incluido) para un «Servicio de asistencia y asesoría técnica y tecnológica para la creación de una plataforma de gestión y medición de impacto para la pequeña y mediana empresa en la Universidad Complutense de Madrid.

En esta ocasión el contrato sí superó los 15.000 euros y por tanto tuvo que ser publicitado en a la Plataforma de Contratación del Sector Público. A pesar de ello sólo otra empresa se presentó, aunque perdió frente a Deloitte.

 SOFTWARE
El software que Begoña Gómez deseaba desarrollar para la cátedra comenzó a gestarse en 2022, por eso quizás la urgencia de contratar una auditoría externa. En la elaboración del mismo participaron Minsait (filial de Indra), Telefónica y el gigante estadounidense Google. Todas se retiraron con el software desarrollado al 80 por ciento cuando empezaron a encontrar problemas. Ese 20 por ciento que quedaba fue el que se adjudicó Deloitte a finales de 2023 por 72.000 euros hasta poder terminar el famoso software.

La Universidad Complutense dirigió el pasado mes de junio un escrito a la Escuela de Gobierno, de la cual depende la Cátedra de Begoña Gómez, para requerir «todos los detalles relacionados con el contrato menor». Sin embargo, la Escuela de Gobierno respondió que no había recibido «el resultado de los trabajos en ningún tipo de formato» y consideró que estos debían estar en poder «de la Dirección de la propia Cátedra».

 La factura pagada a Deloitte.
La Complutense decidió entonces solicitar a Begoña Gómez los documentos o archivos que demostraran que el servicio concedido a Deloitte era real y se había prestado. La directora del Máster en Transformación Social Competitiva contestó el 12 de junio con un simple acuse de recibo, via mail, que recogía que «le informo de que he recibido el correo y estoy reuniendo la información/documentación que me solicita en cada una de sus cuestiones».

 Sin embargo, posteriormente la Universidad destaca en su informe que investigó el asunto que la esposa de Sánchez no llegó a proporcionar ninguna prueba. El 24 de junio se convocó la comisión de control de la Cátedra. En el orden del día se incluía el análisis de la documentación pendiente de entrega, pero Begoña Gómez solicitó el aplazamiento de la reunión hasta el 4 de julio siguiente, alegando «motivos personales», pero ese día tampoco acudió.

En ese documento enviado al Juzgado la Universidad advierte al juez Juan Carlos Peinado de que no dispone de los medios necesarios para avanzar más en su investigación y pedía personarse como perjudicada al considerar que Begoña Gómez pudo causar un perjuicio a su patrimonio al registrar a su nombre un software que era propiedad exclusiva de la Universidad.

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