Dos años y medio después de que Francina Armengol expulsara a 2.500 celadores de las bolsas de trabajo de los hospitales públicos de Baleares por no tener el título de catalán, la justicia dictamina en primera estancia que esta decisión fue disconforme a derecho
Noticias08/09/2024
Impacto España Noticias
Dos años y medio después de que Francina Armengol expulsara a 2.500 celadores de las bolsas de trabajo de los hospitales públicos de Baleares por no tener el título de catalán, la justicia dictamina en primera estancia que esta decisión fue disconforme a derecho y obliga al Servicio de Salud a readmitirlos.
Un Juzgado de Palma ha dado la razón a los celadores que interpusieron una demanda colectiva contra el Gobierno de la socialista en enero de 2021, a través del despacho Florit Abogados, tras ser excluidos de la actualización de la bolsa única de empleo por no acreditar un título B1 de conocimiento de lengua catalana.
Lo que ocurrió es que muchos trabajadores ya estaban apuntados al bolsín general antes de que Salud convocara un 'corte' (actualización) de la bolsa. La sorpresa fue cuando los empleados fueron a aportar sus méritos y la administración los baremó con un nuevo criterio lingüístico (pidiendo un B1), los echó.
Ahora la sentencia fechada el 2 de septiembre de 2024, considera que el anterior Gobierno balear formado por PSOE, los nacionalistas de Més y Podemos, atentó contra los derechos adquiridos de estos trabajadores al cambiar los requisitos a posteriori. Sostiene que no es posible imponer nuevos requisitos a los aspirantes que ya formaban parte de una bolsa porque ya habían acreditado los requisitos exigidos inicialmente en una convocatoria.
La Sala, por tanto, anula la resolución del IB-Salut donde se les expulsaba y reconoce el derecho de estos celadores a ser admitidos en la bolsa definitiva de personas admitidas. Contra esta sentencia cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) y será el actual ejecutivo de Marga Prohens, que suprimió el requisito lingüístico en la sanidad nada más llegar al gobierno, quien decida si recurre esta decisión judicial contra los celadores.
«Muchos compañeros se fueron a la península por la imposición del catalán y otros llevan años sin trabajar», lamentan los damnificados por la política lingüística de Armengol». El chat de celadores echa humo y coinciden en que la noticia llega tarde para muchos.
Los demandantes encajan con prudencia esta sentencia a la espera de la decisión del departamento de Salud, ahora del PP, y aunque reconocen que es una «herencia del anterior gobierno de Armengol», ahora el actual ejecutivo tiene en sus manos «hacer justicia» con ellos. Ninguno de ellos ha querido hacer declaraciones públicas a la espera de que el director general del Servicio de Salud se pronuncie e incluso piden que se reúna con ellos.
El verano de 2021 Salud convocó un concurso de méritos para la confección de una bolsa de interinos para que «se pudieran inscribir nuevos aspirantes y para que los candidatos inscritos pudieran incluir nuevos méritos», indicaba la convocatoria a la que se presentaron unos 7.000 aspirantes .
En el mes de noviembre se publicó la resolución en la que se rechazó a 2.500 trabajadores, pese a que muchos de ellos ya estaban dentro de la bolsa de 2018 trabajando como interinos. Los demandantes fueron excluidos al considerarse que no acreditaban el nivel de capacitación lingüística necesaria (B1), un nivel superior al dispuesto en la Resolución que convocaba la bolsa (A2).
«Nos ha pillado a todos por sorpresa. ¿Así nos pagan el esfuerzo de estos dos años de pandemia?», se lamentaba uno de los celadores más veteranos, que se quedó sin trabajo pese a llevar 17 años trabajando de celador.
La demanda, planteada por el despacho Florit Abogados, señalaba que el conocimiento del catalán «no puede ser causa de exclusión del procedimiento selectivo y menos aún en el caso del personal ya inscrito».
«Genera inseguridad jurídica manifiesta a los afectados, en este caso excluidos de la lista única por la aplicación a posteriori y de manera rigorista de un requisito anteriormente no exigido o al menos suavizado en su aplicación o exigencia», argumentó el letrado Ernesto Florit, que no entraba a cuestionar la política lingüística sino que se centraba en que esta bolsa de trabajo se abrió para actualizar méritos y para nuevas incorporaciones; sin embargo, «lo que sucedió, es que se echó a gente, que era algo no previsto. Ahí está el núcleo de la demanda».
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