La escena apenas duró dos minutos. Dos minutos que bastaron para entrar en la historia. Pedro Sánchez se convirtió el pasado 30 de julio en el primer presidente del Gobierno interrogado en La Moncloa y, por tanto, ejercicio. Testificó en calidad de testigo en la causa que investiga a su esposa.

Begoña Gómez está acusada de presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias. La brevedad de su testimonio se debe a que el líder socialista se acogió a su derecho a no declarar tras reconocer su relación afectiva con uno de los investigados.

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid accedió a la residencia presidencial pasadas las 10.30, junto al representante de la Fiscalía, las defensas de tres imputados y la abogada de Vox, Marta Castro, que coordina las acusaciones populares personadas en la causa contra la esposa de Sánchez.

La declaración se produjo en un edificio anexo al principal conocido como el de la vicepresidencia. La declaración del presidente, después de que el juez citara este lunes a las partes.

Peinado citó a las partes este lunes a las 12.00 para entregarles las grabaciones a través de una providencia dictada el pasado 18 de septiembre. El juez tomó la decisión después de haber «recibido por parte de Madrid Digital [el organismo público encargado de dichas gestiones] verificado su correcta grabación en soporte CD».

El magistrado ordenó otorgar el vídeo a las partes pese a la oposición de la Fiscalía. En su escrito, el juez ordena trasladar la copia del vídeo porque no hacerlo podría «dar lugar a la formación de inferencias».

 Sánchez se acogió a su derecho a no declarar después de que un juez sustituto le negara la posibilidad de hacerlo por escrito. El presidente del Gobierno se amparó en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que dispensa a de declarar contra la propia pareja.

La acusación popular aceptó ese escenario, pero criticó que el presidente del Gobierno no se pronunciara respecto a los otros dos acusados, el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, y el empresario Juan Carlos Barrabés».

Horas después de la declaración, Sánchez presentó una querella contra Peinado por un presunto delito de prevaricación. El escrito, firmado por la Abogacía del Estado, se presentó «en defensa de la dignidad de la institución de la Presidencia del Gobierno».

En cambio, libró a otro magistrado, Carlos Valle, que fue quien rechazó la petición para declarar por escrito. El líder socialista amplió su querella inicial como respuesta a la providencia que emitió el juez el pasado 22 de agosto, en la que sostenía que se podían sacar «conclusiones» del «silencio» de Sánchez.

El juez ya entregó el pasado 9 de septiembre los vídeos de las declaraciones que tomó en julio y agosto a investigados y testigos, pero guardó la grabación de Sánchez para decidir una vez que recibiera «las copias debidamente identificadas».

Peinado tomó la decisión de entregar el vídeo del presidente del Gobierno en contra el criterio de la Fiscalía, que insiste en que el juez impulsa una investigación «carente de indicios» y prospectiva (que busca predecir el futuro y, por tanto, prohibida) contra Begoña Gómez.

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En opinión del Ministerio Público, no debería entregarse copia del vídeo con la declaración de Sánchez con el «fin de evitar filtraciones y que la misma acabe divulgada de forma improcedente». La esposa de Sánchez adquirió la condición de investigada el pasado 16 de abril y pidió que así se lo notificaran.

Apenas unos días más tarde, el 24, el presidente del Gobierno escribió su famosa «carta a la ciudadanía» en la que anunció que se tomaba un periodo de reflexión para seguir en el cargo. La misma jornada en la que el abogado de Begoña Gómez firmó el escrito de personación, de lo que se infiere que el dirigente socialista ya conocía la imputación de su pareja.

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