De su lado, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha replicado pidiendo respeto para los profesionales de la Agencia Tributaria y ha asegurado que "no hay caso", en referencia a la investigación por presuntos delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias.

Así lo ha indicado en la sesión de control al Gobierno de este martes en el Senado, donde el parlamentario 'popular' ha acusado a Montero de encargar un informe sobre este asunto a un departamento "que no tiene competencias de inspección".

"No tiene competencias para determinar si el señor hermanísimo vive en Elbas o vive en Badajoz. El sanchismo se cree que somos todos tontos o que no hacemos nuestro trabajo", ha lanzado Santamaría, que tiene plaza como funcionario en la propia Agencia Tributaria, según le ha recordado a la ministra.

Además, ha acusado a Montero de ser la "consigliere" de la familia Sánchez y le ha reclamado que sea un departamento de la Agencia Tributaria "con competencias en materia de inspección" el que "aclare el incremento patrimonial" del hermano del jefe del Ejecutivo.

De su lado, Montero ha replicado señalando que la información del senador del PP es "errónea" y ha indicado que el citado informe se llevó a cabo en virtud de un convenio de colaboración entre la Agencia Tributaria y el Consejo General del Poder Judicial. "No es una tarea de inspección sino de asesoramiento", ha contestado.

 Por tanto, le ha pedido que deje de hacer discursos "despectivos" para los profesionales y dejen trabajar a la Justicia. "Como no hay caso, tiene que estirar esto con bulos y mentiras", ha apostillado.

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Asimismo, ha acusado al PP de hacerse eco de "informaciones falsas de organizaciones de ultraderecha" que acuden a los tribunales con "recortes periodísticos" y "sin ningún tipo de prueba". A su juicio lo hacen para permitir que esta cuestión aparezca en los medios de comunicación.

Además, le ha acusado de poner en tela de juicio la profesionalidad de la Agencia Tributaria, que es un organismo independiente. "Cuando al PP no le gustan las resoluciones ponen en cuestión las instituciones, empezando por la Abogacía del Estado, la Fiscalía o el Tribunal Constitucional y ya van a por la Agencia Tributaria".

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