La Abogacía del Estado defenderá a un alto cargo del Ministerio de Justicia imputado por presuntamente manipular el audio de un menor en sede judicial, noticia publicada en exclusiva por Impacto España Noticias.

Este medio publico los informes de los peritos y los videos donde se veia al Juez Emilio Vega Gonzalez y a la secretaria judicial,Maria Jose Anocibar Pérez, manipulando presuntamente los micrófonos.

El director general de Transformación Digital, Aitor Cubo, mano derecha de Sofia Puente, tendrá que declarar el próximo 1 de octubre ante el Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid como imputado, tras las denuncias y publicaciones que han servido para que se juzgue estas presuntas irregularidades cometidas en sede judicial.

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La causa investiga un posible delito de falsificación de documentos públicos por la presunta adulteración de la grabación de un niño de 12 años que declaró ante un juez de Valladolid, en ese momento el Decano de Valladolid, Emilio Vega Gonzalez, en un proceso de custodia de menores que se celebró en el año 2022.

En una diligencia la juez acuerda la personación de la Abogacía del Estado para defender al alto cargo. Cubo es subordinado de la número tres de Justicia, Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente. La magistrada otorga a las partes tres días desde la recepción del escrito para que formulen alegaciones a través de un recurso de reposición.

El padre del menor, que ejerce la acusación particular, ha solicitado suspender el plazo para interponer cualquier recurso contra la diligencia hasta que reciba el escrito de la Abogacía del Estado porque no le ha sido posible examinar y valorar su conformidad a Derecho.

Este órgano, que depende de Justicia, tiene la función de prestar asistencia jurídica a la Administración General del Estado, tanto en cuestiones de asesoramiento y recomendaciones como de representación y defensa.

 Los expertos consultados explican que la Abogacía del Estado debe argumentar los motivos por los que se persona en una causa judicial a favor de un alto cargo del Gobierno o de cualquier funcionario público. Insisten en que el órgano dependiente del departamento que lidera Félix Bolaños debe justificar si esa persona está siendo investigada por cuestiones relacionadas por su cargo o bien por motivos personales.

CONCLUSIONES DE PERITOS INFORMATICOS MANIPULACION DE FECHA

En la causa se investiga la posible manipulación de la declaración de un menor en un procedimiento de divorcio en el que participó el marido de Sofía Puente, el fiscal Manuel Javato, denunciado por este medio por presuntos actos irregulares en varios procedimientos, este fiscal es cuñado del ministro de Transportes.

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Los hechos se remontan al 18 de marzo de 2022, cuando el hijo mayor del matrimonio, que fue declarado nulo por las autoridades eclesiásticas, compareció ante el Juzgado de Violencia de la Mujer número 1 de Valladolid, del que entonces era titular Emilio Vega.

El juez solicitó a los presentes, excepto a un funcionario cuyo nombre no aparece identificado en los documentos, que abandonaran la sala para no coartar al menor. La grabación de la sesión está en perfecto estado, excepto la parte que corresponde al niño, que entonces tenía 12 años. El magistrado le preguntó, supuestamente, si prefería vivir con la madre o con el padre. Durante todo el juicio se escucha perfectamente todo el proceso, todo cambia cuando el juez hace salir de sala a todos, y quedan el juez y la secretaria judicial con el menor solos en sala, en ese espacio de tiempo se introduce lo que los técnicos denominan, "Ruido Rosa".

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Al percatarse de que era inaudible e irrecuperable, el padre denunció lo sucedido ante la Guardia Civil en Madrid, donde se ubica la Dirección General de Transformación Digital. Lo hizo al entender que es la responsable de custodiar grabaciones de audio y vídeo que se celebran en vistas de los juzgados y que es donde se pudiera haber realizado la manipulación.

 CONCLUSIONES DE LOS PERITOS

En nuestra opinión profesional, es otro micrófono en una ubicación lejana y diferente el que está trabajando y la distancia de éste a los intervinientes contribuye de manera decisiva a la pésima calidad de la grabación, de ahí que la información de “rebote” del micrófono lejano sea la única que se escucha y no la del audio directo, lo que resulta inexplicable.

 A lo anteriormente expuesto otra de las circunstancias, inexplicables es el “ruido rosa” que está incorporado a la pista de audio.

Cuando se analiza la grabación se escucha lo que parece un ruido eléctrico peculiar, que, inicialmente, nos llevaría a pensar en un cable en mal estado, pero en ese caso, un ruido eléctrico produce un ruido estacionario, constante e inalterable, sin embargo, en este caso tiene una peculiaridad añadida, y es que en la grabación podemos observar que el ruido aumenta y fluctúa varias veces, coincidiendo con las respuestas del niño, impidiendo la perfecta comprensión de sus palabras, se ve premeditado.

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Las diferentes empresas que han analizado el audio han concluido en su resumen en las mismas conclusiones, estos certificados que obran en nuestro poder son totalmente concluyentes.

La posibilidad de que este ruido rosa identificado hubiera estado presente de forma natural en el entorno es prácticamente nula, especialmente en una potencia tan grande como se puede denotar en el audio analizado, señala un informe pericial externo realizado por el Laboratorio de Informática Forense Europeo (LIFE).

El progenitor alega que es totalmente trascendente para la integridad del menor que su declaración pueda ser valorada por terceras personas. Los vídeos y audios de todas las declaraciones o juicios que se celebran en las 630 salas judiciales repartidas por el territorio nacional se graban, almacenan y conservan precisamente en los servidores ubicados geográficamente en Madrid, concretamente en la sede de la Dirección General de Transformación de la Justicia.

La primera denuncia por la manipulación del audio se registró en Valladolid, aunque el juez Vega la autoarchivó. Incluso llegó a denunciar al padre del menor por injurias, ya que defendía que el audio no sufrió alteraciones. Más tarde intentó quedarse con la causa al conocer que un juzgado de Madrid había abierto diligencias. La magistrada Susana Trujillano entendió que el delito se había cometido en Madrid, que sería el único lugar donde se habría podido adulterar el contenido de la grabación.

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