La nueva Ley de Seguridad Nacional debía haber estado lista en 2016. Ahora, en 2021, y tras una pandemia que ha puesto en jaque a medio mundo, la reforma de dicha normativa pretende adaptarse a una situación como la vivida en 2020.

El anteproyecto de ley, que ya ha sido leído en el Consejo de Ministros, plantea que, en caso de crisis, todos los ciudadanos mayores de edad puedan ser movilizados. El texto se remite al artículo 30 de la Constitución, según el cual “los españoles tienen el deber y derecho de defender a España”, concretamente a su 4º artículo, según el cual “mediante ley, podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública”.

Las autoridades también podrán proceder a la requisa temporal de cualquier bien, en función del tipo de crisis que se produzca y de las necesidades de la situación.

Además, el texto incluye medidas para evitar que vuelvan a darse situaciones de desabastecimiento de bienes que son cruciales para hacer frente a una crisis, como las mascarillas, respiradores y EPIs que tanto faltaron al comienzo de la epidemia de coronavirus.

En una pandemia como la actual, ya no sería necesario recurrir al estado de alarma, sino a esta declaración de “situación de interés para la Seguridad Nacional”, que correspondería sólo al presidente del Gobierno y no al Congreso.