En todas las naciones en donde gobiernan los populistas o resisten los embates de la racionalidad democrática, su forma de destruir es desacreditar el ESTADO DEL DERECHO y otras instituciones más los medios de comunicación. En España la erosión de la justicia ha llegado a un estadio sonrojante cuando vemos como todo el aparato de la Moncloa trata de obstruir la acción de los jueces y fiscales más el trabajo de los abogados del Estado.

Y a punto de abrir las cajas de Hacienda para inyectar  diez millones de euros a los golpistas catalanes. Una acción nada soterrada, como la casi paralización de los tribunales de justicia que en la Región de Murcia andan bloqueados con enormes pérdidas económicas.

Fue Pablo Iglesias y sus socios separatistas con el consentimiento del Gobierno del PSOE el que inició la guerra total, imposible en otro país culto, civilizado y con una democracia avanzada, y asentada en el respeto.

El  dictamen del Tribunal Constitucional sobre el estado de Alarma generando miedo y recortes a las libertades, que puso de manifiesto errores jurídicos, ha servido para que el nuevo Gobierno ataque en tromba a un tribunal que ha demostrado durante décadas que funciona con toda responsabilidad. Es la táctica habitual en los regímenes camino del fascismo, el comunismo o dictaduras.

Desaparecido el Estado del Derecho estallan los motines callejeros, asoma la permisividad como otro arma sin que las policías ejerzan su autoridad, el país entra en una crisis económica y social brutal, y se llega al desorden y el golpe definitivo. La violencia política se impone y la nación se desmembra en 17 comunidades autónomas, que van por libre y cada una de ellas  ejercen el poder  teórico sin medios, y esencialmente, sin normas jurídicas coordinadas a nivel nacional.

A estas alturas del verano la quinta ola, que se veía llegar, nos asusta, conmueve y asombra la siniestra duda por si nos van a confinar perimetralmente, lo que supondría que nuestra salud mental y física quedaría reducida a una sombra. La nueva ministra de Justicia, con mala imagen en Cataluña, por sectaria, lo ha dejado claro, la justicia la debe administrar el Gobierno, la justicia popular va a ser la norma. En tanto los 350 diputados del Congreso ya están de vacaciones, y los senadores, la marabunta de los parlamentos regionales, también.

Todos descansando, inmovilizados, sin debate del Estado de la Nación, y en vísperas de los meses de setiembre y octubre que tendrán como marco las previsibles violencias de los agitadores catalanes, y un Congreso del sanchismo para que el caudillismo sea una triste realidad en un partido que fue, hoy es ya algo como el Movimiento Nacional que conocimos después de una guerra civil producto de los disparates de una izquierda ultra  controlada por Negrín.

Leyendo unas memorias de Azaña descubro, aumentando mi inquietud, los disparates que se fraguaron en Cataluña, con muertos en las calles, y el presidente de la República encerrado en un centro oficial durante quince días. Y Azaña no fue un fascista, quizás un idealista rodeado de traidores. A esta hora de la mañana se va calentando la polémica y los ataques a los jueces, magistrados, fiscales y consejeros estatales, crece. Solo nos queda por escuchar que todos ellos son unos fachas al servicio de VOX.

La filtración aparecida ayer en un periódico de Madrid en la que se daba a conocer las “presiones” de la ex vicepresidenta Carmen Calvo a una magistrada progresista para votara a favor de las medidas gubernamentales, es la punta del iceberg de lo que se amaña subterráneamente en determinadas instituciones, desde el Interior a los servicios de inteligencia.

Sureste Press