El Govern de la Generalitat no encuentra bancos que avalen la fianza de los 34 encausados por el Tribunal de Cuentas por los supuestos gastos vinculados al 'procés'. El conseller de Economía, Jaume Giró, ha reconocido que ningún banco ha aceptado participar, por ello, ha asegurado que no implicará a ningún trabajador del Institut Català de Finances, dados los precedentes, y buscará "otras entidades". 

El ejecutivo catalán asegura que "está trabajando a contrarreloj" para hacer efectivo el decreto ley del Govern que dota con 10 millones de euros a la Generalitat para afrontar el pago inmediato de las fianzas. El Tribunal de Cuentas ha rechazado ampliar el plazo para abonar los 5,4 millones de euros que exige a los excargos del Govern al considerar que 15 días eran suficientes para reunir el dinero. Así, el plazo para abonar la fianza vence este miércoles.

Según Giró, "no ha ayudado el ruido y el poco tiempo" y ha avanzado que las entidades soberanistas están trabajando para cubrir el riesgo. "Me consta que hay otras vías que se están moviendo, con la voluntad y complicidad concreta de muchos ciudadanos", ha añadido Giró. El conseller ha admitido que existe una vía alternativa, sin embargo, los promotores de las principales iniciativas solidarias independentistas, como es 'la caja de la solidaridad' creada en 2017, opinan que el Govern debe encontrar la vía para avalar las fianzas y cumplir con su compromiso. 

Sin embargo, ha descartado activar la disposición adicional del decreto ley que abría la puerta a avalar de manera directa a los 34 investigados. "No someteremos a ninguno de los profesionales del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) a dar curso a una operación así, teniendo en cuenta lo que ha sucedido", ha añadido Giró. 

"No descansaremos hasta que se pueda cuidar a los trabajadores públicos de la Generalitat. Persistiremos en las diversas vías abiertas. El Govern hace todo lo que está en su mano para aligerar una situación profundamente injusta" y hallar "una fórmula jurídica", mediante una operación "técnica, jurídica y comercialmente sin riesgos", ha insistido Giró. En este sentido, el conseller confía en conseguir implicar a una entidad en la operación ya que  "las garantías institucionales de la Generalitat son suficientes para considerar favorablemente nuestra oferta de colaboración". 

A su vez, el secretario general de Junts, Jordi Sànchez, ha pedido este mismo martes a los asociados del partido que hagan un ingreso económico en un número de cuenta para "evitar que en los próximos días el Tribunal de Cuentas embargue a las personas encausadas".

Mientras tanto, tanto el Govern como la oposición a la espera del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries (CGE) que tiene hasta el 29 de julio como plazo para decidir si el decreto de la Generalitat se ajusta o no a la Constitución y al Estatut. En la rueda de prensa el conseller Giró ha defendido que el decreto si se ajusta a la normativa y que, una vez tenga el dictamen, lo llevará al pleno para que sea convalidado en la última sesión plenaria de este mes de julio.